¿De qué se ocupa Ingenieros Sin Fronteras?
Todo empieza con la Ley Ómnibus, que establece que todas las infraestructuras ATLL pasaran a ser competencia de la Generalitat, a la vez que prevé la disolución de la entidad. De este modo, en virtud de esta Ley, en agosto de 2012, la medida empieza a hacerse efectiva y se abre el proceso de licitación en el que se presentan dos empresas y, posteriormente, se resuelve el 6 de noviembre favorablemente a Acciona.
Correcto. Entonces, Aguas de Barcelona (Agbar) lo denuncia al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) porque considera que hay trato a favor hacia Acciona. El OARCC fue creado por la Generalitat en 2011 como un órgano adjunto a la presidencia y formado por una única persona. Dispone de cierta independencia pero la designación de este componente depende de la presidencia.
Y entonces, ¿cuál es exactamente la denuncia que interpone Agbar?
Agbar denuncia la resolución ante este órgano porque argumenta que en un proceso de licitación se establecen unas condiciones con el objetivo de conseguir los mejores resultados y asegura que Acciona las ha alterado.
¿Eso se sabe a ciencia cierta?
Sabemos que en algunos apartados ha obtenido una puntuación de cero. Agbar considera que por haberlas alterado no merecen un cero, merecen la expulsión del concurso directamente. Por el contrario, también hay quien dice que la propuesta de Agbar altera esta misma cláusula.
Juego sucio… ¿cuál es el posicionamiento del OARCC al respecto?
El OARCC da la razón a Agbar. Este órgano es ejecutivo y aunque la Generalitat ya había cobrado parte de lo establecido en el contrato con Acciona, el OARCC cancela todo lo que se había producido en noviembre.
¿Qué podría suponer para el Gobierno de Cataluña un órgano adjunto a la presidencia contra la Generalitat?
Con la cancelación de los actos acaecidos hasta el momento, la Generalitat no cumpliría el déficit, de modo que para resituarlo interpone un contencioso-administrativo de medidas cautelares de urgencia contra este órgano. De este modo, la Generalitat se denuncia a ella misma ante los tribunales para invalidar la resolución que había tomado a favor de Agbar.
Entonces, ¿cuál es la situación actual?
Este contencioso-administrativo se tiene que resolver como máximo en dos o tres semanas, y en su resolución intervendrán muchos factores. Hay muchos matices: de quién depende este órgano, Agbar pide ver la propuesta de Acciona y la Generalitat dice que no. Agbar por su parte interpone un contencioso-administrativo a la Generalitat porque considera que se le tiene que facilitar la información… Periodo de contenciosos y acusación de criminales como pelotas de tenis.
¿Es cierto que se acuerda la privatización dos o tres días antes de finalizar el año como una estrategia de la Generalitat para cumplir con el objetivo de déficit?
Eso parece, pero hay quien dice que no se puede contabilizar. La Generalitat tiene que cerrar 2012 en un nivel de déficit y computa los 1.000 millones de esta privatización, pero en realidad solo cobra 300 en efectivo y los otros 700 son a 50 años.
Por lo tanto, si contabilizamos los 1.000 millones de euros, hay 700 que no existen…
Sí, hemos intuido que puede ser que para conseguir una de estas dos estrategias, como se trataba de una deuda, se computa la de la Generalitat y la de las empresas públicas (ATLL tenía 700 millones de deuda, de manera que esta deuda pasa a la concesionaria) pasa a ser deuda privada. La otra opción es que si en la concesión a 50 años se regula que se cobrarán 1.000 millones de euros, la Generalitat declara que los tiene y ya los irá cobrando como si se tratara de un préstamo. Es pura economía virtual o ingeniería financiera, no está claro si lo pueden hacer, pero sí que los han contabilizado.
Hay que ver…, y ¿cuáles son las consecuencias de esta privatización?
Esta situación ya empieza antes de la privatización. En julio aumenta un 70% el precio de la tarifa de ATLL.
¿Una empresa que está a punto de desaparecer aumenta la tarifa?
Claramente se ve que se está buscando facilitar la privatización. Parte de la subida responde a un servicio deficitario y la otra parte responde a la incorporación de elementos lucrativos: Acciona tiene que ganar 1.600 millones de euros en 50 años, el impuesto de sociedades del 1 % ahora es de un 9 %… Por esta razón, hay elementos de la tarifa que consideramos inmorales.
