Por Miquel Fortuny. Abogado y Socio Director de Fortuny Legal | Corporate Compliance Counsel

El 29 de marzo de 2016 nos despertábamos con una nueva condena al Estado español por vulnerar, nada más y nada menos – y nuevamente – que el artículo 6.1 del CEDH, precepto que ha sido (y seguramente seguirá siendo) vulnerado por los Estados europeos, a pesar de que la doctrina establecida por los Jueces del TJUE establece claramente cuál es su postura a la hora de valorar acerca del choque entre los principios de contradicción e inmediación y el derecho a un proceso justo.

Comentario de Antonio Selas, Socio de Cremades & Calvo-Sotelo, sobre la STJUE de 10 de marzo de 2016 – Asunto C-235/14, relativa a la interpretación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a la vista del Derecho Comunitario.

La esperada Sentencia del Tribunal Supremo no ha dejado indiferente a nadie. Está claro que coinciden Fiscalía y Tribunal Supremo en que debe existir una cultura ética dentro de la organización. ¿Cómo se demuestra un concepto como la existencia de una cultura ética?

La globalización nos ha llevado a sacar de los libros de derecho penal aquel principio que hace unos años estudiábamos en la universidad del societas delinquere non potest, es decir, que las personas jurídicas no pueden delinquir.

Por Patricia Martínez Díez. Abogada del Departamento Penal de Ceca Magán Abogados.

Nos encontramos ante una medida que, compartamos o no su necesidad, difícilmente la veremos repercutir en un resultado estadístico en la esfera de la realidad, y una medida de la que nos resulta imposible comprender desde el punto de vista jurídico y criminológico, el porque de su endurecimiento y crueldad en ciertos aspectos de la reforma, como lo es el caso de la prisión permanente revisable.