“Cada caso de vulneración de derechos humanos es una amenaza al Estado de Derecho”

Antoni Mansilla.

Barcelona

Me reúno con Felipe Daza en una cafetería de Ciutat Vella, antes de entrar en un acto organizado por la asociación a la que pertenece: Defender a Quien Defiende. La trayectoria vital y profesional de Felipe Daza impresiona por su intensidad y su tenaz activismo. Daza estudió Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y se ha especializado en relaciones internacionales, construcción de paz y resolución de conflictos. Ha realizado estudios sobre la guerra de los Balcanes y conflictos africanos, y ha vivido durante dos años en Palestina, donde trabajó y participó activamente en movimientos de resistencia popular no-violenta. Ha desarrollado su carrera profesional también en Siria y en Irak, colaborando con colectivos de intelectuales para luchar contra las dictaduras de estos países. Actualmente es codirector de NOVACT, Instituto Internacional para la Acción No Violenta (www.novact.org), donde se desarrolla este tipo de acción como herramienta para la transformación social. También es miembro de la plataforma Defender a quien Defiende (www.defenderaquiendefiende.org), una coalición formada por personas defensoras de derechos humanos, periodistas, expertas legales, institutos universitarios y organizaciones que tiene como objetivo incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos en el Estado español.

¿Cómo surgió la iniciativa “Defender a quien defiende (DqD)“?

A través de mi experiencia profesional, he podido constatar cómo funciona, a nivel internacional, la represión y el control social. Hemos visto Estados donde se aplicaban leyes de excepción de manera continuada, y como los movimientos no-violentos se han organizado para resistir contra esto. A través de un estudio de los movimientos de resistencia en Palestina, en el instituto NOVACT hemos desarrollado las herramientas y metodologías para luchar contra la represión. Son precisamente este tipo de herramientas las que hemos querido aplicar en España. A partir de 2013/2014, en vistas de la deriva represiva que ha tomado el Estado español – reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, Ley de Seguridad Privada – creímos conveniente aplicar metodologías de estados que violan derechos humanos al Estado español.

Fue esta deriva represiva, entonces, lo que os impulsó a crear la plataforma DqD.

Efectivamente. No se puede comparar, obviamente, el contexto de España con el de Palestina. Para empezar, España ha ratificado tratados internacionales y también a nivel europeo que establecen una serie de garantías legales que refuerzan la tarea de Defender a quien Defiende y otras organizaciones de derechos humanos. Para la creación de la esta plataforma, nos pusimos en contacto con organizaciones antirrepresivas ya existentes en el Estado español. Nuestra organización tiene la sede principal en Barcelona, pero tenemos también sedes en Madrid, Bruselas y Rabat, entre otros, cosa que nos permite estar en contacto con los colectivos de cada ciudad. Vimos que la deriva represiva del Estado afectaba por igual a distintos territorios pero que faltaba coordinación. Entonces fue cuando planteamos el proyecto a diferentes niveles: el primer objetivo era crear una coalición geográfica – repartida por diferentes puntos del Estado – y multidisciplinar: comunicadoras, juristas, activistas y también trabajadoras psicosociales. De esta forma, nuestro proyecto se basa en crear un espacio seguro donde los movimientos sociales puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, como las libertades de manifestación y reunión, y para poder continuar con el proceso de transformación social surgido de la crisis del Estado de Derecho y democrático.

Por eso el enfoque multidisciplinar.

Correcto.

Desde Defender a Quien Defiende habéis creado un “Sistema de Alerta y Respuesta ante violaciones de Derechos Humanos”. ¿En qué consiste exactamente este sistema?

Esa es precisamente la metodología que aplicamos en Palestina, la cual se ha aplicado por la ONU en otros muchos contextos internacionales. El funcionamiento se plantea, en un inicio, como un sistema de alerta: tener un espacio donde documentar las violaciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Se crea entonces un Observatorio para documentar esos casos, es precisa una red de alertadores: personas que ya participan en colectivos defensores de derechos humanos y que se encargan de documentar esos casos, no sólo desde un punto de vista comunicativo, sino también jurídico. De hecho, recientemente hemos creado un formulario que hemos distribuido entre los alertadores de nuestra coalición para que tengan en cuenta datos como la identidad del agresor, los hechos, la situación de la víctima, el lugar de los hechos… Una vez los alertadores han hecho su trabajo, esta información se sistematiza. Hacemos una diferenciación entre dos tipos de casos. Estas situaciones pueden requerir una respuesta jurídica: en tal caso, planteamos litigios estratégicos, como supuestos específicos de agresiones policiales durante los sucesos de Can Vies, pero pueden también combinarse con una campaña comunicativa. De ahí la coalición: precisamos la unión de la respuesta jurídica y la comunicativa. Además, desde nuestra plataforma ofrecemos también un apoyo psicosocial para las víctimas de esas vulneraciones de derechos humanos.

