Susana Gisbert es portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y fiscal de Violencia de Género. Llegó a la fiscalía en el año 1992 después de superar las oposiciones, mientras que su carrera paralela frente a los medios empezó hace más de 6 años como portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Empecemos por lo sencillo… ¿Cuál es su función como portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia?
No tan sencillo… En esencia, me ocupo de las relaciones con los medios de comunicación, tanto en la faceta de emitir comunicados o notas de prensa como en la de dar respuesta a preguntas por asuntos en los que estimamos necesario fijar o aclarar la posición de la Fiscalía Provincial. Pero, como Fiscalía carece de Gabinete de Comunicación –al contrario de lo que ocurre con los jueces- se actúa también como un gabinete, proporcionando la información requerida por uno o varios medios de comunicación, concertando entrevistas, convocando ruedas de prensa y proporcionando una atención continuada a los periodistas que así lo demandan, tanto personal como por teléfono o correo electrónico. Mi despacho está siempre abierto a los profesionales de los medios de comunicación. Salvo, claro está cuando soy yo la que tengo que asistir a juicios o al Juzgado de guardia.
¿Cómo son las relaciones con los periodistas?
En general, son buenas, aunque hay un poco de todo. He encontrado grandes amigos entre los periodistas con los que trabajo a diario, y también he encontrado a algunos que no lo son tanto, aunque esto último es excepción y no regla. En cualquier caso, y salvo algún incidente puntual, trabajamos en un ambiente de respeto mutuo, profesionalidad e incluso camaradería.
¿Y son reacios los fiscales a relacionarse con los medios?
Aunque hay de todo, hay muchos que sí lo son. Queda todavía mucho temor a lo que vaya a salir publicado, y más todavía a que aparezca la imagen o el nombre del fiscal que actúa en cada caso concreto. Si bien admito que desde que asumí esta función he tratado de normalizar estas relaciones, y ya hay algunos compañeros que han superado sus reticencias a salir en los medios. Siempre trato de explicar que si el periodista quiere, la noticia va a salir igual, así que más vale que demos nuestra versión que vayan a buscarla a otras fuentes, no siempre todo lo objetivas que sería de desear.
¿Por qué es así?
Creo que partimos de una especie de temor ancestral a la prensa. Los medios de comunicación tienen el poder de transmitir nuestro trabajo al ciudadano, su destinatario final, y no siempre nos satisfacen los resultados. Algunos compañeros han tenido experiencias negativas, propias o ajenas, y se han sentido mal por cómo se ha publicado un asunto en que hayan intervenido. Y aunque eso es cierto, creo que se parte del error de generalizar, y hay quien cierra sus puertas a toda la prensa por culpa de lo que ha publicado un medio o un periodista concreto. Pienso que eso es algo en lo que hay que insistir, igual que hay que insistir en un cambio de mentalidad: estamos en la sociedad de la comunicación y nuestro trabajo está en un escaparate permanente. Por eso apuesto por saber usar ese poder de los medios del que hablaba, el de transmitir a la opinión pública nuestra labor, para hacer llegar todas las cosas buenas que se están haciendo y, de paso, para comprender cuál es nuestra función y hasta nuestros límites. No somos legisladores, ni tenemos el poder de hacer todo lo que, desde el desconocimiento, nos exigen en ocasiones, y creo que es necesario hacerlo ver así al ciudadano al que nos debemos
¿Cree que cambia mucho cuando nos encontramos con casos mediáticos como el de Bárcenas o Puyol?
En teoría no cambia nada ni debe hacerlo, todos somos iguales ante la ley. Y, aunque es evidente que es nuestro trabajo velar porque así sea, no podemos evitar sentirnos agobiados o angustiados cuando la puerta de un juzgado o una sala donde vamos a hacer nuestro trabajo está llena de cámaras, micrófonos y grabadoras. Pero una cosa es sentirse agobiado, y otra muy distinta presionado. Somos profesionales y es parte de nuestra profesión no ceder ante este tipo de presiones. Cuando a un Fiscal le corresponde llevar un asunto de este tipo, sabe de antemano que esto va a pasar, y lo asume y actúa en consecuencia. No puede ni debe ser de otro modo.
¿Y llama la prensa a la puerta de la fiscalía en búsqueda de opiniones políticas?
