El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, organismo judicial internacional con sede en Estrasburgo que sólo atiende recursos procedentes de ciudadanos de estados que son miembros del Consejo de Europa, resolvió, anteayer a primera hora de la mañana, estimar la medida cautelar que había pedido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 15 días antes para paralizar el desahucio de un bloque de pisos ocupado, situado en la localidad gerundense de Salt. La noticia de la resolución se comunicó a las familias que debían ser desalojadas pocos minutos antes de que se iniciara el susodicho lanzamiento. Además, a las dos de la tarde, el juez de instrucción núm.3 de Girona ordenaba que se detuviera el desalojo ante la resolución del tribunal europeo. El gobierno español tiene ahora hasta el 24 de octubre para desarrollar un plan de realojamiento o atención de estas familias.
Han sido dos las cuestiones planteadas por la Corte:
“¿Cuáles son las medidas que las autoridades tienen intención de poner en práctica en relación con los solicitantes, particularmente los niños, dada su vulnerabilidad, para evitar la violación de los artículos 3 y 8 de la Convención (de Derechos Humanos de la Unión Europea)?”
‘Especialmente, cuáles son las disposiciones en materia de vivienda y asistencia social previstas por las autoridades nacionales?’
Y esta ha sido la solicitud del tribunal al gobierno español:
“Se solicita al gobierno que proporcione información detallada, además de las fechas previstas para la aplicación.”
La propiedad del bloque de Salt es de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el “banco malo”. El edificio estaba vacío desde hacía tres años y ocupado desde hacía siete meses, y forma parte de la “obra social” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta plataforma cívica ya ha alojado a más de setecientas personas en diferentes bloques de viviendas. Desde la PAH afirman que se trata de ocupaciones justas, pues ni el Estado ni la Generalitat parecen dispuestos a facilitar un techo temporal digno a los afectados y tampoco parece que el gobierno español tenga intención de iniciar una reforma de la ley hipotecaria y del reglamento hipotecario. Y es que nos encontramos ante un vacío legal que deja bajo sospecha decenas de procesos de desahucios posiblemente abusivos que se están llevando y se han llevado a cabo a lo largo de los años .
“Si la gente se queda sin casa, si los bancos rescatados con dinero público acumulan viviendas vacías, es una obligación devolver a estas viviendas la función social” , afirma la PAH . “En esta pugna, las personas que nos auto- rescatamos, desde abajo, dejaremos claro que si la Sareb es nuestra, sus pisos también. El bloque de Salt es nuestro.” Respecto la amenaza de desalojo se mostraban esperanzados: “Es una oportunidad de obligar a la Sareb y los cómplices políticos a convertirse las viviendas en manos de la banca en un parque público de vivienda.”
Las medidas dictadas por el TEDH se toman después de que la semana pasada el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizneks, mostrara, en un informe su preocupación sobre el impacto negativo que los desahucios tienen sobre familias y especialmente sobre los niños en España. Instaba también al estado a llenar el vacío legal existente, (en el mes de marzo el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia afirmando que la normativa española sobre los desahucios era abusiva) con una actitud de clara contundencia hacia el ejecutivo español, dejando de relieve que es una situación inaudita en la Unión.
La PAH tiene intención ahora de negociar con la Sareb para llegar a un acuerdo de alquiler social sobre los pisos. Precisamente ayer la Sareb anulaba indefinidamente una reunión con la diputación de Girona, los ayuntamientos de Salt y Girona y un miembro de Cáritas para determinar cuántos pisos vacíos tiene esta sociedad en las dos ciudades y establecer cuáles pueden ser destinados a contratos de alquiler “social” .
El CICAC afirma que vienen “denunciando desde hace tiempo que la normativa española en materia de ejecuciones hipotecarias que afectan a las viviendas familiares vulnera derechos fundamentales” y “que ahora se empiecen a producir también supuestos de desalojo penal hace que” según Sàmper, “el gobierno español haya de llenar el vacío legal de forma urgente”.
