Redacción.
27 de enero de 2021.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha participado en el primer coloquio del ciclo formativo El nuevo proceso penal, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), del Ministerio de Justicia, para debatir sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de noviembre y que ayer inició su trámite de audiencia e información pública.
En esta mesa redonda, que ha llevado por título Hacia un nuevo proceso penal, además de Campo, responsable del nuevo anteproyecto de la LECrim, han participado los exministros de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, impulsores de las anteriores propuestas de reforma del proceso penal de 2013 y 2015, respectivamente.
Campo ha destacado la contribución a la construcción de un nuevo modelo de proceso penal de sus antecesores (Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá) y ha resaltado que el actual Anteproyecto de Ley debe entenderse como un producto del trabajo colectivo. Y, en esta línea, ha añadido que “el mayor reto a la hora de llevar a cabo nuestra reforma penal es conseguir que sea proyecto de todos”.
Necesidad de modernización de la norma
Según Campo, es necesaria una modernización integral de este ámbito de la Justicia, sumamente relevante en la consolidación del Estado de Derecho y que “vertebra la vida de los ciudadanos”.
El ministro ha explicado que la ley que actualmente regula el proceso penal data de 1882 y ha experimentado 77 modificaciones, 54 posteriores a la aprobación de la Constitución. Por tanto, “por razones de eficiencia y modernización, la reforma del proceso penal es una cuestión de urgente necesidad”.
El ministro de Justicia ha resaltado también que el Anteproyecto potencia la función constitucional del juez, introduciendo la figura del juez de garantías y del juez de la audiencia preliminar; así como la del fiscal, dándole la instrucción. En este sentido, los participantes han destacado la coincidencia de todos los modelos en la distribución de funciones entre el fiscal investigador y el juez de garantías.
El cambio, además, se ve reforzado ahora por la necesidad impuesta por la Unión Europea de introducir la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico. Según Campo, esta obligación comunitaria constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español.
“Sacar adelante la nueva LECrim supone un ejercicio de coherencia, tanto con nuestro texto constitucional, como con Europa”, ha exhortado el ministro de Justicia.
Por su parte, los exministros Ruiz-Gallardón y Catalá han coincidido en ensalzar el nuevo Anteproyecto de la LECrim, un texto que parte de una base muy sólida y que se ha ido enriqueciendo con las reformas que ha ido experimentando, sin importar el color político.
Según Ruiz-Gallardón, el nuevo modelo procesal penal tiene su “apoyo incondicional” y “permitirá superar una provisionalidad que ha durado más 140 años”. “Este nuevo proceso penal beneficia a todos los actores que participan en él; es un paso definitivo para que la Justicia española sea homologable a Europa y se den las máximas garantías para el justiciable”, ha dicho.
Para el exministro Catalá, la reforma tiene tres retos por delante: el consenso político entre, al menos, los dos grandes partidos, PP y PSOE; consenso profesional en el entorno de jueces, fiscales y abogados; consenso social, haciendo pedagogía para los ciudadanos confíen en la Justicia.
Ambos exministros han puesto en valor la oportunidad que ha ofrecido este foro para poder debatir una norma crucial para garantizar derechos y dar una respuesta ágil en los procesos penales.
Campo ha cerrado este primer coloquio, presentado por la directora del CEJ, Abigail Fernández, y moderado por la periodista de Televisión Española Cristina Blach, haciendo un llamamiento a la participación de todos en la construcción colectiva de la norma, “lo que será la principal garantía de éxito”.