No es para pagar el agua sino para pagar la empresa…
Sí, sí, dinero. Además, estos 300 millones de euros que ya ha dado, también los tendrá que recuperar, de modo que la deuda ha aumentado. También se debe tener en cuenta que ahora Acciona tiene el control y domina gran parte de la información. Por ejemplo, el agua más barata es la del Ter, por eso, olvidémonos de devolver el agua al Ter. Optimizarán los beneficios cogiendo agua de este río.
En definitiva…
Estamos introduciendo un elemento que distorsiona la política hidráulica de este país.
¿Cuál es la reacción de la plataforma catalana “Aigua és vida” respecto esta situación?
Nosotros promovimos una moción que denunciaba todo eso. Se sumaron 35 municipios y dos de ellos, Vilafranca y Vilanova, fueron más allá: parte de las infraestructuras para conectarse en alta1 se pagaron con los presupuestos municipales y de la Generalitat (financiación mixta), de modo que, como ahora se ha otorgado a un concesionario, se ha producido una expropiación. Si se da el caso, se debería indemnizar a los municipios porque, de no hacerlo, se trataría de una expropiación indebida y podría ser inconstitucional.
Parece que no tiene muchos aspectos positivos…
Pocos, además, otro elemento es que no formaba parte de ningún programa electoral. Ahora la tarifa aumentará, el medio ambiente saldrá perjudicado, y el servicio se deteriorará: el usuario pasa de tener un ente con finalidad pública a estar en manos de una junta de accionistas que quiere maximizar el beneficio.
¿Cómo pueden conseguir maximizar el beneficio?
Subiendo la tarifa y a través del mercado de input secundario. Es decir, si hay que hacer una reparación, Acciona lo solicitará en una de las empresas con las que esté asociada.
El negocio queda en casa.
Exacto. Además, se reducen los gastos con políticas laborales: a través del despido y la no realización de mantenimiento e inversiones.
En resumen…
Ahora pasaremos de una empresa ejemplar que en 2010 ganó el premio a la segunda mejor empresa del mundo en temas relacionados con el agua a un deterioro forzado del mismo servicio.
¿El control es completamente privado? ¿La Generalitat ha perdido todo tipo de competencia?
Sí, Acciona tiene un 39% de las acciones, el banco brasileño, otro 39%, y el resto está en manos de otros inversores (empresas catalanas).
¿Se justifica como un tipo de recorte necesario en un contexto de crisis?
La Generalitat se justifica diciendo que primero lo privatizaba porque el sector privado es más eficiente, pero eso es totalmente falso (premio 2010). El segundo argumento es que se tiene que hacer frente a la deuda (la empresa tiene una deuda de 700 millones). Ahora la Generalitat tiene 300 y no pretende enjugar la deuda; tiene otras prioridades. Si la empresa sigue siendo viable con una subida de tarifa, no tiene porqué enjugarlo en los próximos años. Tercer argumento: para hacer frente al déficit ya has pedido 9000 millones de euros al fondo de liquidez español, ¿por qué no 9.300?
¿Hasta qué punto estas prácticas nos salvan de la crisis económica?
En ningún caso. El agua no debería ser un activo financiero bajo ningún concepto, no puede ser que a través del recibo del agua empecemos a pagar los desfalcos…hay que valorar hasta qué punto es lícito que, cuando pagas el agua, también estés pagando el AVE, porque eso puede ocurrir.
También es importante analizar de dónde viene el déficit de estas empresas públicas, ¿no?
Sí, porque ATLL era rentable. Sin embargo, con la sequía, la Generalitat le encargó unas obras de las que no se hizo presupuesto. Pensamos que todo ha sido orquestado: hay una empresa viable, se la carga de deuda y, cuando económicamente está totalmente afectada, se le abre las puertas a la privatización.
Algo huele mal…
Además, el interés de Agbar por quedarse con ATLL se debe a que Aigües de Barcelona ya controla más del 80% de los municipios en baja. De este modo, se estaría ofreciendo el agua a ella misma en el 80% de los casos. El mayorista sería minorista. Este hecho también va en contra de las leyes de competencia por un abuso de mercado, por situación monopolística. Incluso la UE lo ha regulado en materia de energía y agua, por ejemplo Suez, que sería como Agbar en este caso, ya ha recibido sentencias por abuso de mercado.
¿De modo que puede que la resolución pendiente salga negativa?
