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El derecho a la vivienda. ¿Es un derecho fundamental?

Por Guillem Martínez.
Barcelona.

La vivienda constituye uno de los elementos más esenciales para la vida del ser humano. Junto con la alimentación y el vestido conforman lo indispensable para el desarrollo individual y social de la persona así como de su familia. Dicho marco espacial permite al individuo -y a su familia- satisfacer necesidades biológicas (albergue, inclemencias del tiempo…), necesidades personales (seguridad, bienestar, intimidad…) y necesidades sociales (establecer relaciones de convivencia, de vecindad…).

Es esa pluralidad de fines en la que se enmarcan las vicisitudes de la vivienda, así como su dimensión social, lo que ha hecho que la protección y garantía de ese derecho a una vivienda digna y adecuada quede plasmado, reconocido y sancionado en nuestra Constitución (CE), cuya inspiración en esa materia vino de muy lejos. Ya fue, el primer antecedente, la Constitución de Weimar de 1918 la que hizo su primera mención a la función social de la vivienda. Pero en el año 1978, y en los meses pre-constitucionales, las influencias vinieron concretamente del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH) de 1948 (ratificado por España) que dispone:

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia […] la vivienda

Y además del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (del que España es parte) que vino a recoger, de manera casi idéntica a la del art. 25 de la DUDH el derecho a la vivienda.

¿Ello como quedó plasmado en nuestra Carta Magna de 1978?

Mucho se discutió sobre donde debía quedar situado éste derecho. Si debía ser reconocido como derecho fundamental, como derecho civil o si debía ser un principio rector de la política social y económica que informe a los poderes públicos. Otro debate fue el contenido de ese derecho. Si debía ser un derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada únicamente o si también la ciudadanía debía participar en las plusvalías (beneficios) que se derivaran de la acción urbanística.

Finalmente se decidió aprobar la Constitución con un artículo 47 que rezaba que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Ello ya dibuja los primeros conceptos indeterminados, a saber; ¿qué entendemos por digna y adecuada? El artículo sigue disponiendo que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho”. Como puede deducirse de ésta segunda frase el sujeto activo, el cual debe auto-imponerse deberes para garantizar el efectivo cumplimiento de ese derecho, son los poderes públicos (Gobierno y las distintas Administraciones) quienes deben establecer el marco normativo adecuado para el eficaz reconocimiento. El garante del derecho son los poderes públicos. Además sigue diciendo el artículo que los poderes públicos deberán regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. A uno a éstas alturas casi le causa sonrojo leer como termina éste primer párrafo de dicho precepto normativo. ¿A alguien se le escapa el flagrante incumplimiento de éste derecho?

Además para acabar de rizar el rizo el artículo termina con una solemne proclama:

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos

Es aquí donde debemos recordar que muchos de los proyectos urbanísticos que han venido realizándose en éste país han gozado con la colaboración de los entes públicos, y es notorio que la comunidad ha participado poco, si acaso escasamente, en esas plusvalías de las que habla dicho importante precepto.

Además el artículo 33 de la CE dispone que el derecho a la propiedad privada quedará delimitado por su función social.

Ello ha indignado, y con razón, a ciertos colectivos sociales. El más conocido ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quien ha venido reclamando, de manera vehemente, que se reconozca el derecho a la vivienda, pues ello está reconocido en el artículo que hemos analizado en el párrafo anterior. No les falta razón pues en términos jurídicos, económicos, sociales y éticos esa efectividad de tan esencial elemento para la vida humana no debería quedar a los caprichos de los poderes públicos de turno (que pueden responder a intereses espurios) y del libre mercado como en los últimos tiempos ha venido ocurriendo. Y con el consiguiente endeudamiento de las familias que ello ha supuesto. Y baste aquí citar la importante, por ser un importante precedente, la Resolución del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Estrasburgo, paralizando el desahucio del bloque de Salt (propiedad del SAREB o ‘banco malo’).

