Por Alfons Aragoneses.
La inexistencia de torturas en el Estado español se ha convertido en un dogma de fe, en un mantra que nadie puede atreverse a cuestionar: en España NO se tortura.
Pero la verdad es que desde los ochenta no han dejado de darse denuncias por tratos degradantes e incluso torturas, especialmente en el caso de militantes de la izquierda independentista catalana o vasca, aunque también en casos de inmigrantes ilegales.
Hace unos meses, un periodista extranjero le preguntó sobre este tema al señor Camacho, exministro del Interior y entonces secretario de Estado con Pérez Rubalcaba. La reacción fue taxativa: “corta un momento esto [la cámara]”. No le gustó nada al señor Camacho que el periodista insistiera tanto en esta cuestión. Un ejemplo claro de falta de transparencia y poco respeto al trabajo periodístico.
Al señor Camacho le molestaba la tozuda realidad: siguen habiendo denuncias fundamentadas de torturas en España. Las ha habido siempre y los responsables de Interior se han ocupado más de apagar cámaras y focos que de atajar este problema.
Pero aquí está la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al Reino de España por no investigar las denuncias de tortura de miembros de Terra Lliure o de Martxelo Otamendi. A mi entender, si no se investigan se están tolerando las posibles torturas.
Por cierto, el Juez instructor de este caso y, por lo tanto, responsable indirecto de esta no investigación, Baltasar Garzón, ha entrado a formar parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Naciones Unidas, a través de sus relatores especiales para derechos humanos, también ha publicado informes en los que España no sale muy bien parada en lo que a prevención y lucha contra la tortura se refiere.
Si aún hay dudas, se pueden consultar los documentos del Comité de derechos humanos sobre España. Aquí el de 1996 y el de 2008. Entre los dos, desgraciadamente, hay pocos cambios. Varias organizaciones no gubernamentales de prestigio y que cuentan con la confianza de Naciones Unidas también han publicado documentos que denuncian una realidad que solamente niegan en las instancias ministeriales españolas.
Aún hay más. El Comité para la Prevención de la Tortura visita regularmente España. Sus informes no son precisamente tranquilizadores. Basta con leerlos en diagonal para percibir la preocupación de los miembros del comité por la detención incomunicada y las condiciones de los inmigrantes ilegales detenidos (retenidos, diría yo). Realmente vale la pena dedicar unos minutos a estos informes. Por cierto, el Comité estuvo de visita en Catalunya hace muy poco, tras el violento desalojo de Plaça Catalunya. Se entrevistó con Felip Puig. Tendríamos que estar muy atentos al informe que resulte. Hasta aquí documentos de organizaciones internacionales de las cuales forma parte el Estado español y nada sospechosas de hispanófobas o proabertzales. Podríamos añadir muchos otros casos como las denuncias de los miembros de la dirección d’Egunkaria, aún no resueltas, los frecuentes procesos judiciales que se dan en Catalunya por denuncias de torturas.
Es difícil negar delante de tantos datos que la tortura pervive en España. No obstante, poco o nada hacen las autoridades para acabar con este problema: no se ha cambiado ni una coma de la normativa que se aplica a presuntos terroristas desde los años 70, especialmente el régimen de incomunicación. Las cámaras en las comisarías existen (¿aún existen?) solamente en Catalunya. No hay forma de que los policías antidisturbios cumplan la normativa y lleven bien visible su número de identificación, en los CIEs hay inmigrantes que mueren sin que nadie se escandalice…
¿Cuál es la razón de la pervivencia de esta lacra? No soy experto en derechos humanos ni en derecho internacional. Como historiador del derecho se me ocurren algunas claves de interpretación. La tortura fue en la Edad Media instrumento procesal para “extraer la verdad” a los acusados. Era un instrumento sometido al derecho. A partir del siglo XVIII desaparece la tortura del derecho pero se sigue practicando como instrumento de dominio absoluto del hombre por el hombre. (Philipp Reemtsa).
¿Y hoy en día? Si el Estado conserva la tortura, aunque de manera controlada, es quizá porque la usa como instrumento político, como medida de prevención general, no solamente para castigar al disidente sino para generar miedo en los candidatos a serlo. Este uso político no tiene riesgo de generar oposición porque no se le aplica al “buen ciudadano” sino al “otro”: el disidente, el ilegal. Personas que el derecho y los medios de comunicación han procurado deshumanizar.
El Estado se reserva un instrumento contrario al derecho para casos excepcionales: independentismo vasco, protestas del 15M, presencia de ilegales en nuestra sociedad. Se usa la tortura y no se elimina no solamente por una razón de Estado sino para generar la conciencia de que, superados unos límites, el ciudadano puede sufrirla y, además, en caso de denunciarla, va a chocar contra un muro infranqueable.
Esta no es una conclusión improvisada ni agradable. Pero los años pasan y los informes de NN. UU. siguen diciendo lo mismo y en comisarías y juzgados crece el número de denuncias. Me atrevo a afirmar que, frente a la actual crisis y el aumento de la disidencia contra este sistema político y económico, el uso de la tortura puede incluso aumentar. El comportamiento de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional en algunas protestas del 15M y algunas decisiones recientes de la Audiencia Nacional sobre casos de terrorismo son una buena prueba de esto. Contra esto podemos intentar que no apaguen las cámaras.
Alfons Aragoneses. Historiador del Derecho.
