Por A. Salvador.
Hoy entrevistamos a Ángel Quemada Cuatrecasas, actual decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y Presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya. Quemada Cuatrecasas es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1991 y procurador del Ilustre Colegio de Procuradores desde 1992, año en que entró a dirigir el despacho Quemada Procuradores. Asimismo, está también colegiado en el Colegio de Abogados de Barcelona (no ejerciente), además es vicepresidente de la Asociación SAMS, de Síndromes Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita.
Desde que asumió el cargo como decano de los Procuradores de Barcelona, ¿cuáles han sido los principales cambios que han podido notar sus colegiados?
La propuesta de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona se caracteriza por su clara apuesta por la transversalidad: nuestro objetivo principal es atender de cerca las necesidades de todos los colegiados y conceder mucho peso específico a las delegaciones. Queremos escuchar la voz del colegiado, y que se sienta apoyado en todos los aspectos que afectan al ejercicio de su profesión. Tampoco podemos olvidar que llevamos un año de pandemia y hemos debido hacer un gran esfuerzo en la gestión de la misma. En efecto, esta situación extraordinaria ha significado un pequeño paréntesis en nuestra actividad corriente pero nos ha permitido reflexionar mucho para afrontar mejor el futuro.
El COVID-19 habrá tenido un gran impacto durante estos últimos meses de mandato. ¿Los procuradores de Barcelona han podido sentirse protegidos y respaldados por su decano?
Esto deberían decirlo nuestros colegiados y espero que sí. Pero no solo por la Junta de Gobierno sino por todos los profesionales del Colegio, que han hecho un trabajo magnífico respaldando siempre al máximo a todos los colegiados en estos momentos de dificultades. Sin ir más lejos, por ejemplo, estableciendo un protocolo de apoyo social para aquellos procuradores con dificultades o que hayan sido especialmente afectados por la pandemia, conocido como Procucare. También en su momento acordamos eximir de la cuota fija de los meses de abril y mayo a nuestros colegiados así como proporcionar apoyo psicológico y de herramientas tecnológicas para poder facilitar la labor de nuestros colegiados. Todo ello reforzado por la formación continuada que se intensificó mucho durante el periodo del primer estado de alarma.
¿Cuál será la nueva normalidad que le espera a la procura?
El impacto económico sufrido por los procuradores catalanes en esta pandemia ha sido enorme: a los ERTEs que muchos despachos han tenido que aplicar, se unen las dificultades de los clientes para hacer frente a los pagos. Muchos despachos unipersonales más pequeños también están sufriendo. Un fuerte golpe para todos.
Querría enfatizar que el papel de la Procura tiene que ser fundamental para la Administración de Justicia, y muy especialmente en estos momentos. Sabemos que la inversión los próximos tiempos será limitada y por eso es el momento de intensificar el papel de los procuradores en la Administración de Justicia, desarrollando funciones que en otros países europeos llevan a cabo con total normalidad y eficacia figuras parecidas a la nuestra. Independientemente de un estudio en mayor profundidad, con simples medidas de mayor cooperación de los procuradores se podría agilizar y permitir que los funcionarios de justicia se concentraran en aquello en que aportan más valor. A modo de ejemplo, una cosa tan simple como el acceso en su punto neutro judicial o los requerimientos previos de los procedimientos monitorios, bajo la tutela de los Letrados de la Administración de Justicia. En este momento la administración no puede desaprovechar una figura como la de los procuradores que es la profesión más digitalizada del ámbito judicial y que a lo largo de tantos años de existencia ha contribuido de manera determinante a la dinamización de la Administración de Justicia y al éxito de los procedimientos en los cuales han intervenido.
Los justiciables, los ciudadanos y las empresas merecen recibir una justicia de calidad. Y tal como se ha demostrado a menudo, la ineficacia de la Administración de Justicia repercute de manera directa en la economía del país, tal y como se recogió en el estudio realizado por la Cambra de Comerç de Barcelona en el 2017. Pero falta voluntad política para que una pieza fundamental del engranaje judicial, como es la ejecución, resulte más eficiente, y en la cual los procuradores tenemos mucho a aportar. Esperamos que en un futuro próximo los procuradores podamos llegar a contribuir en la agilización de la Justicia en este sentido.
Hace unos meses se dio a conocer el proyecto del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya para impulsar la mediación en los juzgados. ¿Cuál es el objetivo que pretenden alcanzar?
