España es uno de los países cuya población cada vez está más envejecida, ya que además que nuestros ancianos tienen más esperanza de vida, también sufrimos una de las tasas de fecundidad más bajas de todos los países de Europa y no parece que esto vaya a cambiar. De hecho, diversos estudios sociológicos nos muestran que España tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los Estados más envejecidos del mundo, con más del 42,5% de personas mayores de 60 años para el 2050.

A lo largo de un litigio pueden producirse situaciones diversas. Una de éstas se presenta cuando nuestro cliente es una entidad de acreditada solvencia y es condenado a costas junto a sus litisconsortes, resultando éstos insolventes. Nos encontramos, en el supuesto de hecho planteado, ante una obligación plural -surgida de la condena a costas-, en la que la posición del deudor (reus debendi) está constituida por varias personas que, presumiblemente, participan en un interés común, si bien sólo una de ellas tiene la suficiente capacidad económica para hacer frente a su pago.

Mientras el sistema jurídico español ofrece protección al propietario mediante la referida vía judicial del desahucio por precario, no obstante, ¿gozan acaso los ocupantes de una respuesta efectiva que trate con idéntica protección el derecho a una vivienda digna, consagrado de igual modo constitucionalmente?

Cuando un propietario arrienda su piso, a pesar de mantener la propiedad en relación al mismo, durante la vigencia del contrato de arrendamiento el uso de tal domicilio se encuentra atribuido al arrendatario, por lo que el propietario no podrá determinar la finalización del arrendamiento a su antojo a excepción de hacerlo por las causas expresamente previstas para ello.