Redacción.
19 de junio de 2018.
Francesc Jose María fundó su despacho en el año 1984, destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios, así como algunas patronales del sector. En el año 2009, el despacho abrió una nueva línea de servicios financieros que dirige, desde 2014, Carme García Jarque que fue, entre otras funciones, Directora General del Instituto Catalán de Finanzas entre 2006 y 2011. Francesc José Maria también fue Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud entre 2006 y 2008 y conoce en profundidad la carga política y legal de la gestión sanitaria. A continuación nos habla de su práctica profesional pero también de otros temas como por ejemplo el Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; la colaboración público-privada o de entidades como el Círculo de Salud o la Sociedad Catalana de la Mediación en Salud, de la que es fundador.
La estrategia actual del despacho está orientada hacia la ampliación de los ámbitos de actuación, fundamentalmente nos orientamos hacía el tercer sector social y los entes locales, tanto en el ámbito jurídico como en el económico financiero. Pero también estamos creciendo en el asesoramiento de empresas. Del mismo modo en FJM abogados apostamos mucho por los profesionales y contamos con 6 socios, los más recientes al ser nombrados han sido Carme García Jarque, responsable de la división de servicios financieros, y la abogada Abigail Blanco Cumplido, especializada en Derecho Laboral, de la Enseñanza y del Sector Salud.
Cambiando de tema ¿Qué supuso la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno del PP contra la ley de universalización de la asistencia sanitaria en Cataluña? ¿Qué involución supuso el Real decreto ley 16/2012?
La Ley General de Sanidad del 1986 creó el Sistema Nacional de Salud que tenía entre sus objetivos la universalización de la atención sanitaria financiada con fondos públicos. El proceso de universalización para hacer llegar la atención a todos los ciudadanos fue lento y se fueron incorporando progresivamente diferentes colectivos que habían quedado excluidos del sistema público de la Seguridad Social porque no eran asegurados ni beneficiarios.
El Real decreto ley 16/2012 marcó un punto de inflexión en este proceso y recuperó los conceptos de “asegurado” y “beneficiario” vinculados a la condición de cotizantes a la Seguridad Social para definir quién tenía derecho y quien no a acceder gratuitamente a la prestación de atención sanitaria. Ya no eran todos como proclamaban la Ley General de Sanidad y el Estatuto de Autonomía de Cataluña; especialmente quedaron excluidos colectivos muy vulnerables como los inmigrantes sin papeles.
Su despacho trabaja con entidades del tercer sector, qué opinión tenéis respecto a la nueva ley de contratos del sector público y la atención a las personas y cúales son las posibilidades de la acción concertada social con las entidades del tercer sector social.
La nueva ley de contratos del sector público permite una nueva forma de establecer las relaciones entre las administraciones competentes en materia de servicios sociales de atención a las personas y las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Son los llamados conciertos sociales que se definen legalmente como un instrumento no contractual, esto quiere decir que quedan excluidos de la aplicación de la legislación de contratación pública.
Casi todas las comunidades autónomas han legislado sobre esta materia, unas dando preferencia a las entidades privadas sin ánimo de lucro en análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad con las entidades privadas con ánimo de lucro, y otros estableciendo la exclusividad de aquellas para el uso del nuevo instrumento. La manera como se han volcado las comunidades autónomas a legislar sobre la acción concertada social es un indicador de que las normas rígidas de la contratación pública no se avenían bastante bien con la regulación de la prestación de estos servicios sociales.
Una vez levantado, ¿qué efectos ha tenido la aplicación del artículo 155 de la CE en el sector de la salud y de los servicios sociales, desde el punto de vista jurídico?
La aplicación del 155 ha supuesto sobre todo la paralización de proyectos que aún no se habían puesto en marcha cuando el Senado adoptó la medida y una mayor rigidez y complejidad burocrática en la gestión del día a día que ha acabado influyendo en las prestaciones a los ciudadanos. Por ejemplo en Salud no se ha podido aprobar un nuevo Plan de Choque para disminuir el tiempo de espera.
¿Cuáles cree usted que son los retos a que se enfrenta nueva consejera de Sanidad, Alba Vergés?
