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“El jurado popular es una lección de vida”

Por David Daura.
Traducido por Marta de Bru de Sala i Martí
Barcelona
 
 

A pesar de la existencia de la Ciudad de la Justicia, la Audiencia provincial de Barcelona es una de las pocas jurisdicciones que se ha resistido a abandonar su actual sede, el Palacio de la Justicia, situado en el Paseo Lluís Companys número 10. En lo alto de la imponente entrada, un Moisés de piedra, sosteniendo los diez mandamientos grabados en dos tablas, vigila las entradas y salidas de la gente, con la ayuda de gárgolas y estatuas de personajes ilustres de la cultura jurídica. Dentro del edificio, las escalinatas, las grandes columnas de mármol y los vitrales se convierten en una distracción peligrosa que puede hacer que quien no conozca el edificio se pierda. Toda esta majestuosidad palacial, afirma Santiago Vidal (Sant Sadurní d’Anoia, 1956), hace que se pierda la funcionalidad y la eficiencia. Y es cierto. Los pasillos del Palacio, en otros tiempos seguramente más anchos, se ven reducidos por la inmensa cantidad de armarios y archivadores que se amontonan en cada lado.

Cuando llego a la zona de la Sección 10ª, Santiago Vidal está dentro, haciendo una vista. Ante la puerta de la Sala de Vistas, espera un grupo de unos seis o siete Mossos. Cuando una oficial de la Audiencia sale de la Sala, puedo observar a Santiago Vidal presidiendo el tribunal, camisa blanca, corbata negra y la correspondiente toga judicial. Con un ademán serio, juntando las puntas de los dedos, escucha con atención lo que le está diciendo el abogado de la defensa. Cuándo acaba la vista, el grupo de Mossos que esperaba fuera entra y se lleva al acusado, un chico joven que va esposado y que se despide de la familia y de la novia, que hasta entonces ocupaba los asientos del público. Santiago Vidal sale por la puerta lateral y, cuando se reúne conmigo, su vestimenta, antes seria e institucional, ha cambiado por una más azulada pero igualmente elegante. “Sólo me visto así en las vistas. Cuando termino vuelvo a ponerme la ropa de ciudadano”. Inevitablemente, durante la entrevista sale el debate de la toga, sobre el cual habla en su último libro Los siete pecados capitales de la justicia, editorial ARA Llibres. A pesar de ser reticente a tratar “de ti” a un Magistrado de la Audiencia aunque estemos fuera de la Sala, Santiago Vidal insiste con una sonrisa.

Santiago Vidal. Fuente: Nació Digital

Santiago Vidal. Fuente: Nació Digital

Empiezas el libro con el pecado de la soberbia y con un protagonista principal: Baltasar Garzón. Afirmas que Baltasar Garzón es el ejemplo de lo mejor y lo peor que puede llegar a hacer un juez. No obstante, parece que, por un lado, avales el protagonismo de Garzón a los medios, y por el otro, critiques este afán de convertirse en Juez Estrella.

Yo no creo que sea una antítesis porque, para mí, que Baltasar consiguiera trasladar a la opinión publica el trabajo que él hacía, el trabajo que hacen los jueces, fue muy importante. Efectivamente, rompió aquella endogamia corporativa de la justicia. Siempre he pensado que la Administración de Justicia necesita puertas y ventanas abiertas, un poco de aire fresco. Esto Baltasar Garzón lo hizo muy bien durante sus primeros años, pero llegó un momento, sobre todo después de pasar por la política, en que se equivocó. Aquí cometió un error gravísimo, y perdió esta función pedagógica, empujado por este ego personal que desdichadamente tiene. Pasó de querer comunicar lo que la Justicia hacía bien y mal, a comunicar aquello que él, personalmente, hacía bien. El personaje se comió al juez y, desde mi punto de vista, se empezó a desprestigiar a sí mismo, cavando su fosa y creando sus propios enemigos, tanto dentro del poder judicial como en el mundo político y financiero. Y, finalmente, cuando cometió el grave error de pinchar las famosas escuchas telefónicas del caso Gurtel, él mismo sirvió su cabeza en bandeja de plata.

 “El pastel no es un cargo de juez de primera instancia sino un cargo en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional”.

Leyendo el apartado de la gula en su último libro “Los siete pecados capitales de la justicia”, sorprende que haya esta hambre de poder entre los jueces. En vez de haber esa deseada hermandad entre compañeros, encontramos a ciertos jueces con un pequeño Frank Underwood dentro, con un afán de pisar a quien sea con el fin de alcanzar posiciones de poder.