Pero el derecho a la vivienda no fue introducido en el capítulo dedicado a los principios rectores que deben informar a la política social y económica de los poderes públicos de manera casual. La situación de tal derecho en el texto constitucional implica que no es un derecho individual, que pueda reclamar el ciudadano delante de los tribunales (como sí lo es el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la inviolabilidad del domicilio, etc.), no es un derecho fundamental, y recordemos, pues conviene hacerlo, tan siquiera, en éste país, es un derecho individual. Es un artículo, el 47, que habilita a los poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda. Esas condiciones son de muy variada índole; desde la protección de la propiedad privada, la regulación de los elementos arquitectónicos, el respeto por el medio ambiente en su construcción, el acceso a la vivienda de las gentes más desfavorecidas, etc. Es decir, los poderes públicos son los garantes de que la calidad de ese derecho (esto es su garantía) sea congruente con lo dispuesto en éste artículo.

Ello, vuelvo a repetir, no se ha cumplido y los ejemplos que lo ilustran son cuantiosos. Los poderes públicos no han fomentado las condiciones genéricas y específicas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Antes al contrario, se han dedicado a hacer el juego, en pos a unos ingresos fiscales coyunturales que ayudaban a vivir de manera artificialmente holgada, a esos ávidos promotores inmobiliarios que se han dedicado, ellos sí, a especular a lo grande con un bien cuya finalidad debiera ser la de prestar una guarida al individuo. Han dejado el reconocimiento de ese derecho a su expresión más privada e individualista. Lo han supeditado a las reglas del mercado.

Es por ello que se debe tomar consciencia de que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. Se podría debatir si lo idóneo sería que lo fuera, o que consistiera en un derecho individual, más protegido y con posibilidad de reclamarlo ante los tribunales en vez de quedar sujeto a la buena voluntad de los gestores de lo público. Actualmente tal derecho solo informa, no vincula. Y aquello que no vincula se tiene la tentación de no cumplirlo.

One Response to El derecho a la vivienda. ¿Es un derecho fundamental?

  1. Parecen los vendedores de pisos con sus trajes puestos impolutos directores generales jajaja, por aquí aparecen muchos agentes inmobiliarios llamando a la puerta muy elegantes vestidos, más de 10 en el último mes, ofreciéndome su publicidad de inmuebles que tienen en venta, y no hacen más que preguntarme si conozco a alguien que esté dispuesto a vender su casa para ponerse en contacto con él. Escudriñan todo para encontrar cualquier oportunidad de negocio. La verdad es que con un solo piso que vendan en muchos casos, cobran una comisión que supone lo que un trabajador mileurista gana en todo un año de trabajo, teniendo que hacer más de 40 horas semanales de curro aguantando a jefes y compañeros.

    Aprovechan ahora porque la gente que tiene dinero ahorrado en los bancos, no saben qué hacer con él, ya que solamente les dan un interés de 0,04%, una verdadera miseria, y para más recochineo hacienda se lleva el 21% de esa rídicula renta jajaja, hasta te cuesta dinero tenerlo depositado, e invertir en valores obtienes rentabilidad negativa en la mayor parte de los casos, y se dedican entonces a meter su dinero en ladrillo. Los compradores reforman las casas con visos a venderlas en el futuro, con su consiguente comisión si pueden o si no los dejan cerrados sin alquilar. El inconveniente es que tener un inmueble sin ocupar, tienes muchos gastos, contribución, comunidad, recibos varios…

    Así se está recalentando otra vez el mercado inmobiliario, que puede ocasionar otra burbuja en pocos años que tire los precios por los suelos y arruine a mucha gente. La diferencia es que ahora los inversores compran pisos en mano y no se endeudan en hipotecas a 20 o más años como antes, lo que no generaría una ruina bancaria por excesiva exposición al ladrillo, optan más por el alquiler seguro, de empresas que cobran servicios por echar los morosos en poco tiempo por tener contactos en los juzgados con los jueces, o también en pisos turísticos con grandes rentabilidades, haciendo la competencia desleal a los hoteles.

