Los representantes del Consell de l’Advocacia Catalana, del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña y el Departamento de Justicia han acordado este mediodía, en una última reunión, excluir a las ciudadanas y a los ciudadanos, es decir las personas físicas, y a las pequeñas empresas de la aplicación de la tasa para la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.