Redacción.
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprobado un acuerdo por el que se propone el reparto de un total de 63,3 millones de euros entre las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia, para la realización de varios proyectos del plan Justicia 2030. Estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.
Se trata de proyectos enfocados a una mejora significativa de la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, así como inversiones significativas en el sector de tecnologías de la información (TIC), que favorecen la mejora competitiva de España.
En este sentido, en el concepto denominado extensión del Proyecto 0, con el fin de desplegar equipamiento digital básico, tanto de software como de hardware, para desarrollar proyectos de transformación financiados con fondos europeos, la cantidad asignada será de 4,4 millones de euros.
El objetivo de interoperabilidad, encaminado a construir un modelo en el que los sistemas de Gestión Procesal de las CCAA sean no solo completamente interoperables entre ellos, sino con el resto del ecosistema digital de la Administración de Justicia, la asignación será de 26,4 millones de euros.
En relación con el proyecto de Justicia orientada al Dato, se repartirán 8,4 millones de euros, para la explotación y aprovechamiento de la enorme cantidad de información existente, lo que permitirá mejorar el diseño de políticas públicas y una mayor eficiencia.
En cuanto a la ciberseguridad, se destinan 16 millones de euros al establecimiento de un servicio de seguridad que pueda proporcionar protección a las administraciones, mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de esta naturaleza, buscando sinergias con otros organismos nacionales y europeos en la materia.
El proyecto de Carpeta Justicia busca dotar a la Administración de Justicia de un servicio personalizado en el que particulares, empresas y profesionales tengan acceso a la información asociada a sus distintos procedimientos judiciales abiertos. La inversión será de 0,9 millones de euros.
A la inmediación digital, que hará posible la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones, se destina un presupuesto de 2,1 millones de euros.
La inversión en la textualización, un sistema que permita localizar rápidamente informaciones que se hayan documentado por una grabación visual, será de 2,4 millones; mientras que la adaptación de los sistemas de la gestión procesal a la nueva ley de eficiencia procesal está dotada con 2,7 millones.
