Fundador del Proyecto #HazTuAlegato.
La precariedad en el mundo de la abogacía es una realidad desde hace años. Tanto es así que ya podemos hablar de bolsas de pobreza dentro de esta profesión. Desde que empecé el proyecto del Instituto de Salud mental de la Abogacía (ISMA) en agosto de 2017, he conocido a muchos/as abogados/as que están sufriendo, tanto a nivel económico como psicológico. Nunca hubiera imaginado que esta profesión, capital en un Estado democrático de Derecho, estaría en una situación tan crítica.
El ejercicio actual de la abogacía no es sostenible ni saludable
No me cansaré de repetir que la forma actual de ejercer la abogacía, ya sea por cuenta propia o ajena, no es sostenible ni saludable. No solo lo dice el autor de este artículo. Durante estos últimos años, varios estudios, tanto nacionales como internacionales, confirman que las abogadas y abogados sufren niveles muy elevados de estrés, ansiedad y burnout ―Estudio sobre la Saludy el Bienestar de la Abogacía Española (2019) eI informe LawyersBurnout (2020)―. Asimismo, la intimidación y el acoso sexual también están muy presentes en esta profesión―Informe Us Too? Bullyingand Sexual Harassment in the Legal Profession (2019)―-
La gravedad de esta situación ha provocado que la propia International Bar Association haya iniciado la primera iniciativa global de salud mental. Durante los próximos meses, se publicará un estudio sobre el alcance de estos problemes de salud mental, así como otros factores que perjudican el bienestar del colectivo.
¿Cuál es el alcance de esta precariedad?
La precariedad de la abogacía, que ya se ha convertido en un problema crónico, se manifiesta de distintos modos en función del contexto:
En los despachos pequeños y medianos, nos encontramos con el problema del falso autónomo. Esta práctica fraudulenta supone un perjuicio para miles de abogadas y abogados jóvenes. Los resultados de la Encuesta sobre los problemas de la Abogacía Joven (2018) de la Confederación Española de la Abogacía Joven confirmaron la magnitud de este problema, siendo considerado por los encuestados como la segunda preocupación de la profesión, después de los honorarios del turno de oficio.
Mi reflexión es siempre la misma. ¿Cómo se atreven a hablar a algunos de la dignidad de la abogacía si dentro del propio colectivo hay quienes fomentan y legitiman esta práctica fraudulenta? Espero que ningún colegio de la abogacía haya participado indirectamente en su promoción (publicidad de ofertas laborales).
Merece especial atención la abogacía del Turno de Oficio. Además del trato injusto que le dispensa la Administración de Justicia ―retribuciones indignas que vienen con retrasos injustificados―, hemos conocido casos de abogados/as que han recibido amenazas, presiones y agresiones por parte de clientes. Y parece que la implicación de la abogacía institucional es mínima. Entonces, ¿quién les protege desde un buen principio? Espero que el Tribunal Supremo les reconozca el derecho a crear un sindicato propio.
En los grandes despachos, la precariedad se materializa de otro modo. En este caso, los abogados sí tienen un contrato de trabajo. Aunque parezca una obviedad, cabe destacar que no siempre fue así.
El problema de fondo de estas grandes organizaciones es su modelo de negocio. Creo que los introductores y seguidores del sistema Cravath no son conscientes de las consecuencias que tiene este modelo para la salud mental de sus abogados. O peor todavía, lo saben y no hacen nada al respecto porque no quieren perder sus beneficios.
A menudo, me imagino que piensan cosas como “si yo he pasado por este camino, él/ella también lo hará”. ¡Sí señor/a, a eso le llamo solidaridad intergeneracional! No importa el coste que esto suponga en términos de salud, eficiencia y economía.
Incluso estoy convencido de que los titulares de estos grandes despachos consideran que sus abogados reciben buenas retribuciones. En este caso, por favor, invito a los becarios y profesionales que formáis parte de los primeros niveles de la pirámide -júniors y asociados- a que dividáis el salario neto mensual por el número de horas trabajadas. Cuando tengáis la cifra, miradla cada día y preguntaros si vuestro talento y esfuerzo vale eso.
En este sentido, siempre recordaré lo que me dijo un abogado que trabajó en un gran despacho: “cuando hice el cálculo, me di cuenta de que ganaba más por hora siendo azafato que no abogado”. No further comment, Your Honour!
