Redacción.
Los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona han dado a conocer este lunes sus últimas propuestas para actualizar y adecuar la legislación a las necesidades y demandas actuales de la sociedad en diversas materias de interés social y económico.
Las iniciativas, elaboradas a través de los institutos de investigación jurídica I+D ICAM e I+DRET, se han presentado en un acto conjunto en la sede del ICAM que ha contado con la participación del presidente del Consejo Asesor de ambos institutos, Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Además, han intervenido en el acto el decano en funciones del Colegio de la Abogacía de Madrid, José María Alonso; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad Abat Oliba CEU, Mª Jesús Pesqueira; el abogado y diputado en funciones responsable de Secciones del ICAM, Eugenio Ribón; y la Coordinadora del área de Formación del ICAB, Cristina Vallejo.
Todos los participantes han destacado el trabajo conjunto realizado a través de la colaboración entre ambos institutos, concretado en 12 medidas para dar solución a problemáticas sociales que lejos de reducirse se están agravando en el actual contexto de crisis. En este sentido, Javier Orduña ha enfatizado que “la necesaria recuperación económica y la garantía de paz social pasan por la determinación política de llevar a cabo reformas legislativas que no pueden demorarse más”.
Por su parte, José María Alonso ha recalcado la importancia que tendrán todas y cada una de las propuestas “de cara a mejorar nuestra legislación para servir los intereses de la sociedad civil”, solventando problemas que pasan inadvertidos para la mayor parte de la ciudadanía y que “solo pueden ser denunciados por los profesionales protagonistas y testigos de la aplicación de la normativa”.
En la comparecencia se han tratado a fondo cambios legislativos que pondrían coto a problemáticas como la multirreincidencia o la ocupación delincuencial de viviendas. Jesús M. Sánchez ha afirmado que “es un error intentar aproximarse a estas graves problemáticas sociales desde los apriorismos ideológicos”. Y ha añadido: “Solo desde el estudio detallado de los ordenamientos de nuestro entorno y del propio, como llevan a cabo los institutos del ICAM y el ICAB, se pueden plantear reformas eficaces que garanticen de veras la defensa de los derechos de la ciudadanía y el progreso social”.
También se han propuesto medidas para dar solución a conflictos derivados del consumo y en productos bancarios como son la supresión del índice IRPH de las hipotecas o la falta de transparencia y protección de los créditos de las tarjetas revolving. A su vez, y entre otras reformas, se ha propuesto la especialización en la jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad a través de la implantación de tribunales de instancia y de oficinas de justicia en los municipios, así como la regulación de la cláusula “rebus sic stantibus” en el Código Civil.
Eugenio Ribón ha manifestado que esta sinergia de Institutos I+D “nace con el objetivo de ser un instrumento avanzado en el estudio de la Ciencia Jurídica capaz de detectar los déficits normativos que padece nuestro Derecho y ofrecer al legislador e intérprete judicial las propuestas más idóneas para la mejora de nuestro sistema jurídico y convivencia social. Emerge con el acierto de conjugar el saber de la academia con la perspicacia de la práctica forense en el ejercicio del derecho. Y a partir de ello, ser capaces de ofrecer respuestas concretas y tangibles”.