Por supuesto. Su trabajo consiste en encontrar la noticia y llama la puerta en busca de cualquier cuestión que pueda interesar. Pero contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Todos somos conscientes de que, como fiscales, no podemos dar opiniones políticas. Otra cosa es cómo se interprete el término “políticas”.
En este sentido, seguramente conocerá del expediente que abrió Torres-Dulce a Martín Rodríguez Sol por sus declaraciones sobre el futuro político de Cataluña. ¿Sobre qué y sobre qué no debe expresarse un fiscal?
Un fiscal no puede emitir, en el ejercicio de su profesión o con ocasión de ella, opiniones políticas, ni dirigir felicitaciones o reproches a los poderes públicos por su actuación. Eso es lo que dice nuestro Estatuto Orgánico. Pero lo difícil en este y otros casos es la interpretación de lo que se consideran opiniones políticas. Lo que para uno puede ser una opinión política para otro puede no serlo. Y también entraña una enorme dificultad discernir cuándo se habla como fiscal y cuándo como ciudadano. Como ciudadanos, gozamos de la misma libertad de expresión que cualquier otro, aunque no siempre es fácil discriminar cuando se habla en uno u otro concepto.
Háblenos un poco sobre la percepción que cree que tiene la sociedad respecto a su institución.
Creo que la sociedad nos percibe como algo lejano y casi sacrosanto. Primero, porque a veces sólo ven la punta del iceberg, asuntos mediáticos donde todo el mundo se cree con derecho a opinar sin saber, o actos solemnes, como el de apertura del año judicial, cuya puesta en escena les hace percibir la justicia como algo rancio. No se conoce el día a día de los juzgados y fiscalías, el trabajo diario, la batalla contra la falta de medios personales y materiales, los kilómetros que hacemos con la toga a cuestas ni el estrés de nuestro trabajo. Se tiene la idea de que somos unos privilegiados con un trabajo cómodo y un enorme sueldo. Y aunque en cierto modo sí somos privilegiados por el hecho de tener un trabajo, y que además sea un trabajo como éste, con un componente importante de vocación, más de uno queda boquiabierto cuando comprueba nuestras condiciones de trabajo o el montante de nuestra nómina.
De todos modos, creo que nuestra actitud en muchos casos contribuye a alimentar esa concepción rancia y “viejuna” de la justicia. Somos un servicio público y nos debemos al ciudadano. Deberíamos cambiar de mentalidad, adaptarnos a los tiempos en muchas cosas y salir al ruedo más veces, en vez de atrincherarnos en nuestros despachos. Y deberíamos “vendernos” mejor, sin duda alguna.
He leído declaraciones suyas sobre la concepción americana de la fiscalía que tiene la sociedad…
La sociedad bebe de lo que ve en las pantallas de la televisión, el cine o internet. Ocurre con nosotros y ocurre con los jueces. Como anécdota, apunto que a día de hoy todo el mundo da por sentado que los jueces usan mazo cuando ésa es una costumbre anglosajona ajena a la tradición española, que siempre había usado campanilla o timbre.
En cuanto a los fiscales, todo el mundo tiene en la cabeza las películas americanas, donde el de fiscal es un puesto con claras implicaciones políticas, y tiene entre sus aspiraciones la de medrar en este aspecto -casi siempre llegar a Gobernador del Estado- De ahí vienen muchas confusiones sobre nuestra labor. Como también viene la de considerar al fiscal como un acusador público, cuando nuestra misión no es esencialmente ésa sino la de defender la legalidad. En gran parte de los casos acusamos, pero en otros no, además de la importantísima labor en otras materias como la protección de menores y personas desvalidas, de las víctimas de violencia de género y de otros delitos, y de la intervención en otras materias como la social o contencioso administrativa, casi por completo desconocidas.
Otro de los clichés heredados de las películas americanas y no suficientemente explicado es el de la posición de superioridad del juez sobre el fiscal. Por ejemplo, vemos en esas películas que todo el mundo se levanta cuando el juez entra en la sala. En nuestra justicia, los jueces y los fiscales somos iguales por ley en cargos, honores y consideraciones –y en sueldo, por cierto-. De hecho, la oposición para ingresar es la misma. Aunque en la práctica, no siempre nos sentimos igual tratados, dicho sea de paso.