La consejera Vergés y su equipo se enfrentan al reto de hacer funcionar un Departamento que asume el gasto de casi el 40 por ciento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña y que es vital para mantener la cohesión social. A corto plazo se tienen que adoptar medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública que han soportado estoicamente los recortes presupuestarios y recuperar las inversiones que han quedado prácticamente paradas los últimos diez años.
También tendrá que definir qué modelo de sistema público de salud quiere impulsar y esto determinará hacia donde tienen que formularse las reformas que necesita el sistema que fue diseñado hace más de 25 años para adaptarlo a los cambios, sociológicos, demográficos, tecnológicos y epidemiológicos que se han producido en nuestra sociedad. Espero que la consejera tenga tiempo para afrontar la reforma del sistema, que el clima político acompañe y que se busquen los consensos necesarios.
No corren los mejores tiempos por conceptos como la colaboración público-privada. ¿Cree que estamos en un momento en el que las decisiones son más ideológicas que técnicas en este punto?
La colaboración público-privada ha sido una de las características esenciales del desarrollo del sistema público de salud en nuestra casa. En estos momentos hay corrientes ideológicas que demonizan esta colaboración. Se habla de remunicipalización de servicios en el ámbito local, de desprivatización o publificación de los servicios públicos sin atender a otras consideraciones como la eficacia, la calidad, la rentabilidad económica y social. Todavía se confunde demasiado el servicio público con la forma de gestión. La insuficiencia prestacional y de capacidad inversora por parte de la administración pública sólo se puede suplir a través de fórmulas de colaboración con la iniciativa privada.
Cambiando de tema, usted es Presidente de honor de la Sociedad Catalana de la Mediación en Salud. Acaban de celebrar un Congreso. ¿Qué valoración hace?
El primer Congreso de Mediación en Salud ha sido un éxito total, tanto de participantes cómo de contenidos. Creo que en el futuro se hablará de un antes y uno después de la celebración de este acontecimiento del que ha salido un Manifiesto aprobado por todos los congresistas. El lema del congreso era “Estableciendo Redes” y se ha puesto la primera piedra para conocer y coordinar las experiencias que están poniéndose en marcha en las diferentes comunidades autónomas.
Creo que hay dos elementos, el desconocimiento y la desconfianza, por parte de aquellos, pacientes y profesionales, que tendrían que ser sus usuarios cuando se plantea un conflicto. La mediación cuenta cada vez con más apoyo institucional pero no es del todo suficiente. Y hay un último factor que tiene que ver con las compañías aseguradoras de responsabilidad de los profesionales sanitarios que se resisten a incorporar en sus protocolos la mediación impidiendo a la práctica que prospere.
No ayuda lo más mínimo a la difusión entre la ciudadanía de una cultura de negociación, diálogo y paz, los mensajes que llegan desde la política y de algunos medios de comunicación. Ganar los litigios, de la índole que sea, por 10 a 0 y hacer leña del árbol caído es todo el contrario del que pretende la mediación: que todas las partes en conflicto salgan ganando.
¿Cómo está funcionando la iniciativa Círculo de Salud, del que usted es fundador y secretario?
Muy bien. El Círculo de Salud nació para ser un foro de debate sobre políticas sanitarias y en su primer año de vida la actividad que ha desplegado ha sido importante, organizando charlas, jornadas y tomando posición ante cuestiones que afectan al sistema sanitario. Fuimos la primera entidad en posicionarse contra la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento que pretendía recuperar la universalización de la atención sanitaria por parte del Gobierno de España y organizamos el único debate sectorial que se celebró en nuestro país respecto a las elecciones del 21-D.
Ahora hace 10 años de su salida como Director Gerente del Instituto Catalán de Salud. ¿Qué valoración hace?
Mi tránsito por la dirección del ICS fue breve pero intenso. Conseguimos aprobar, con sólo dos abstenciones en el Parlamento, la ley por la que se transformaba el Instituto en una empresa pública, celeridad, amplio consenso político y paz social caracterizaron la tramitación de esta importante ley. Pero también impulsamos importantes proyectos como el de la autonomía de gestión de los centros de atención primaria, el programa del Paciente Experto, la gestión de la demanda aguda por el personal de enfermería, el código ético de la institución, la finalización del proceso de descentralización en las gerencias territoriales, la implantación de las direcciones clínicas territoriales, etc.. He de decir que tuve un gran equipo directivo. Así pues la valoración sólo puede ser más que positiva.
