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La lista negra de corruptos: el ejemplo ruso (II)

Por Álvaro Melero y Pol Rubio.

Fuente losimpuestosHoy en día estamos siendo testigos de numerosas detenciones por corrupción de directivos, administradores y consejeros, representantes de empresas, cargos políticos, ministros, senadores y cargos varios, que son cabecera en los informativos y portada en los periódicos. En España, los últimos años han estado cargados de macro juicios sobre investigaciones por fraude, blanqueo de capitales, sueldos no declarados, “off-shore”, y maquinaciones para defraudar al fisco y ocultar un ingente número de ingresos. Todo apunta que las macro causas seguirán.

En otros países, como por ejemplo Rusia, tampoco se salvan de estas actividades delictivas, si bien las quieren gestionar de una forma diferente.

El pasado mes de diciembre en Rusia, concretamente en la Duma Estatal, se aprobó un proyecto de ley que fue elaborado por el Ministerio de Trabajo de Rusia en 2015 y apoyado por el Gobierno en agosto de 2016. Un proyecto que pretende evitar que los altos cargos de empresas y partidos políticos que estén inmersos en investigaciones por corrupción puedan ocupar puestos en agencias gubernamentales o corporaciones.

Pese a los numerosos casos de corrupción, nuestro país sigue sin tener un tipo penal concreto que recoja esta actividad delictiva. 

En Europa se han desarrollado varios textos normativos que tratan de definir y acotar el delito de corrupción en la vida pública, ya que hay muchos países como España en los que el código penal no tipifica específicamente la conducta de corrupción. En este sentido, el concepto internacional de corrupción se podría extraer de las definiciones del art. 8.1 de la Convención de Palermo, art. 1 del Convenio de la OCDE, art. 2 del Convenio europeo de 26 mayo 1997 y, por último, art. 2 del Convenio del Consejo de Europa Civil contra la Corrupción.

Para contrarrestar o al menos paliar la gravedad de esta situación, en Rusia han elaborado una lista negra en la que figuran todos aquellos investigados por estos hechos y están siendo despedidos uno a uno porque “han perdido la confianza del pueblo”. Según apunta un anexo informativo del proyecto de ley, de 2012 a 2015, casi 1.200 representantes fueron despedidos.

El proyecto de ley está pendiente de ser aprobado en el Consejo de la Federación, y si lo hace entrará en vigor el 01 de enero de 2018.

La efectividad de la actuación de las autoridades y poder judicial ruso contrasta con la de España, cuyo número de cargos relevados es mucho menor. Además, la elaboración de una lista negra pública, se erige como un nuevo modelo de acción en el panorama mundial, que veremos si se extiende o perece en favor de los derechos de los acusados.

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