¿Trabajan en algún sentido para que la sociedad comprenda mejor cuál es la realidad del trabajo de la fiscalía?
En teoría no hay mejor modo de hacer comprender nuestra labor que el trabajo diario. Pero hemos de asumir que no siempre es así y nos queda un largo camino que recorrer en materia de comunicación. Contamos con la Instrucción de la FGE 3/2005, que regula las relaciones con los medios de comunicación en unos términos muy amplios y destinados a ofrecer una visión más real de nuestro trabajo. No hay que olvidar que el art. 4 de nuestro Estatuto Orgánico nos atribuye la función de “informar a la opinión pública”. Pero esta faceta de la labor del fiscal parece estar a veces olvidada o menos desarrollada de lo que sería deseable a mi juicio, pese a que la Instrucción es un buen marco para llevarlo a cabo.
Desde la Fiscalía Provincial de Valencia tratamos de dar cumplimiento a esta función, tanto con una permanente accesibilidad a los medios de comunicación que demandan alguna información como emitiendo notas de prensa o convocando ruedas de prensa cuando estimamos preciso dar a conocer una información o cuál ha sido la labor de la fiscalía en determinado terreno. Pero como en tantas cosas, los medios materiales y personales no nos acompañan y una buena dosis de voluntarismo es el único modo de llevarla a cabo.
La semana pasada saltó en la prensa que la Fiscalía de Valencia admitió que hubo errores en la investigación de supuestos casos de niños robados. ¿Cómo lo gestionasteis comunicativamente?
En primer lugar, he de aclarar que esa “admisión” es una transcripción sesgada de lo que se dijo. Lo que se afirmó, como parte de una rueda de prensa al efecto, es que en algunos casos la investigación no había sido completa porque no se nos habían trasladado todos los datos de que disponían los denunciantes, hecho admitido por éstos. Y, como no puede ser de otro modo, se dijo que en el momento en que se aportaran, se incorporarían a lo actuado para reabrir el asunto en cuestión si procedía.
En cuanto a la gestión de este asunto, dada su repercusión mediática y la sensibilidad de los datos, se ha hecho de un modo cuidadoso, tratando de compaginar la total transparencia por la que apostamos con el derecho a la intimidad de los afectados. Se ha dado cumplida información de todos los avances de la investigación mediante las oportunas notas de prensa, aunque omitiendo los datos que pudieran afectar a la intimidad, como el momento y lugar concreto en que se iban a realizar las exhumaciones, para evitar que un momento tan íntimo y delicado pudiera convertirse en un circo mediático. Se han emitido, asimismo, notas de prensa para explicar y fijar la actuación de la fiscalía ante las manifestaciones parciales hechas por alguna de las partes. Y, finalmente, se convocó una rueda de prensa, a la que se invitó a los representantes de las asociaciones afectadas, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que habían intervenido en la investigación, para explicar aquellas cuestiones que fueran necesarias. Los citados representantes accedieron y, tras una reunión previa, se realizó la rueda de prensa conjunta que acabó, a nuestro juicio, con óptimos resultados. No sólo porque todo el mundo pudo conocer la gran labor realizada y la intención, de acuerdo con los afectados, de seguir realizándola si aparecen otros datos, sino también por la clara apuesta por la transparencia desde esta Fiscalía.
¿Y cómo cree que debe actuar el Portavoz de la Fiscalía frente a casos tan mediáticos cómo el de José Bretón o Marta del Castillo?
Exactamente como en cualquier caso, informando con profesionalidad, objetividad y transparencia. Por supuesto, con todo el cuidado que asuntos tan sensibles requieren, más aún cuando en el tema está relacionado con menores de edad, cuya intimidad y propia imagen hay que proteger a ultranza. La labor del Portavoz es, esencialmente informar. Otra cosa es que, como fiscal, pueda dar traslado al fiscal a quien le corresponda actuar para proteger los derechos de ese menor, si aprecia vulneración de los mismos en el tratamiento de algún medio del asunto.