Desde el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya somos muy conscientes de que la mediación es una parte de la solución para resolver parte de los conflictos que se llevan innecesariamente a los juzgados, es una medida que puede ayudar a paliar la enorme litigiosidad actual. Hay un incremento de la pendencia de los procesos declarativos que provoca que los justiciables obtengan una justicia tardía; con una justicia colapsada, todos los operadores jurídicos debemos fomentar y participar en la mediación intrajudicial de tal manera que tengamos por un lado una justicia menos colapsada y una sociedad con unos valores menos litigiosos. Con los innumerables litigios en los que representamos a los justiciables, los procuradores-mediadores podemos ser una pieza clave para ese cambio de cultura que redundará en una justicia menos colapsada y más eficiente. Pero también sin olvidar la necesaria inversión que los poderes públicos hacen en la Administración de Justicia, puesto que es endémica la falta de recursos. En países de nuestro entorno, el ratio de jueces por habitante es muy superior.
El verano pasado, la opinión pública se incendió con la habilitación de agosto. ¿Considera que ha sido una medida efectiva para descongestionar la Justicia o una mera campaña estética hacia la ciudadanía?
Absolutamente no; la medida no ha sido efectiva y los únicos que tuvimos que estar en alerta durante el pasado mes de agosto fuimos los profesionales y muy especialmente los procuradores, dado que la Administración de Justicia no realizó ninguna variación especial. Un auténtico despropósito que con el paso del tiempo se ha demostrado altamente ineficaz.
Si la medida ha sido contraproducente, ¿cómo se ha podido permitir desde abogacía y procura la convalidación del RDL 16/20? ¿Por qué la voz del CGAE y el CGPE no ha sido escuchada y tenida en cuenta por las distintas fuerzas políticas?
La procura ha hecho todas las alegaciones posibles para intentar dotar a dicho texto de las mejoras que consideramos necesarias pero está claro que no se han reflejado. Nosotros como procuradores apostamos por la agilización de la Administración de justicia y muy especialmente en la ejecución en la que estamos a la cola de efectividad respecto a los países de nuestros entorno, algo que repercute de forma directa en la economía de nuestro país.
Hablemos del futuro de la profesión. Históricamente, son muchas las voces que piden la extinción de la profesión de procurador. ¿Hay un desconocimiento de las funciones de los procuradores?
Sí, hay un gran desconocimiento. La nuestra es una profesión de carácter muy técnico que dinamiza enormemente los procedimientos en los que interviene. Pero su relación se desarrolla especialmente con la Administración de Justicia y con los letrados, existiendo un extenso desconocimiento por parte de la ciudadanía de las funciones propias del procurador. Está claro que desde las instituciones tenemos que trabajar para que la ciudadanía conozca la profesión y los beneficios que comporta.
¿Hacia dónde debe avanzar la procura del siglo XXI? ¿Cuáles son los principales retos de futuro que deberá afrontar?
La procura ha de acercarse más al ciudadano intensificando todos los actos de comunicación que ya podemos realizar con la legislación actual, en los que actuamos como agente de autoridad. A la procura se le debe dotar de mayores atribuciones de cooperación con la Administración de Justicia, muy especialmente en la fase de ejecución. Hoy día se producen dilaciones absurdas y unos profesionales perfectamente preparados como los procuradores podrían asumir de forma no exclusiva junto con la Administración de Justicia más funciones para que los ciudadanos obtuvieran un mejor servicio público, especialmente en la fase de ejecución en las que las tasas de éxito son particularmente bajas. Está claro que existe un problema que es una ejecución ineficaz y está claro que los procuradores pueden ser una parte importante de su solución al igual que figuras semejantes actúan con total normalidad en países europeos.
¿Tiene el ICPB algún proyecto para impulsar que los procuradores jóvenes tengan voz institucional propia?
Uno de los proyectos iniciales de esta Junta es el fomento de la figura de la Jove Procura. Así, aparte de preparar actividades de networking a través de redes sociales, estamos articulando distintos proyectos formativos para que los jóvenes procuradores tengan una completa formación transversal. En cuanto las circunstancias lo permitan, se reanudará la actividad presencial de la Comisión de jóvenes procuradores para empezar a realizar actividades sociales y de networking activo. De hecho, en la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona están representados de forma muy destacada los jóvenes, con casi la mitad de los miembros menores de 45 años.
