“Una parte considerable de la abogacía no admite que sus despachos son empresas”

Por A. Salvador.

3 de febrero.

Hoy entrevistamos a José Mª Fernández Comas, Director de Derecho Práctico.

En 2017 pones en marcha Derecho Práctico, una publicación online destinada a hablar sobre gestión y tecnología en el sector legal. ¿Cuál fue el motivo que te empujó a dar el paso?

En ese momento valoramos que estos dos temas no eran tratados con la intensidad que merecen la tecnología y la gestión en el mundo jurídico. Pero sobre todo vimos que muchos de esos contenidos no abordaban esas materias de forma práctica, aterrizando los conceptos y sin apuntar a funcionalidades, beneficios, recursos que hay que destinar y sobre todo la cultura digital y empresarial que un despacho debe desarrollar para exprimir a fondo las posibilidades que ofrece la industria legaltech. Y a ello nos pusimos, empleando un tono divulgativo no exento de rigor y primando el formato vídeo. Este formato todavía no genera tanto tráfico como el texto en el sector legal, pero pensamos que nos podía diferenciar en el mercado y sobre todo podía resultar más eficiente para generar esa cercanía que queremos transmitir a través de nuestros contenidos.

¿Consideras que somos una sociedad jurídica puntera en materia de gestión empresarial? ¿Crees que existe un abismo entre la abogacía de los negocios y la abogacía de a pie? 

Totalmente. Existe una brecha entre despachos, que también se produce, entendemos, entre universidades públicas y privadas, e incluso entre Colegios de Abogados. Todo pasa por la apuesta por esa actitud digital y empresarial que mencionábamos antes. Una parte considerable de la abogacía no admite que sus despachos son empresas, ni siquiera conceden que deben aplicar en los mismos una gestión empresarial.

Derecho Práctico

Hace años que escuchamos que la tecnología se convertirá en un tsunami para la profesión. ¿La abogacía que, a día de hoy, conocemos tiene fecha de extinción? 

Ese tsunami amenaza a la abogacía y a muchos otros sectores. Aunque todavía no veamos esa ola gigante, es cierto que nos llega su rumor en forma de plataformas como Reclamador, que haciendo uso de la tecnología con mucha inteligencia allí donde tiene sentido, y especialmente a través de la automatización de procesos, se postula como un competidor imbatible para los despachos que todavía llevan asuntos de cláusulas suelo o reclamación de vuelos. O también se oye ese tsunami con la aparición de herramientas legaltech a través de las cuales, y empleando inteligencia artificial, las firmas legales que las contratan pueden acometer tareas de due dilligence invirtiendo menos tiempo y capital humano que a través de una gestión más tradicional, lo que les permite presentar a sus clientes unos presupuestos más competitivos.

¿Cómo debe abordar un abogado esta ola gigante para no verse arrastrado por ella? Diseñando una tabla para poder surfear en su cresta y poder así beneficiarse de toda la fuerza y energía de esa ola. Esa tabla conlleva elegir  una especialización a través de la cual el jurista pueda desplegar todo su talento y creatividad y diferenciarse en el mercado; un desarrollo de habilidades; una actitud innovadora; y un conocimiento de tecnología legal para elegir con acierto aquellas herramientas que le permitan ser más eficiente y competitivo.

Porque, contestando a tu fatídica pregunta, la abogacía que lleva a cabo las tareas que en estos momentos ya desarrolla la tecnología tenderá a desaparecer. Es la abogacía que ante la llegada de esa ola gigante está flotando con un patito de goma y no con esa tabla de surf diseñada a su medida.

¿En qué aspectos reales y prácticos la tecnología crees que ya está cambiando a la abogacía?

Tenemos una precuela de este fenómeno, que los abogados que empiezan a pintar canas conocerán. A finales de los 90 y principios de milenio las herramientas de investigación legal (bases de datos jurídicas) y los software de gestión del despacho empezaron a mudarse a internet, previo paso por el soporte offline. Eso supuso un antes y un después en esta profesión.

Pero esto cada vez coge más velocidad. El crecimiento de la información jurídica es vertiginoso y muy cambiante. Los ordenadores son día a día más sofisticados, los procesadores más potentes, los algoritmos más veloces. Y ya hemos confirmado que el mundo jurídico es un campo de cultivo ideal para la inteligencia artificial, dado que la mayor parte de su información es básicamente texto.