Tenemos que actuar con determinación y firmeza
Entre otras medidas, si queremos erradicar esta precariedad laboral, tendríamos que:
- Combatir la figura del falso autónomo con más contundencia, desplegando los recursos humanos y logísticos necesarios. Es una cuestión de prioridades. No necesitamos invertir más, sino mejor.
- Aprobar el convenio colectivo propio de la abogacía, garantizando en todo caso la formación gratuita en términos estratégicos (inteligencia emocional y uso de tecnologías), la desconexión digital y medidas de conciliación. Ya han transcurrido 15 años desde la aprobación del RD 1131/2006 ―el cual remite hasta en 23 ocasiones al convenio― y todavía no hay noticias de su aprobación. ¿A qué estamos esperando?
- Aprobar una Ley del Mercado de los Servicios Jurídicos, como ya hay en otros países, con el fin de regular la actividad que presten los diferentes players al mercado legal y delimitar bien las reglas de juego con el fin de que no haya casos de intrusismo profesional ni competencia desleal. Sería una oportunidad fantástica para crear una Autoridad Reguladora Independiente al estilo de los Solicitors de Inglaterra y País de Gales.
- Ofrecer apoyo psicológico y protección gratuita a aquellos abogados/as que, formando parte o no del Turno de Oficio, sean víctimas de amenazas, acoso, intimidaciones y agresiones, ya sea por parte de clientes o de compañeros/as.
Nota aclaratoria y rectificación del autor sobre el artículo “Pongamos fin a la precariedad de la abogacía”
Mensaje dirigido a la Abogacía Institucional Española
Esta mañana he recibido inputs negativos por parte de la abogacía institucional española ―entendamos, por este concepto, el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de la abogacía de España―a propósito de mi artículo de opinión “Pongamos fin a la precariedad de la abogacía”.
Ante el malestar que ha provocado, me gustaría manifestar lo siguiente:
- Hago una rectificación pública del inciso “Y parece que la implicación de la abogacía institucional es mínima”, en lo relativo al turno de oficio. Dicha afirmación no tiene en consideración los esfuerzos y acciones llevadas a cabo por la abogacía institucional española para abordar el problema que se expone en el artículo. En este sentido, pido disculpas.
Sin embargo, sí que quiero dejar constancia de la gravedad del problema y me preocupa. Aunque no soy abogado/a ―soy colegiado no ejerciente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona―, hablo en mi condición de ciudadano y hombre apasionado del Derecho, que siente un profundo respeto por la labor llevada a cabo por las abogadas y abogados.
Además de las experiencias que varios/as abogados/as mehan trasladado durante estos últimos años, quiero constatar que esta situación ha sido difundida por los medios de comunicación. Por ejemplo: “Crece el número de abogados que denuncia el acoso de sus clientes” (CincoDías) y “Turno de oficio: Abogados y procuradores reclaman protección” (ConfiLegal). Ruego entiendan mi preocupación.
- El Instituto de Salud Mental de la Abogacía – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP), que tuve el honor de fundar y presidir hasta mayo de 2020, no responde directa ni indirectamente de mis análisis, reflexiones u opiniones. En ningún caso hablo en nombre y representación de dicha entidad.
El objeto del ISMA-MHILP es trabajar por la buena salud mental y el bienestar de los profesionales jurídicos con el fin de fortalecer el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
Por último, quiero dirigirme personalmente a Victoria Ortega Benito, presidenta del CGAE, con las siguientes palabras:
El CGAE siempre me ha abierto las puertas y así lo he sentido desde el momento en que (i) me brindasteis la oportunidad de participar en el Congreso de la Abogacía Española y presentar los resultados del I Estudio sobre la Salud y el Bienestar de la Abogacía Española; y (ii) os adheristeis (los 83 colegios de la abogacía) a la Carta de los Negocios Saludables. Por eso os doy las gracias de corazón.
Ahora bien, más allá del aprecio y cariño que te tengo a nivel personal, seguiré defendiendo mis principios. Reconozco que dicho inciso no ha hecho Justicia al esfuerzo que lleváis a cabo para abordar el problema, pero seguiré hablando de ello en la medida que las abogadas y abogados de este país sigan siendo víctimas de amenazas, presiones y agresiones. De esto y de muchas otras cuestiones. Con determinación, firmeza y respeto.
Además de la necesidad de un convenio colectivo para la abogacía, podría ser útil el uso de la cooperativa como forma de organización empresarial para que los abogados con poca carga de trabajo puedan trabajar dándose de alta en la Seguridad Social como trabajadores a tiempo parcial.