Redacción.
28 de diciembre de 2020
El pasado 24 de diciembre dimos la noticia que la Magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres había denegado a dos abogados la suspensión de un juicio de menores, al que habían sido citados tan solo dos días después de la fecha prevista para el nacimiento de su hijo. Asimismo, tal Magistrada requería a los clientes para que designasen nuevos letrados. A ello, la magistrada advirtió a los clientes que, si no designan nuevos letrados, se les nombrarán de oficio, todo ello por entender que se trata de una baja de “previsible larga duración” y tratarse de una causa en que se ha “sufrido cierta dilación”, imputando a las partes el lento funcionamiento de la actividad judicial que, además, en este asunto no se ha producido, pues la instrucción ha durado menos de seis meses.
La Confederación Española de la Abogacía Joven manifiesta su rechazo a la resolución judicial
En un reciente comunicado, la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) ha manifestado su “asombro y rechazo a la referida resolución judicial, entendiendo que esta decisión atenta frontalmente contra los principios fundamentales de igualdad, derecho a la conciliación familiar, derecho de defensa y derecho a nombrar libremente abogado y procurador”.
Asimismo, desde CEAJ se ha defendido que este tipo de actuaciones son todavía muy frecuentes en el día a día de nuestra profesión causando “dos importante perjuicios para nuestro colectivo”. Por una parte, “la merma de derechos de todos los letrados que trabajan en régimen de autónomo en comparación con el resto de trabajadores que integran el sistema de justicia“. Por otra parte, “agravan la ya de por si difícil conciliación profesión y familiar con la que tienen que lidiar no solo los jóvenes abogados, sino la práctica totalidad de los compañeros”.
La Abogacía Joven de Cáceres muestra su apoyo público
La Agrupación Joven de Cáceres manifestó, también, mediante un comunicado público, su “repulsa y disconformidad a la decisión tomada por una Jueza de Cáceres, exponiendo la “citada actitud y decisión no se encuentra avalada por ningún criterio jurídico, alejándose de los principios fundamentales de la igualdad, derecho de defensa y derecho a nombrar libremente abogado y procurador“.
