Por Miquel Serra.
A principios de los años noventa, pedí audiencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, el señor Ángel Reigosa, para que me resolviera una duda importante. Me habían contado que una conocida empresa mallorquina acababa de entrar en lo que antes se llamaba “suspensión de pagos” y dudaba sobre si aquella información podía ser publicada en mi diario. Yo consideraba que era de interés público, pero también podía generar perjuicios económicos a la compañía y esta me podía denunciar. Reigosa me recibió en su despacho con otros dos magistrados, que no abrieron la boca en ningún momento. Recuerdo que había muy poca iluminación y que el ambiente estaba cargado, no sé si por la humedad o por el calor. Expuse la cuestión y me respondió con pocas palabras, más o menos estas: “Todo depende de si te presentan una demanda. Si te la presentan, entonces depende de cómo exponga el caso su abogado, es decir, de si puede demostrar que la publicación ha causado perjuicios y te hace responsable de ello. Aquí entra la habilidad de tu abogado para rebatir estos argumentos. Finalmente, el juez decidirá según lo que haya escuchado”.
No era la respuesta que esperaba, pero corroboraba la idea de que no existe ningún patrón judicial fijo ni para las situaciones más concretas, como informar de un hecho que se repite en el tiempo. No pude asegurarme de su legalidad, que es lo que me interesaba, y entendí que los tres magistrados se desentenderían de mi problema si se les presentaba. Finalmente, la noticia salió publicada en un breve a pie de página, escondida. Así quedó constancia, por lo menos, de que era conocida. Nadie se quejó.
Han pasado años y nunca he pedido la opinión jurídica a un juez. La costumbre ha provocado que la publicación de las noticias de los “concursos de acreedores”, como se llaman ahora, sean habituales, pero el criterio de Reigosa se mantiene igualmente vivo. Aquí, en nuestro país, en el derecho y en la Administración de Justicia, “todo depende de…”.
Por eso pienso que en el primer curso de derecho, en la asignatura de romano, si en lugar de la ciudadanía, las manumisiones o las capiti diminutio se estudiasen los proverbios, los futuros abogados encontrarían uno que compila todo el saber jurídico del mundo clásico en nuestros tiempos: “Facta lex, inventa fraus”, o “hecha la ley, hecha la trampa”, como decimos ahora. Y es que no hay nada más inseguro que el derecho.
Miquel Serra
Director de Diari de Balears