El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial.

La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución conjunta por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García, la magistrada María José Rivas Velasco y el juez Francisco Javier Parra Iglesias han tomado posesión como miembros de la Comisión de Ética Judicial en un acto que ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial y al que ha asistido el presidente del alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

Jueces, procuradores, abogados y letrados de la Administración de Justicia consideran esencial una mayor digitalización y optimización de recursos y una mayor colaboración entre todos los operadores para afrontar el escenario de colapso de la Administración de Justicia, como consecuencia del parón de la actividad judicial durante los tres meses de confinamiento que ha vivido nuestro país, unidos a los nuevos procedimientos derivados de la paralización económica motivados por la COVID-19.