Por Mª Eugènia Gay
Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
Cuando asumí el ilusionante reto de situarme al frente de una de las Corporaciones jurídicas más importantes de Europa supe que tenía que hacerlo con un proyecto sólido cuyos ejes estratégicos respondieran a las necesidades que entendía debían satisfacerse desde la Abogacía como garante histórica de los derechos individuales y de las libertades públicas.
Por eso, haber recibido recientemente el aval de la Asamblea General -órgano soberano de nuestra Institución- con un apoyo del 82% sobre la gestión realizada por la actual Junta de Gobierno, no solo resulta reconfortante, sino que supone un soplo de aire fresco y de energía para encarar este último año de mandato y continuar trabajando en interés de la profesión.
La protección de la Abogacía de Barcelona en el ejercicio del derecho de defensa sigue siendo el pilar de nuestro proyecto en el que se han sustentado el conjunto de nuestras acciones mirando siempre por el bienestar de la profesión. Así, desde la CRAJ procuramos garantizar los derechos que los compañeros y compañeras tienen en su relación con la Administración de Justicia, canalizando las eventuales incidencias que se producen en el ámbito de nuestra demarcación de manera ágil, rápida y eficaz.
En un Estado de Derecho, la independencia de la Abogacía resulta tan elemental como la imparcialidad del Juez, pues no olvidemos la importante misión que el ordenamiento jurídico nos encomienda y que encuentra su amparo en el artículo 24 de la Constitución Española. Además, los abogados y las abogadas desde tiempos inmemoriales nos hemos ocupado de la defensa gratuita de la ciudadanía a través del Turno de Oficio, velando los Colegios de la Abogacía por la prestación de este servicio en igualdad de condiciones para que el derecho de defensa llegue a todos y a todas, haciendo realmente efectiva la tutela prevista en la Carta Magna.
Tales importantes funciones exigen por nuestra parte de más y mejores servicios; y por ese motivo continuaremos fomentando una formación jurídica de calidad que permita a los abogados y las abogadas adaptarse a los avatares de un mercado laboral que resulta ser cada vez más global, complejo y competitivo. La formación continua y gratuita seguirá siendo uno de los estandartes de la Corporación para estar al día de las principales novedades tanto jurisprudenciales como legislativas de nuestro ordenamiento jurídico; trabajando desde la Comisión de Cultura y las Secciones para contar con las ponencias de expertos de primer nivel en Congresos, Cursos y Conferencias.
Precisamente, el confinamiento ha servido para consolidar un proyecto que hacía tiempo venía gestándose por parte de la actual Junta de Gobierno, la formación online, cuyo impulso ha sido posible gracias a la generosidad de muchos profesionales, que repartidos por toda la geografía española han compartido su experiencia en Cápsulas Formativas, Webinars y Sesiones Online de todo tipo.
La tecnología ha demostrado ser inseparable del servicio que debemos prestar en el marco de la era digital en la que vivimos y de ahí que creáramos la Comisión de Transformación Digital que ha tenido un papel destacable de manera transversal en nuestra Corporación; siendo uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro programa -que verá la luz en los próximos días- la creación de una auténtica sede virtual que permitirá realizar telemáticamente numerosos trámites, y que contará con un alto grado de personalización de acuerdo con las necesidades individuales de cada colegiado y colegiada.
Asimismo, esta insólita situación nos ha servido para vislumbrar algunos cambios que deben trascender más allá de la actual coyuntura para dignificar la Justicia, como el uso generalizado de las videoconferencias como apuesta firme del ICAB para la transformación y modernización de la Administración de Justicia; posibilidad que, por otro lado, ya se contempla en el artículo 230 LOPJ en el desarrollo de la función jurisdiccional sin merma alguna de las garantías procesales, y que ya se vino reclamando en las 15 propuestas para una justicia digna que el Colegio trasladó en su momento al Ministerio de Justicia.
Otros ámbitos por los que esta Corporación también trabaja de forma decidida para acercar la Justicia a los estándares europeos, son la promoción de los métodos ADR -como la mediación o el arbitraje- o el refuerzo de un derecho preventivo basado en la cultura de la negociación y el pacto. Asimismo, seguimos luchando contra la precariedad laboral que sufre la Abogacía joven para facilitar su entrada al mundo profesional mediante el impulso de la bolsa de trabajo, la labor de la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales y la defensa que desde el GAJ se ejerce en interés de este colectivo para acceder a un empleo digno. Por otro lado, no olvidemos nuestra misión de continuar reforzando la vocación internacional del Colegio como miembro de las principales asociaciones jurídicas a nivel mundial, que tantos beneficios reportan a las personas colegiadas y que nos permite estar al día y hacer frente a los desafíos que nos depara el futuro.
Uno de los grandes objetivos de la actual Junta de Gobierno ha tenido su desarrollo en el Plan de Igualdad ICAB 2018-2021, que nació con el propósito de ir más allá de la propia estructura interna de la Corporación para que tanto despachos como sociedad civil pudieran inspirarse y hacer de la equidad una realidad incontestable, plena y sin excepciones. Con ese espíritu, seguiremos llevando a cabo acciones en defensa de la formación con perspectiva de género y en pro de la sensibilización del talento femenino para acabar con la infrarrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión y representación; sin olvidar tampoco la lucha contra execrable violencia de género o la trata de seres humanos.
Y no resulta menos importante el impulso que desde la Comisión de Normativa se lleva a cabo para la mejora del ordenamiento jurídico sobre aquellos aspectos que afectan de manera esencial tanto al ejercicio de nuestra profesión como a las necesidades sociales más acuciantes, haciendo seguimiento de proyectos normativos, proponiendo enmiendas y preparando propuestas, como la referida a la cláusula “rebus sic stantibus”, las formuladas al proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, o las relativas a las medidas derivadas del COVID-19 en el ámbito de la justicia.
La función social de la Abogacía resulta innegable, y en ese sentido debo agradecer a la actual Junta de Gobierno su compromiso por un proyecto que se ha desplegado en sintonía con los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Un proyecto cuya vocación me impulsa a seguir trabajando para continuar reforzando la posición de nuestra Corporación tanto a nivel nacional como internacional y el prestigio de la Abogacía como profesión que está llamada a liderar los trascendentales desafíos que nos depara el Siglo XXI.
20 de octubre de 2020.