Llibre Santiago VidalVerdaderamente es así. Es una situación paradójica. En la carrera judicial nos inculcan mucho que tenemos que protegernos los unos a los otros, ¿sabes? Esconder la porquería bajo la alfombra porque hoy es por este compañero pero mañana puede ser por ti. Sin embargo, eso convive con una situación de puñalada trapera; si quieres llegar a una posición determinada, cómo puedes hacer obstaculizar a tus oponentes, qué contactos tengo que ir trabajando, qué errores les puedo inducir a cometer. Por eso, la gula, un término gastronómico, es el pastel de la justicia. Y evidentemente el pastel no es un cargo de juez de primera instancia, sino un cargo en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional.

¿Pero es por una cuestión de dinero?

No, no. Hasta no hace demasiado, era por prestigio. Llegar a la cúpula de la judicatura. Ahora, hablar de prestigio con el Tribunal Constitucional no es precisamente lo que está más de moda. Y, si bien el sueldo es elevado, es una cuestión de poder. Pensemos que la última palabra en cuestiones judiciales la tienen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

¿Qué opinas del caso de Gabriel Perez, un chico ciego que quiere estudiar para ser juez y a quien el CGPJ ha dado el visto bueno para ejercer una vez pase las oposiciones?

Sé que hay abogados ciegos, pero no me consta que haya jueces. Pero yo creo, sinceramente, que no lo tendría que ser. La experiencia profesional me ha demostrado que la psicología gestual, es decir, ver en un acto de juicio cómo declara la gente, qué cara hace, eso es muy importante. Ya sé que eso puede parecer discriminatorio ante el principio de igualdad de la ley, que tiene que potenciar determinadas personas con discapacidad. No dudo de que a un nivel técnico e intelectual este chico sea bueno, pero tendrá este handicap. Además, ahora, con las nuevas tecnologías, lo que hacemos muchos jueces es volver a ver la grabación del juicio, y eso no lo podría hacer ¿Un intérprete? No, no te puedes fiar de un tercero. El principio de inmediación es básico. No sé si con las nuevas tecnologías se podría solucionar, pero lo veo difícil…

A todo eso, se le tiene que sumar el proceso de selección de jueces, totalmente anacrónico y excesivamente memorístico.

El sistema que yo propongo se basa en tres pruebas: la primera es una prueba de edad. Que como mínimo se tengan 30 años, es decir, que estemos seguros de que aquella persona tiene un recorrido vital, unas experiencias que lo hagan precisamente esto: persona. No tiene sentido que alguien de 23 años, acabada la carrera, se pase 5 o 6 años encerrado en casa, memorizando. Que trabaje en algún campo que lo obligue a estar con la gente: abogado, criminólogo, trabajador social… La segunda prueba, que sería un buen filtro, sería un test psicotécnico. Tenemos que ver si aquella persona tiene empatía, si responde ante determinados problemas. Y la tercera prueba, la más técnica, una prueba de conocimientos. Pero nada de memoria. Sería: mire, aquí tiene un caso civil, un caso penal, un caso laboral y un caso contencioso-administrativo. Y aquí un ordenador con toda la legislación y la jurisprudencia. Tiene cuatro horas para resolverlos y dar una respuesta jurídica.

Afirmas que la mayoría de jueces dedican entre ocho y diez horas cada día a la función jurisdiccional y, aún así, la justicia va lenta. ¿Qué tenemos que hacer para que eso deje de pasar y la justicia empiece a funcionar correctamente?

Hay que optimizar los recursos. Mira, una cosa concreta en la que nosotros perdemos cada día una hora de la mañana: imprimir las sentencias para que vengan los procuradores a buscarlas y que, asimismo, las tendrán que llevar a los abogados. Sería mucho más fácil venir aquí con un lápiz USB, dárselo a una auxiliar administrativa y decirle: “Aquí están las sentencias que resolví ayer”, y que la auxiliar enviara por correo electrónico la sentencia a los abogados y a los ciudadanos.

Pero así nos cargamos la figura del procurador…

Ya lo sé. Pero tenemos que equiparar a los procuradores de tribunales con los auxiliares del sistema anglosajón. Que se dediquen a hacer requerimientos, citaciones. Aquello que sale en las películas. También podrían hacer embargos, subastas… todo eso lo podrían hacer profesionales jurídicos, como los procuradores. Cobrando los respectivos aranceles, evidentemente, como hasta ahora. Pero es que la figura del procurador, hoy en día, no tiene ningún tipo de sentido. No existe en muchos sistemas jurídicos occidentales ¿No sería todo más fácil si desde el propio Juzgado te dieran traslado de la sentencia, de los escritos…? Hoy en día, con las nuevas tecnologías, todo eso sería posible.

