Son las doce del mediodía y nos dirigimos a su despacho. Allá está, ante el ordenador, trabajando. Nos dice que acaba de leer una propuesta de un convenio colectivo. Se le ve tranquilo y cómodo, con ganas de explicar una idea en la que cree firmemente, la Renta Garantizada de Ciudadanía, de la cual es miembro de la plataforma impulsora de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Cataluña. Encontramos un lugar cómodo y empezamos a hablar…
Sixte Garganté Petit ha sido director del Centro de Estudios e Investigación Sindical (CERES) de CCOO de Cataluña y actualmente es profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra.
¿De dónde surge la idea de la ILP?
¿Quiénes son sus promotores?
Los promotores iniciales son las asambleas de parados y paradas, en verano del 2011, cuando la Generalitat deja de pagar el PIRMI. Estas asambleas se pusieron en contacto con sindicatos, movimientos sociales vinculados a trabajadores sociales, el 15-M y con sectores vinculados a la Iglesia, como por ejemplo “Justícia i Pau” o Cáritas. Finalmente, se incorporan PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP. Hay un abanico ideológico amplio de apoyo.
¿Qué es la Renta Garantizada de Ciudadanía?
Es un derecho subjetivo, individual, de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por Ley, a cobrar una prestación económica mensual siempre y cuando estén por debajo del umbral de la pobreza. Este sería un derecho no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni condicionado a la obligación de realizar actividades de inserción sociolaboral.
¿Y qué requisitos se tendrían que cumplir para tener el acceso al derecho?
El principal requisito es económico, es decir, se tendría que estar por debajo del umbral de la pobreza, ingresos inferiores a 664€ mensuales. También se tendría que ser mayor de edad (a excepción de menores emancipados), que se viva legalmente en Cataluña y que se esté empadronado en un municipio de Cataluña, como mínimo, 12 meses antes del momento de hacer la solicitud.
¿Por qué 664€ mensuales?
Porqué en Cataluña hay vigente una ley desde el año 2006 que establece indicadores de rentas de supervivencia para calcular estados de necesidad y en ésta se establecen los 664€. Es decir, no hemos hecho cálculos matemáticos, simplemente hemos reproducido esta cantidad establecida legalmente. Vale decir que ésta es una cantidad inferior al SMI (645×14 pagas). Además, estamos hablando de una prestación de carácter suplementario. Esto quiere decir que quien cobre otra prestación o salario inferior a 664€, tendrá derecho a una cuantía de la Renda Garantida de Ciudadania hasta llegar a los 664 mensuales.
¿Y los beneficiarios, qué obligaciones tendrían?
Fundamentalmente, dar a conocer los ingresos y patrimonio. Esta obligación no se agota en el momento de hacer la solicitud sino que es permanente. El incumplimiento de esta obligación, como va ligada con el derecho, podría suponer la pérdida de este. Y, por otro lado, las Administraciones Públicas tendrían la facultad de acceder al control de los ingresos del beneficiario que obtenga por cualquier motivo.
Y, si ponemos por el caso, la persona beneficiaria rechaza una oferta de trabajo, ¿qué sucede?
Nosotros queremos que la ley sea la reivindicación de otro derecho, como es el derecho a trabajar. De tal forma que si alguien rechaza una oferta de trabajo, decae en su derecho a la prestación. El problema es, pues, el control de las ofertas de empleo tanto públicas como privadas.
¿Qué coste tendría la Renta Garantizada de Ciudadania? ¿De cuántos beneficiarios estaríamos hablando?
Aproximadamente, unos dos mil millones de euros anuales, es decir, alrededor del 5,9% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña y, según nuestras estimaciones, habrían unos 640.000 beneficiarios.
¿Y esto, se puede pagar?
¿Estas 640.000 personas son ciudadanos de Cataluña? Sí. ¿Si son ciudadanos de Cataluña, tienen derechos? Sí. ¿Cuáles? Los que se deriven de la situación en la que estén. En definitiva, tenemos que poner sobre la mesa si estas personas tienen derechos y ver cómo se prioriza el reparto de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué todavía hay escuelas privadas del Opus Dei cobrando concierto por ejemplo? Además, la Generalitat ya se gastó unos 400 millones de euros en el ámbito de la pobreza. No se parte de cero. Y a la vez, se tendría que hacer una reordenación de todas las prestaciones en el ámbito de los servicios sociales. Apostamos por la derogación del PIRMI, por ejemplo. Así se liberarían fondos. Esta reordenación también generaría ahorro de gestión. También, desde la Comisión Promotora entendemos que si se lucha eficazmente contra el fraude fiscal, la recaudación podría servir para afrontar el pago de la RGC.
¿Cuáles son las líneas rojas, aquello no negociable, para la Comisión?
El carácter de derecho subjetivo e individual, clarísimamente. Tenemos que regular un derecho, no una subvención. Todos los otros contenidos son objeto de debate, incluida la cuantía.
¿Hay algún país con un modelo similar al de la Renta Garantizada de Ciudadanía?
No, pero hay cosas que se asemejan. Por la cuantía, la renta mínima del País Vasco (650€). Hay un modelo bastante similar pero que es incomparable, por el número de ciudadanos, el de Alaska.