Ya hemos mencionado antes plataformas que solucionan ágilmente problemas legales y que están creadas por emprendedores ajenos a la abogacía, o herramientas de análisis y revisión de contratos con las cuales un despacho puede invertir en ese tipo de tareas una semana en lugar de tres, y destinar tres abogados en lugar de cinco.  Hay programas que te ofrecen estadísticas muy razonables (aunque sólo son estadísticas) sobre las posibilidades de que un juzgador estime o desestime tu demanda; es más, también puedes conocer los casos ganados o perdidos por tu contraparte en ese tipo de asunto que os ha unido en Sala. Las empresas de evidencias digitales, especialmente la firma electrónica, han sido las protagonistas de este 2020 de distanciamiento social. Vemos continuamente cómo firmas legales de prestigio invierten en tecnología chatbot como parte de su estrategia de atención al cliente. Y qué decir de la continua irrupción de perfiles profesionales vinculados a la transformación digital, a la data science, los cada vez más presentes ingenieros legales… Parafraseando a Bob Dylan, esta revolución tecnológica “pronto sacudirá vuestras ventanas y hará vibrar vuestras paredes, porque los tiempos están cambiando”.

En el último año han aparecido innumerables cursos, programas y másteres sobre legaltech. ¿Estamos ante una burbuja del sector legal auspiciada por gurús y consultores? 

En Guía Legaltech hemos identificado en España más de 20 programas formativos (desde posgrados hasta cursos) sobre legaltech. No los hemos publicado todos, porque algunos no nos generan suficiente confianza. Además, también existe mucha formación sobre innovación, big data, tecnologías disruptivas, etc., aplicadas al sector legal. No sé si se puede llamar burbuja a lo que tenemos delante, pero me da la impresión de que hay más oferta que demanda. Especialmente hay mucho trabajo por delante en la divulgación de lo que es y para qué sirve el universo legaltech. Recientemente, nos llegó una encuesta hecha a estudiantes de Derecho según la cual muchos de ellos desconocían qué era legaltech. En todo caso, el comprador de esta formación especializada antes de tomar la decisión debe estar atento al plan docente, a la dirección del programa formativo y su profesorado, porque, como digo, no es oro todo lo que reluce, aunque los posgrados o cursos más recomendables están teniendo un notable éxito.

¿Cuáles crees que pueden ser las salidas profesionales de aquellos que cursan estudios en legaltech? ¿Hay mercado para absorberlos a todos? ¿O deben entenderse los conocimientos adquiridos como un valor añadido al ejercicio profesional?

Te compro esta última apreciación porque no puedo estar más de acuerdo. La formación en legaltech debe considerarse como un poderoso complemento a una  formación jurídica que, habida cuenta de la brutal competencia que hay en el mercado de servicios legales, debe ser muy sólida. Pero sin duda estamos hablando de una de las habilidades o conocimientos imprescindibles en esta profesión, la de la abogacía, que debe convertirse en protagonista en un entorno en el que la tecnología está muy presente, ese entorno denominado VUCA, con cambios vertiginosos y muchos de ellos muy opacos a los que asistimos continuamente. El abogado debe convertirse muchas veces en un gestor de incertidumbres, y el conocimiento del ecosistema legaltech puede resultar fundamental.

Por poner un ejemplo, vemos que la mayoría de oferta formativa en legaltech siempre incorpora, felizmente, un módulo de ciberseguridad. Leímos una encuesta hace unos días en la que una de sus conclusiones es que cada vez más abogados contrataban tecnología en la nube pero sin un conocimiento suficiente en temas de ciberseguridad. Y ese expertise puede ser muy importante no sólo para custodiar debidamente la información del despacho, sino también la de los clientes.

Uno de los grandes éxitos formativos de este 2020 ha sido sin duda el partnership formativo entre AJA Madrid y Derecho Práctico. ¿Cómo ha sido la experiencia?

La experiencia ha sido tan exigente en cuanto a recursos dedicados como altamente satisfactoria a nivel personal y profesional. Una de las cosas que he aprendido con este programa es la labor que llevan a cabo los colectivos de abogacía joven y estudiantes de Derecho. Es realmente brutal, especialmente teniendo en cuenta que no cobran por ello. Y en concreto sobre AJA Madrid, lo mejor que puedo decir de su Presidente, Alberto Cabello, es que ha conseguido crear un equipo en su Junta realmente espectacular, que aúna talento y generosidad a partes iguales.

Con la abogacía joven madrileña llevamos trabajando con AJA Madrid desde 2018, cuando empezamos a organizar eventos formativos presenciales, especialmente en ICAM y en las universidades. Pero entonces llegó el COVID y tuvimos que adaptarnos al medio. El formato online, especialmente en época de confinamiento y restricciones, nos ha permitido universalizar el proyecto, tanto desde un punto de vista territorial como a nivel de perfil profesional de los asistentes.