 “No damos abasto porque tenemos muy poco interiorizados los mecanismos alternativos de resolución de conflictos: mediación, arbitraje y conciliación.”

Con todo, además, los jueces y magistrados no dais abasto, con tanto trabajo.

Correcto. No demos abasto porque tenemos muy poco interiorizados, tanto para la ciudadanía como para el propio sistema jurídico, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos: mediación, arbitraje y conciliación. En Bélgica, Holanda, he estado en estos países, y siempre me gusta saber cómo funcionan los otros juzgados. Pues bien, entre uno 35 y un 40% de los casos que llegan a los despachos de los abogados se solucionan por estas vías. Aquí, en cambio, los acuerdos extrajudiciales rondan entre uno 5 y un 7%. Y muchas veces, estos acuerdos se llevan a cabo cuando ya se ha puesto la demanda y se ha empezado a mover el engranaje jurídico. En otros países no; es requisito indispensable haber intentado solucionar el conflicto por otras vías antes de reclamar en los tribunales. Y yo lo haría con todo. Incluso con lo penal. Excepto delitos graves, evidentemente, como un homicidio o una violación. Pero un hurto… ¿por qué no? Darle la oportunidad al autor de que, en la mediación, reconozca su culpabilidad y ofrezca una compensación a la víctima.

Pero ya existe el juicio rápido…

Que ya no es precisamente rápido. Las fechas de juicio se dan a 7 meses vista, o más. En su momento, fue una buena idea. Ahora ya no, se ha desvirtuado. Es como el proceso del sumario y el procedimiento abreviado que, de abreviado, ya no tiene nada.

Dedicas un capítulo entero del libro a la ira. Afirmas que ante determinados crímenes execrables, es fácil dejarse llevarse por los sentimientos y confundir justicia con venganza. A menudo es este el punto donde chocamos los juristas con la gente de la calle, que no entiende que a determinados sujetos se los reconozcan el derecho a la defensa, el derecho a no confesar contra sí mismos… ¿Cómo podemos combatir esta hambre de venganza que demasiado a menudo tiene la ciudadanía?

Es necesario hacer pedagogía. Una cosa es la justicia y otra de muy diferente la venganza. Es un sentimiento muy legítimo, como emoción característica del ser humano. Puedo entender perfectamente a la gente que quiere venganza. Pero la justicia es racional, aunque no tiene que perder un determinante componente efectivo, evidentemente. Para mí no es lo mismo hacer un juicio de un tráfico de drogas que hacer uno de una violación sexual. Pero la justicia tiene que diferenciar muy claramente las causas, es decir, ¿por qué ha pasado eso que estamos juzgando? La venganza no necesita causa. ¿Ha hecho eso? Pues que lo pague de esta manera. Es la reacción natural como seres animales que somos. En cambio, la razón nos diferencia de la respuesta instintiva y nos permite encontrar las causas de lo que ha pasado. Pero no debemos confundirlo con una voluntad de justificar el delito sino de explicar porque ha pasado eso y, en consecuencia, asignarle de manera proporcional su responsabilidad. A veces la opinión pública dice que se tienen que aumentar las penas. Pero es que no sirve por nada. Está demostrado empíricamente que es así.

En el libro hablas del caso de Mª Carmen García, una mujer y madre de Valencia que el año 2010 mató al violador de su hija menor de edad rociándolo con bencina. Sorprende que, en este caso, la gente aplaudiera el delito que perpetró.

Exacto. Es otro caso donde se demuestra como de necesaria es esta pedagogía. Yo la empezaría desde pequeño. Jueces, abogados, fiscales… tendríamos que ir mucho más a las escuelas y, sobre todo, a los institutos. Explicar la diferencia entre la venganza – reacción instintiva – y la justicia – reacción racional proporcional. Y debería formarse a la ciudadanía mediante programas de televisión que, evidentemente, nada tendrían que ver con estos programas basura, que sólo buscan el morbo y el escarnio público. Eso hace mucho de daño. Y el mejor antídoto, te lo confieso, es formar parte de un jurado popular. Cuando el ciudadano estándar, este ciudadano que busca la venganza, forma parte de un jurado popular, una vez ha estado una semana viendo un caso real, con personas de carne y hueso, analizando las causas y las consecuencias de aquel crimen… te aseguro que cambia radicalmente de opinión. Mide mucho más su respuesta. Muchas veces se da un veredicto de culpabilidad, pero teniendo en cuenta los pertinentes matices. Yo estoy muy contento con los jurados populares. Siempre empiezan los juicios con un poco de miedo. Claro, es un mundo que no dominan, del que no saben nada. En cambio, diez días después, hacen una reflexión que te demuestra que aquella persona ha vivido una lección de vida. El jurado popular es una lección de vida.

