Durante una década de mi vida laboral serví al Ministerio Fiscal, en calidad de Fiscal Sustituto. Es lo que yo llamo la “década prodigiosa”, pues lo mismo valía para un roto que para un descosido, pasando por todas y cada una de las dependencias que la Fiscalía tiene en Aragón… Como quiera que la década anterior había sido Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (y de los grandes expresos europeos, como añadía con sorna) de la Universidad de Zaragoza, he llegado al convencimiento de que no hay Institución que me soporte más de diez años.
Y es que las personas críticas, corrosivas, pleiteantes, que no hacen la pelota a los jefes, y que dicen las verdades a la cara, son un peligro público, y como tal deben ser erradicadas de la sociedad de los bien pensantes.
Ahora que llevo un par de años como Profesor en Universidades Privadas de Madrid y Barcelona del Grado en Derecho, sólo espero que me aguanten una década más, o incluso menos, pues en cuanto pueda me jubilo, y me dedico a escribir “haciendo amigos”, que es lo que realmente me gusta…
Pues bien, a lo que íbamos. Sostenía y sigo sosteniendo la tesis de que la Fiscalía sufre de hidrocefalia, a partir del mandato de Conde-Pumpido, que copió la estructura total y absolutamente burocratizada de la Administración de Justicia, generando más puestos de jefes, es decir, de caciques, que de fiscales, o sea, de indios.
Y el problema de esta compleja organización no es que los jefes no hagan nada, en términos generales, y salvo honrosas excepciones, sino que para justificar su existencia, se pasan el día pidiendo datos, estadísticas, formularios, envío de copias de escritos de calificación e informes, de sentencias de determinadas áreas “de moda”, en resumen, que te pasas el día haciendo cualquier otra cosa antes que de dedicarte a perseguir la delincuencia, que es para lo que la sociedad te paga un sueldo.
Pero con el problema, además, de que el ascenso a esos puestos no es reglado, sino discrecional. Y ya sabemos que en España, y por desgracia, la discrecionalidad técnica –según la jurisprudencia-, viene a ser sinónimo de arbitrariedad.
¿Qué puestos hay en la fiscalía a los que se puede acceder de una forma objetiva, por antigüedad? Pues solamente uno, las plazas de teniente fiscal de las fiscalías provinciales (Art. 36.5 EOMF).
Todos los demás, es decir, la práctica totalidad, son de ascenso discrecional, la cúpula de la organización promueve a esos cargos por cooptación a aquellos compañeros en quienes más se confía, con independencia de su antigüedad, méritos, estudios complementarios, publicaciones, etc. Ni que decir tiene que esos nombramientos suelen recaer en afines o correligionarios, integrantes de la misma asociación de fiscales a la que pertenezca el fiscal general de turno. (No me gusta llamarle del Estado, pues no lo es, ya que sirve al Gobierno, en términos generales).
Este tema ha sido estudiado con profundidad por un autor anónimo, y no me extraña, sabiendo como se las gastan en la casa, bajo el título de “El sectarismo en la Justicia, Judicatura y Ministerio Fiscal”, y publicado en su web por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Puede verse en el apartado de artículos doctrinales.
En este sentido, otra fiscal, doña Susana Gisbert, ha divulgado recientemente un interesante artículo en el blog Justicia Imparcial, sobre las “Categorías en la carrera fiscal: ese galimatías”, título ya bastante elocuente, y cuyo lectura también recomiendo a quienes deseen profundizar en el tema.
Y, por último, don Juan Antonio Frago Amada, un fiscal expulsado de la carrera por el “grave delito” de discrepar jurídicamente con su fiscal jefe correspondiente –en este caso jefa-, y cuya expulsión ha sido anulada por la Audiencia Nacional, por ser nula de pleno derecho, ha escrito recientemente en ¿Hay derecho? un trabajo titulado “Sobre los aforamientos autonómicos y el problema de su eficiencia”, con los datos estadísticos del “trabajo” en las fiscalías superiores, de donde se deduce claramente que no tienen nada que hacer, y que son 17 órganos nuevos creados no se sabe bien para qué, como no sea para copiar –en todo- la estructura de los jueces, ya que la fiscalía como institución, y muchos fiscales personalmente, sufren una grave enfermedad que podríamos llamar insuficiencia judicial, es decir, querer ser y comportarse como jueces, sin serlo.
En base a apoyar mi argumentación, los datos son bastante elocuentes, y no me resisto a transcribir detalladamente los correspondientes a 2012, último año conocido:
- Fiscales destinados en Fiscalías Superiores: 62 (incluidos jefes y tenientes).
- Denuncias o querellas interpuestas: 561.
- Escritos de acusación formulados por los 62 fiscales: 8, en toda España.
- Ratio de trabajo por fiscal: 9,04 denuncias o querellas al año, y o, 12 escritos de acusación.
Mientras tanto los fiscales que vamos a llamar a pie de obra, es decir currantes, 2.072, hacían el siguiente trabajo:
- Asistencia a 793.834 Juicios de Faltas.
- Celebración de 325.000 juicios ante los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales.
- Ratio de trabajo por fiscal: 2.477,10 asuntos despachados por fiscal.
- 383,30 juicios de faltas celebrados, y 156,92 juicios en Penal y Audiencias.
Hace unos años había 50 fiscales jefes y 50 tenientes fiscales, pero a partir de 2009, con la similitud a la carrera judicial, tenemos 17 fiscales superiores, 17 tenientes superiores, 44 fiscales provinciales, 44 tenientes provinciales y 22 jefes de área.
Por no hablar del casi medio centenar de fiscales de que Conde Pumpido se rodeó, cual ejército pretoriano, exactamente 49 (11 Fiscales de Sala y 38 Fiscales de segunda), que continúan con el actual fiscal general, y cuya principal función, mucho nos tememos que sea reírle las gracias al fiscal general, y, en su caso, tomar café con él, a semejanza de cómo sucede en la práctica totalidad de las fiscalías con los pretorianos del jefe correspondiente.
En resumen, si esta no es una grave patología de hipertrofia, ya que dirán ustedes cual es la enfermedad. Y si la desorganización les parece estupenda, quisiera que alguien me explicara sus virtudes, pues por mucho que pienso sobre ello, no consigo encontrarlas.
Ramiro Grau Morancho.
Abogado, profesor universitario de Derecho, académico correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.