Cambios que preocupan y reformas que causan malestar y protestas. Esta es la situación que viven los estudiantes de Derecho desde que entró en vigor la Ley de Acceso a la Abogacía. Según la nueva legislación, los graduados y licenciados deberán ampliar su formación jurídica obligatoriamente una vez hayan terminado los cuatro años de formación básica. Esta medida ha levantado ampollas entre el colectivo estudiantil. Sin embargo, José Vilajossana, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, cree “necesaria” la especialización de los estudiantes y no tiene pelos en la lengua a la hora de explicar cuál sería, en su opinión, el sistema de pago universitario “ideal” de acuerdo con “criterios de equidad y justicia”. Tampoco deja de lado los retos de la profesión y las reflexiones sobre el método de enseñanza.
En primer lugar, habría que saber qué quiere decir internacionalizar: se trata de un concepto amplio que muchas veces se utiliza en vano.
Nos podríamos referir a preparar a los abogados para ejercer en otros países de la Unión Europea.
Tiene sentido que si los estudiantes se gradúan con títulos homologables en los demás países de la Unión, les preparamos para ejercer en estos países. Aunque yo creo que una mayor presencia de aspectos de derecho comunitario o internacional en la formación de futuros juristas puede ser más eficaz para la participación en organismos internacionales que para el ejercicio de la abogacía en otros países, no es factible tener que estudiar el derecho positivo de cada Estado.
Pero actualmente con la globalización es difícil pensar que alguien puede ejercer la profesión limitándose al derecho interno. ¿Qué se podría hacer?
Lo que podemos hacer desde la Facultad es explorar dobles titulaciones con facultades de otros países que sean atractivos para los estudiantes, hacer convenios con universidades extranjeras o dar las clases en inglés para dar competencias “internacionales” a nuestros estudiantes.
Y si hablamos en clave interna, ¿no cree que se debería poder ejercer directamente después del Grado? La entrada en vigor de la Ley 34/2006 supone un cambio en las vías de acceso a la abogacía y obliga a los graduados de derecho a estudiar un máster universitario y a pasar un examen oficial después de los cuatro años de formación básica.
Creo que el máster es necesario para la especialización, si alguien quiere ser juez tiene que prepararse unas oposiciones. Creo que es lógico que si uno quiere ser abogado también tenga un plus de formación, y esto es lo que nos acerca a los países europeos.
Pero esto es un gasto adicional para los bolsillos de los graduados/licenciados y que no todos podrán permitirse. Teniendo en cuenta también la subida de tasas del último año, ¿cree que se están excluyendo estudiantes del sistema por motivos económicos?
A mí no me parece justo el sistema actual, creo que por equidad cada uno debería pagar en función de la renta, estoy hablando de introducir criterios de equidad y justicia en el sistema de pago de las universidades. Creo que quien pudiera costearse el 100% de los estudios universitarios debería pagar la totalidad de su coste. De este modo podríamos crear un fondo de becas suficiente para ofrecer la gratuidad a aquellos ciudadanos de renta más baja. Ahora bien, esto requeriría un control real de lo que tiene cada uno.
Un control que hoy por hoy no tenemos.
Cierto. Este modelo sería factible y viable si la administración pudiera tener información sobre cuáles son los ingresos reales de la población, pero actualmente solo somos capaces de controlar la renta a través de la nómina.
Este nuevo sistema implicaría un cambio radical en el concepto que tenemos de “servicio público”.
Sí, pero creo que todo el mundo debería contribuir por igual de acuerdo con sus capacidades económicas. Lo que no tiene ningún sentido es que haya gente que pague más en la escuela secundaria que en la universidad.
¿Sería necesario este cambio actualmente?
Estoy hablando de un sistema que considero “ideal”, pero soy consciente de que en el escenario actual (donde no gozamos de mecanismos realmente eficientes para calcular de forma exacta la renta y los bienes de cada uno) instaurar este modelo resultaría más injusto que el vigente.
Entonces según las condiciones actuales, ¿no sería justo que los estudiantes de esta Universidad pudieran compaginar estudiar y trabajar con mayor facilidad?
Nos tenemos que plantear si es posible hacer tantas cosas y a la vez hacerlas bien. Ya hay un sistema a tiempo parcial para estos casos y puedo contar con los dedos de una mano los estudiantes de Derecho que lo piden el primer año.
¿Y el máster? En el plan de estudios se pide exclusividad.
Cierto, eso no está recogido, pero se podría tratar de instaurar. Sin embargo hay limitaciones que provienen de la propia administración. Por ejemplo, deben hacerse forzosamente 60 créditos de prácticas y deben hacerse obligatoriamente después de las clases teóricas, lo que te pide exclusividad en los dos periodos.
La ley de acceso a la Abogacía incluye un examen oficial después del máster, ¿cómo valora esta doble imposición a los estudiantes por parte del Ministerio?
El hecho de que exista un examen a nivel estatal igual para todas las comunidades autónomas es un factor recentralizador que pretende homogeneizar la docencia de todas las universidades del Estado. El examen de acceso no da margen de maniobra para decidir sobre el contenido del máster, y desde el punto de vista de la UPF nos puede impedir introducir elementos de calidad para diferenciarnos del resto.
¿Deberían los graduados en Derecho en la UPF tener alguna preferencia respecto al resto de graduados a la hora de entrar en el máster de esta Universidad?
Esto es una cuestión que se podría plantear: entiendo que la exigencia no es la misma en todas las universidades y soy consciente del nivel que se pide en la UPF, por lo tanto podría tener sentido una discriminación positiva. Ahora bien, no nos podemos permitir dejar fuera de esta Casa buenos estudiantes que se merecerían entrar por el simple hecho de que vengan de otros centros.
¿Por qué cree que el máster es necesario? ¿Qué tipo de formación “extra” se dará a los estudiantes graduados?
La intención es introducir un método de enseñanza más práctico dedicado sobre todo al estudio de casos.
Más al estilo anglosajón.
Sí, en Estados Unidos los estudios jurídicos se llevan a cabo en escuelas de formación (LawSchool) después de haberse graduado previamente en alguna otra disciplina. Podríamos decir que su equivalente aquí sería un posgrado o un máster en estudios jurídicos.
Entonces son mucho más maduros cuando inician este tipo de estudios.
Sí, aquí entran con dieciocho y diecinueve años, y a veces es complicado explicar cuestiones trascendentales desde el punto de vista social, político y económico a estudiantes que prácticamente “salen del huevo”. No son conscientes de lo que están aprendiendo.