¿Qué tratamiento dais a la información sobre los casos que os llegan?

Toda esta información recopilada sobre los casos nos permite hacer también otra tarea más a largo plazo, que consiste en la investigación sobre las estrategias de la represión y el control social por parte del Estado. A partir de ahí, desde Defender a Quien Defiende hacemos un informe, un análisis exhaustivo y multidisciplinar sobre el fenómeno de la represión, que nos permite identificar los patrones represivos e incidir en la transformación social y política. Ahora que vienen elecciones generales, estos informes son una herramienta imprescindible para poner estos temas en la agenda política.

Hablemos ahora de la financiación del proyecto. ¿Cómo se financia Defender a Quien Defiende?

Este proyecto se financia con fondos europeos, en concreto los EEA Grants, provenientes de Noruega. Nuestro proyecto fue genuino, proveniente de la sociedad civil y surgido de la experiencia de NOVACT en movimientos antirrepresivos.

Cuando una organización recibe financiación externa, a veces puede resultar difícil mantener su independencia. ¿Cómo salváis este problema?

Esta financiación inicial del EEA Grants fue la semilla para iniciar la organización, pero ahora nos planteamos diversificar los fondos. Por ejemplo, estamos trabajando con el colectivo IRIDIA (www.iridia.cat), nacido recientemente para la defensa de los Derechos humanos, con el que hemos conseguido un pequeño apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Pedimos también donaciones individuales, y queremos intentar conseguir financiación también del Consejo de Europa. No obstante, los fondos que recibimos nunca superan a los gastos, por lo que realizamos un trabajo importante en forma de voluntariado y no remunerado.

¿Cuáles son las principales dificultades con las que os encontráis para llevar a cabo vuestra tarea?

La coordinación plantea un reto importante: con los pocos recursos que tenemos, estamos vinculados con otras organizaciones y debemos dar respuesta a una demanda de ciudadanos que se han visto afectados por vulneraciones de derechos humanos y que no se pueden permitir pagar servicios de determinados profesionales, como abogados y psicólogos. Hay una gran necesidad de coordinación para dar una respuesta local, y debemos trabajar para crear herramientas estatales para llevar acciones conjuntas. Sin ir más lejos, esto nos permitirá próximamente llevar la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo el supuesto de la “víctima potencial”, una persona que puede cometer un delito o una infracción por el simple hecho de ejercer sus derechos y libertades fundamentales garantizados por el Derecho Internacional.

¿Qué mensaje os gustaría transmitir a la comunidad jurídica desde Defender a quien Defiende?

Nos gustaría trasmitir un mensaje doble. En primer lugar, es muy importante poder plantear los casos relacionados con vulneraciones de derechos humanos en un lenguaje que la mayoría de la población pueda entender, de forma que se entienda cada uno de los supuestos. Esto es fundamental para que los ciudadanos entiendan que estos casos afectan directamente a sus derechos civiles y políticos. Cuando se produce una de estas vulneraciones, la víctima sufre la soledad de enfrentarse ella sola a la denuncia o a la sanción correspondiente, e incluso a comparecer solos ante un tribunal acusados de terrorismo (como está ocurriendo recientemente con el “Caso Pandora”). La comunidad jurídica debe hacer el esfuerzo de argumentar la incidencia de cada caso concreto en que se vulneran derechos humanos, planteándolo como una amenaza al Estado de derecho en vez de como un caso aislado. Por otro lado, es vital que los juristas defensores de derechos humanos se articulen en una coalición más amplia. Las leyes cambian rápidamente, y aunque hay ya gente con mucha experiencia en este ámbito, necesitan más apoyo para dar respuestas más efectivas y sistematizadas ante violaciones de derechos humanos que pueden perjudicar el ejercicio de la vida democrática. A la vez, esas organizaciones cuentan con estos profesionales para actuar ante casos de vulneraciones de derechos, articulando así una respuesta mucho más efectiva ante casos de brutalidad policial, impunidad… De ahí la importancia de que la comunidad jurídica se articule y construya argumentos para difundir el impacto de estos casos de vulneración de derechos humanos a nivel social.