Exacto. De hecho, que el OARCC dé la razón a Agbar no implica que esta tenga que ser quien se quede con la empresa, sino que se tendría que abrir otro concurso. Si pasara tal cosa, nosotros sacaríamos toda la maquinaria. Se trata de una empresa pública, hoy en día es viable y a ver quién se atreve a abrir otro proceso de licitación habiendo acabado tan mal con los tribunales.
¿Habéis recibido el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios?
Sí, sobre todo desde ICV y la CUP. ERC ha mostrado mucho apoyo a la zona del Ter pero menos en el área metropolitana y, recientemente, Ciutadans también se ha acercado. El PSC hace un trabajo a medias y por parte de CIU y PP no hay una disposición a hablar.
¿Se puede deshacer esta privatización?
Es complicado pero sí. Ahora Acciona ya dice que si se tiene que deshacer, ya ha pagado 300 y que le tenemos que devolver 400. Si anulas el contrato te sacan un ojo de la cara, no apelan a la justicia regular del país sino que se van a tribunales internacionales: al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial y preserva el interés comercial. Se trata de un tribunal que regula contratos de este tipo; entre empresas privadas y estados.
Pase lo que pase, a partir de ahora, todos los ciudadanos perderemos.
Pasemos ahora a la gestión del agua del área metropolitana. ¿Cuál es el origen de la controversia?
En el 2010 hay una sentencia judicial que evidencia que no había gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona. Un usuario recibe una factura totalmente desproporcionada porque tiene un escape y no lo paga. Cuando alcanza los 4.000 o 5.000 euros, le cortan el agua, de forma que él reclama que no ha consumido el coste del agua que le reclamaban.
Lo que tenía que ser un mero trámite acabó por destapar un escándalo…
Para resolver el caso, el juez pide al Ayuntamiento y al Gobierno de Barcelona el contrato y la manera donde se fija la tarifa, pero no lo obtiene. El juez dice que ante esta situación puede afirmar que no hay una regulación en Barcelona, después se observa que se extiende al área metropolitana y que nos encontramos en una situación ilegítima y se nos cobra una tarifa ilegal (se cobra el IVA).
Claro, pero esta situación no está sujeta a juicio…
Exacto, el impacto es grave, pero no es lo que tenemos que tratar, de manera que el juez absuelve al usuario pero en el desarrollo de la sentencia se revela una situación totalmente descomunal.
¿Cómo responde la Administración?
Se prepara una estrategia, pero es como una huida hacia adelante, decide que se creará una empresa mixta con un 15% de capital público (proviene de la empresa pública de saneamiento EMSA) y un 85% privado (Agbar). De este modo, Agbar, de facto, ya desempeñaba esta función y se entiende que es el único concesionario que puede hacer un servicio de tal magnitud.
¿Pero debería haberse celebrado un concurso?
Sí, La adjudicación fue directa, sin licitación pública. De hecho, se han interpuesto tres contenciosos-administrativos por parte de la competencia (Acciona, Aqualia y Aigües de València S.A.) porque eso va en contra de la ley de libre concurrencia. Además, pagaremos 190 millones por valoración de activos que no tiene ningún tipo de peritaje externo. Y se invaden competencias de la Generalitat, que también interpuso otro contencioso-administrativo de suspensión cautelar.
De este modo…
Aunque ya existe un acuerdo, la empresa todavía no se ha constituido porque tiene 5 contenciosos. El quinto proviene de un anónimo que denuncia la subida de tarifas que supondría esta situación.
¿Cómo se justifica el área metropolitana?
Se ampara en que la adjudicación a dedo es posible en caso de que sea imposible que otra empresa pueda hacer frente a la operación. Eso es absolutamente falso porque hay otros operadores como Aqualia, que a nivel estatal tiene la misma fuerza que Agbar en Barcelona o Acciona. Por eso, nosotros creemos que tenemos indicios de prevaricación de la administración pública a sabiendas de que faltaba un contrato y, además, de apropiación indebida por parte de la empresa privada.
¿Tenéis pensada alguna acción?
Nos estamos planteando hacer una denuncia. Toda esta situación se encuentra estancada por los contenciosos, y es por eso que nos da fuerza. Además, es una cuestión que sorprende porque con ATLL era Generalitat contra Generalitat, ahora es Mas contra Trias.
1 Existen dos tipos de gestión del agua: gestión en alta (desde las fuentes del recurso hasta el depósito) y la gestión en baja (del depósito a las casas).