Por otro lado, la experiencia me ha enseñado que suele ser más efectivo dar un paso adelante e informar a todos los medios del estado procesal o de alguna parte importante del asunto de que se trate, si es especialmente “mediático”, que esperar a que vayan saliendo cosas de aquí y de allá y tener que salir luego a dar explicaciones. Siempre, por supuesto, dentro de los límites que nos marca el secreto del sumario y la reserva de las actuaciones aunque no se hayan declarado secretas, en pro de preservar los derechos de todos y no frustrar las investigaciones, como bien refleja la Instrucción a que me he referido. Esta decisión de dar un paso adelante evita el asedio periodístico en muchos casos, suele atajar la publicación de diferentes versiones basadas en rumores, opiniones –interesadas o no- y hasta filtraciones y nos confiere un derecho a reclamar rectificaciones o aclaraciones en el caso de que lo publicado no responda a la información que hayamos proporcionado.
Hablando sobre la gestión de la comunicación en la Fiscalía, a su parecer cómo debería actuar el portavoz de la Fiscalía frente a un caso como el ocurrido a finales de verano dónde Dignidad y Justicia (DyJ) pidió al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la dimisión “inmediata” del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, por sus “continuos coqueteos con el mundo de ETA y su entorno”.
Sin necesidad de entrar en el caso concreto, cualquier fiscal que se sienta ofendido o menospreciado en su función como tal puede pedir el amparo ante el órgano de la Fiscalía correspondiente, como ocurre en los jueces. En estos casos el Portavoz no puede más que actuar como vehículo si el mismo quiere responder o la Fiscalía quiere emitir algún comunicado de apoyo o de aclaración. Por supuesto, en el caso de que por la Fiscalía General o el Consejo Fiscal se hubiera emitido algún comunicado otorgando el amparo, sería función del Portavoz transmitirlo de inmediato a todos los medios de comunicación.
Pero en muchos casos, hay un problema añadido. Según dispone la Instrucción, el Portavoz de cada Fiscalía será el jefe respectivo o persona en quien él delegue. Si se aúnan en una misma persona las funciones de Portavoz y Fiscal Jefe, la cuestión, si se trata del ofendido, se torna más complicada todavía. En mi particular y personal opinión, sería deseable el desdoblamiento de ambas funciones y no su asunción por una sola persona.
¿Hay coordinación comunicativa entre la Fiscalía General del Estado y las fiscalías provinciales?
A mi juicio, hay mucho menos de la que sería deseable. Creo que, como he dicho, tenemos un largo camino que recorrer en esta materia. Aunque sí que existe comunicación entre la Fiscal Jefe y la Fiscalía General del Estado en asuntos de trascendencia mediática “nacional”, no existe ningún cauce de comunicación directa con los portavoces, ni tampoco comunicación en asuntos cuya transcendencia no es tanta, por más que concentren la atención de los medios de comunicación locales e incluso nacionales- un día tras otro. Aunque parezca mentira, no dispongo ni siquiera de un listado con nombres, teléfonos o direcciones de correo de portavoces de otras fiscalías, ni información acerca de dónde es portavoz el propio jefe y dónde hay un fiscal portavoz distinto.
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de Secciones de la Fiscalía, no hay reuniones periódicas de portavoces – ni ha habido ninguna desde que yo asumí el cargo, hace más de 6 años-. Tampoco hay directrices conjuntas ni cursos de formación y, los que hay, están destinados a fiscales jefes sin que se prevea que pueda acudir quien ostenta la condición de portavoz y no una jefatura. En mi caso, y salvo un taller de 1 día al que acudí una sola vez, -destinado a portavoces de todo tipo, incluidos de asociaciones profesionales, que no me consta que se haya repetido- y me fue enormemente útil, soy totalmente autodidacta, como imagino que todos mis compañeros.
Y ya que tengo oportunidad, aprovecharé para hacer ver la carencia absoluta de medios o previsión al respecto en esta materia. Tan sólo un móvil –sin internet- y una cuenta de correo electrónico. No hay nadie que me sustituya cuando estoy en juicios o en el juzgado de guardia, o cuando tomo vacaciones o estoy de curso, no hay ninguna previsión de atención fuera del horario de trabajo más allá del voluntarismo del portavoz correspondiente, ni de reconocimiento al respecto. Y como todos sabemos, la actualidad no respecta horarios ni festivos y, o se atiende al teléfono, o se da una imagen de inaccesibilidad que en nada nos favorece. Como he dicho, nos queda mucho camino. Y la buena voluntad, que la hay, no puede solucionarlo todo.
