Por Antoni Bayona Rocamora.
La grave crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público ha situado la reforma municipal en la agenda de medidas que se pueden adoptar a corto plazo. El programa de reformas que el Estado ha presentado a la Unión Europea prevé que solo se consideren municipios los que tengan un umbral mínimo de población (que no determina). Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto que las diputaciones provinciales (consejos de veguería en Cataluña) asuman directamente las funciones administrativas que corresponden a los municipios de menos de veinte mil habitantes.
En nuestra historia municipal, plantear un debate abierto sobre la reforma municipal ha sido prácticamente imposible debido a circunstancias políticas y sociales. Sin embargo, ahora se corre el riesgo, con el contexto de la crisis económica, de adoptar medidas precipitadas e improvisadas que pueden tener un gran impacto sobre el mundo local y la ciudadanía.
Lo deseable sería, por lo tanto, que este tipo de debate se hiciera de forma serena, transparente y con la máxima participación de los propios municipios, ya que está en juego la definición de la institución pública más cercana a los ciudadanos y en la que ejerce de manera más clara y directa el principio democrático. Aunque los municipios deben tener capacidad para actuar como administraciones y prestar los servicios básicos a la comunidad, no debemos perder de vista su valor de proximidad, valor que se puede ver seriamente comprometido con una reforma que implicara la fusión o agrupación forzosa de los actuales municipios, y también con el traslado de sus responsabilidades a otra administración (las diputaciones) mucho más lejana para los ciudadanos y que ni siquiera es elegida directamente por estos. Esta última fórmula es, en cualquier caso, muy discutible desde el punto de vista constitucional y estatutario, ya que implicaría una disociación entre las vertientes de participación política y de gestión administrativa del municipio, que deben darse conjuntamente para no comprometer su garantía institucional.
En definitiva, si hay que poner sobre la mesa la reforma de la planta municipal es imprescindible que se haga mediante un debate abierto y transparente, en el que se valoren todas sus implicaciones, especialmente las que pueden afectar a la representatividad democrática en la gestión pública y el principio de proximidad, inherente a la institución municipal.
Antoni Bayona Rocamora.
Director de Estudios Parlamentarios y profesor titular de Derecho Administrativo, Universitat Pompeu Fabra.