¿Cuál crees que ha sido el impacto de la COVID-19 en la formación en el sector legal? ¿La formación online ha venido para quedarse?

Sin ningún género de dudas, la formación en nuestro sector ha estado directamente afectada por la COVID-19, y el e-learning ha sido protagonista, especialmente en las fases más severas del confinamiento. Pero me parece más interesante la segunda parte de la pregunta apuntando al futuro de la formación online post COVID. En este sentido, la experiencia de los proveedores de formación jurídica, y aquí hablamos de formación de pago, parece que ha sido desigual, con muchos proyectos cuyas expectativas no se han visto cumplidas.

El alud de propuestas formativas online gratuitas ha afectado a los programas de pago, pero esto ya ocurría, aunque en menor medida, en nuestra ‘vida anterior’ antes de la pandemia, y seguirá pasando después de esta crisis. Cada vez tenemos a nuestra disposición más y mejores contenidos en vídeo sin coste, de acceso libre e ilimitado, y esto perjudicará a la formación online que se apoye únicamente en unas conferencias grabadas, unos archivos adjuntos, breves cuestionarios de respuesta alternativa y otras funcionalidades que no aporten excesivo valor.

La formación online, junto a los indiscutibles beneficios que ofrece este formato, debe aportar mecanismos que la acerquen al formato presencial. Y una de estos sería el relativo a que los alumnos puedan tener una interacción más constructiva e intensa con los docentes y con sus compañeros de aula virtual. Las opciones de networking y tutorías, por ejemplo, pueden convertirse en fundamentales junto a la fiabilidad de la empresa que imparte la formación, la calidad de los docentes y el interés que suscite el temario.

¿Estamos ante un cambio de mentalidad que obligará a las Facultades de Derecho a empezar a apostar seriamente por ofrecer estudios online?

La lección que nos está dando esta crisis es que se ha producido una digitalización acelerada, obligada por las circunstancias, que a todos ha cogido por sorpresa y ha sido adoptada sin ningún tipo de planificación. De hecho, también ha pasado en los despachos con el teletrabajo, y eso ha supuesto en muchas firmas unas brechas en la seguridad gravísimas.

Si el formato de la formación online es el que describíamos en la respuesta anterior, los alumnos siempre tendrán la sensación de que la calidad de la enseñanza virtual es mucho peor que la presencial. Si a esto añadimos que no todos los estudiantes disponen de un material tecnológico apto adecuado (equipos antiguos, un solo equipo en la casa, una conexión a internet deficiente, etc.) nos podemos encontrar con un claro caso de discriminación para los alumnos con insuficientes recursos económicos.

¿Es la solución un formato semipresencial o híbrido? Pues es muy posible, especialmente si las clases presenciales se vinculan a las que tienen más contenido práctico. Y también hay que enfatizar que la formación de los profesores para trabajar en este nuevo escenario se antoja fundamental, algo que tampoco estaba planificado.

¿Hacia dónde deberán dirigirse en adelante las Facultades de Derecho para adaptarse al futuro?

Antes hablábamos de la gratísima experiencia que ha supuesto estar en permanente contacto con la generación Z legal, gracias al programa formativo online con AJA Madrid. Una de las frases más repetidas en los foros durante los talleres y webinars ha sido: “¿Por qué no estudiamos esto en la Universidad?”. Esto ha ocurrido cuando abordábamos materias como marketing jurídico, técnicas de interrogatorio, innovación y tecnología legales, pero también cuando invitamos a jueces, abogados y fiscales a compartir experiencia y consejos sobre el día a día de juzgados y tribunales.

La abogacía joven que se inicia en el mercado de servicios legales, en la mayor parte de los casos (porque esto nos lo dicen ellos) llega con una mano delante y otra detrás. Las Facultades de Derecho tienen un gran reto por delante para dar conocimiento a los futuros juristas adaptado a la realidad del momento, a este mundo en continua transformación que exige una clase de abogacía muy diferente a la tradicional, y no únicamente en cuanto a la tecnología y la innovación, sino a las mal llamadas soft skills, a la gestión empresarial y a habilidades tan del ámbito legal como la oratoria. Y también es primordial que proporcionen a los profesores recursos suficientes para estar a la altura de este reto. Se ven muchos movimientos positivos al respecto, pero la brecha entre públicas y privadas está ahí, aunque hay proyectos muy estimables como el del LegalTech Lab de la Universitat de València.

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