En el libro, siguiendo el ejemplo de los abogados, arquitectos, médicos y policías, abogas por la creación de un código ético o deontológico para jueces y fiscales ¿En qué consistiría?

Ya hay un código ético a nivel europeo, venido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo creo que se tendría que trasladar no sólo a la clase judicial española sino también a la italiana, la francesa… Básicamente consiste en tener muy claro que, además de ser un poder del Estado, somos un servicio público al servicio del ciudadano. Eso se traslada en cosas muy concretas que a veces pueden parecer insignificantes, pero no lo son, como por ejemplo el tono de voz y la amabilidad con la que te diriges al ciudadano o al testigo. Hay muchos colegas míos que lo hacen en un tono de superioridad y de soberbia. O el mismo hecho de dejar escoger en qué idioma quiere que se haga la declaración. O si se quiere declarar de pie o sentado. La misma Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que las declaraciones tienen que hacerse de pie. ¡Claro! ¡Es una ley del siglo XIX! Y lo tenemos que interpretar, tal como marca el artículo 3 del Código Civil, de acuerdo con la realidad social del tiempo donde vivimos. Otra cuestión es el lugar que tiene que ocupar el acusado en la sala de vistas ¿Por qué se tiene que sentar en un banco? Todo eso lo estamos cambiando, ahora, y permitimos que el acusado se siente al lado de su abogado, con el fin de que pueda hablar con él. El abogado no es nada más que el asesor técnico. Quien sabe realmente qué ha pasado y cómo, es el acusado. No podemos negarle el derecho a que hable con su abogado durante el juicio. El abogado, al fin y al cabo, como se recogía antiguamente, no deja de ser el vocero de la ley, el portavoz con conocimientos jurídicos. Pues todas estas cosas que, a primera vista pueden parecer insignificantes, a largo plazo demuestran la calidad de la justicia.

Y en caso de incumplir este código ético, habría consecuencias.

Claro que sí. Un código deontológico sin consecuencias legales no deja de ser una declaración de principios.

Como hecho curioso, criticas todo eso de las togas, las puñetas, las medallas y el lenguaje falsamente erudito, y afirmas que tendríamos que dejar que cada protagonista del teatro jurídico fuera vestido como quisiera, siempre que fuera de una manera digna. Las togas y otros elementos de la vestimenta y de la Sala (cómo el retrato del Rey, las banderas…) ¿no son útiles a la hora de generar respeto hacia los jueces, fiscales, abogados y procuradores?

Irradiamos superioridad al ciudadano normal. Yo tengo la sensación de que, después de tantos años, eso no genera respeto. Genera temor. Paradójicamente, en la jurisdicción de menores, los jueces, fiscales y abogados no se ponen toga. Quizás sería la única jurisdicción donde el principio de autoridad se tendría que visualizar a través de la indumentaria. No en la jurisdicción de adultos. El adulto ya sabe quién es el juez, quien el abogado y quien el fiscal. Evidentemente se tiene que ir con un vestuario adecuado. Pero la toga, las puñetas, la escenografía esta de las banderas, el retrato del Rey… para mí todo eso es innecesario. Mucha parafernalia. Y después, miras tras las bambalinas y todo es bastante cutre. Mucho papel, mucho retraso, mucha burocracia. Tendríamos que ser mucho más ágiles, mucho más tecnológicos… todo más moderno.

One Response to “El jurado popular es una lección de vida”

  1. La realidad es que el juicio por jurados es tan OSCURANTISTA como designar cirujanos por sorteo en el padrón electoral. Es tan ANTIDEMOCRÁTICO como designar al Presidente de la Nación y gobernadores por sorteo en el padrón electoral. Dictar (como hace el jurado) un veredicto en secreto y sin fundamentación, es tan ANTIRREPUBLICANO como dictar leyes de ese tipo. Es unas cinco veces más LENTO y más CARO. Es proclive al ERROR JUDICIAL, porque se condena o absuelve sin fundar la decisión sobre ningún razonamiento lógico. Es un sistema inconveniente, que ha FRACASADO en todo el mundo.
    Recomiendo ingresar a:
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