    ¿Cuales serían las más eficaces soluciones y fiables medidas para combatir la especulación y la corrupción urbanística que tanto daño hace a las clases más humildes y pobres de la sociedad, porque es en ellos donde más incide y perjudica? Que el Estado sea el que controle el suelo en todo el territorio nacional, tanto el perteneciente a los ayuntamientos como los de las Diputaciones y Comunidades Autónomas, y mediante la creación de un Organismo Autónomo o Instituto público a manera del INEM, pero más ágil y más activamente gestionado, que ponga en marcha las políticas urbanísticas de acuerdo con el interés general, y con la defensa acérrima del medioambiente y la salud de las personas, que tengan las competencias sobre las decisiones administrativas de recalificaciones sobre el uso y disfrute, y que se encargue en gestionar el suelo existente tanto en manos públicas como privadas, expropie el suelo tanto a unos como a otros y sea el que lo urbanice, y que lo venda o ceda a los promotores inmobiliarios y a las constructoras, con un precio prefijado o tasado, y que se controle y en lo posible se evite la escalada continua de precios que es lo que arruina a una nación…

    De esta forma se fiscalizaría y ajustaría la subida permanente de los costes, ya que no hay competencia y libertad de precio real en el ambiente urbanístico, porque casi siempre crecen de forma premeditada año a año y casi nunca bajan de precio de acuerdo con las leyes del merecado de la oferta y la demanda, excepto en épocas de grandes recesiones o crisis que suelen pasar cada dos o tres lustros, porque caen en picado por el exceivo sobreprecio de los activos inmobiliarios al no haber compradores. Se puede manipular fácilmente el mercado por parte de las grandes promotoras e inmobiliarias, reteniendo suelo urbanizable durante años para que los precios no caigan y se deprecien y devalúen sus inversiones, pero mientras se pueda seguir inflando la burbuja. Para mí no existe mejor desgravación fiscal para adquisición de una vivienda que reducir el precio final, porque el repartir dinero a la gente mediante deducciones, lo único que consigue es que los promotores lo repercutan en el precio final, y lo que se hace con ello, es transvasar ingentes cantidades de dinero público a manos privadas, sin que con ello las capas de la población con menos recursos, puedan acceder a un mercado cada vez más prohibitivo para la generalidad de los asalariados mileuristas.

    Si no existe el estímulo de la propiedad no hay progreso, y sin un incremento de los precios paulatino mesurado, sin llegar a la especulación desorbitada no hay bienestar tampoco, porque no existe un objetivo por el que luchar en la vida, y este hecho lo han entendido bien los dirigentes comunistas chinos. La mejor manera de convertir a los más pobres en seguidores y fervientes admiradores del sistema capitalista liberal, es enseñarles a querer ser ricos, inducirles a desear los bienes materiales pomposos y exclusivos, como mansiones, coches de lujo y yates, a que sueñen con ellos como un objetivo de sus vidas prioritario. Misma estrategia que utilizan para que jueguen a la lotería nacional y la primitiva, un dinero que es tirado en una altisima probabilidad. Esa es la forma en el que se les ciega a los más desposeídos, para que se abandonen a sí mismos, y no se abran paso en su camino tortuoso para luchar sin posibilidades por mejorar en el sistema injusto imperante… Los más potentados casi siempre ganan y los pobres suelen estar indefensos y su destino suele ser siempre la pérdida, pero al aceptarlo y al convertirse en víctimas, y al transformarse en ello, se hacen más débiles aun, porque no luchan por cambiar su desdichado presente, al hacerles dudar de todo, les inmoviliza totalmente.

    El sector inmobiliario está intimamente ligado al sector de la construcción, y estos dos viven de la especulación esencialmente, cuanto más caros estén los inmuebles, más beneficios obtienen por hacer lo mismo. Y la especulación es lo peor que le puede pasar al trabajador que vive de un sueldo, porque cada vez se le hace más prohibitivo acceder a una vivienda digna cuanto más suben los precios.

    Lo justo sería para evitar que haya gente que se forre con las necesidades de vivienda del pueblo como los intermediarios inmobiliarios, es que hubiera una página pública gratuita en internet donde los que quisieran comprar o vender sus propiedades pudieran hacerlo fácilmente, con teléfonos de contacto, para que los interesados pudieran visitar los inmuebles en venta, y así contendríamos también los precios para que no se subieran tanto que muchas personas no quedaran fuera del mercado.

    ARTURO KORTAZAR AZPILIKUETA MARTIKORENA©

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