En ocasiones, los ciudadanos pueden verse afectados por situaciones cuya responsabilidad directa o indirecta recae en la Administración pública. Por ejemplo, lesiones derivadas por mal estado de calzada, negligencia médica, accidentes por falta de señalizaciones, entre otras. Algunas están relacionadas con actos administrativos, tales como nulidad de planeamiento urbanístico, contratos públicos, etc.
