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Dos años de la LO 8/2012; Dos años del desmantelamiento de la Justicia Eventual

Por Alexander Salvador
Barcelona.

 

En un día de los santos inocentes como hoy, el colectivo de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes fue víctima del que, en un primer lugar, pensaban que era una inocentada; Ahora hace dos años de la publicación de la Ley Orgánica 8/2012 que instaba de forma voluntaria o incluso obligatoria que los jueces titulares o indefinidos a cubrir las bajas, permisos y excedencias de sus compañeros. Aún así, la LO 8/2012 no era en ningún momento una inocentada; Aprobada mediante un debate parlamentario de urgencia, provocó, a la práctica, la eliminación del 20% de la plantilla judicial, es decir, de 1500 jueces y magistrados eventuales. Hay que decir que estos profesionales de la Justicia, según el estudio efectuado por el Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, durante el año 2007, resolvían lo “que son el 30% de los asuntos «brutos» totales resueltos”, siendo, por lo tanto, su supresión un claro aumento de la carga de trabajo que soporta durante el día a día la judicatura.

2 años LO 8/2012

La situación de la judicatura eventual, dos años después de la aprobación de esta ley, agravada por la publicación del RD 700/2013, ha provocado que un tercio de la judicatura haya abandonado las listas de sustitución ante la imposibilidad de permanecer más tiempo sin ingresos. No obstante, la renuncia de la plaza supone la imposibilidad de volver a ejercer en el futuro y ningún tipo de indemnización, a pesar de que en muchos casos la antigüedad acumulada por estos jueces superaba los 10 y 15 años de experiencia. Las únicas actividades retribuidas que pueden ejercer aquellos que continúan en las listas de sustitución, esperando a que sean llamados, son aquellas mismas que pueden llevar a cabo los jueces titulares, dado que a todos se les aplica el mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones; Es decir, tienen impedido cualquier práctica profesional más allá de la docencia, la investigación jurídica o la producción y creación artística, científica o técnica. Cuando son requeridos a llevar a cabo una sustitución o suplencia, ven como el cálculo de su retribución no contempla los días que dedican a estudiar los asuntos y redactar las resoluciones, así como el periodo de deliberación como tampoco se les abona ninguna cantidad en concepto de antigüedad o gastos por razón de servicio, a diferencia de lo que se hace con los miembros titulares de la judicatura. En cuanto a la Seguridad Social, sólo cotizan por los días que celebran vistas, obviando toda aquella dedicación temporal que invierten en el análisis, estudio y redacción de sentencias.

En este sentido, desde la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana (AJUDICAT) se declaran a EL JURISTA, en tono irónico, culpables por “habernos dejado pisar, por callar, por no haber actuado a tiempo, por no saber escuchar, por trabajar demasiado, por mimetizar con el poder, por no apoyar a otros operadores jurídicos y funcionarios de justicia en sus justas y reiteradas quejas y reclamaciones.

Así pues no somos inocentes, no, sino cooperadores necesarios por omisión en todo este desastre de la Justicia -Servicio Público y de la Justicia – Poder del Estado. Y es así porque a lo largo de todos estos años de existencia los Jueces Sustitutos y Magistrados suplentes, hemos actuado defendiendo lo más básico y esencial para nosotros, en asuntos que desde el punto de vista corporativista y personal nos parecían importantes y que a diferencia del resto de trabajadores se nos negaban, como que nos dieran de alta a la seguridad social, cobro de las vacaciones, antigüedad y productividad, entre otros, pero nunca habíamos afrontado de cara y sin tapujos los gravísimos problemas de la justicia, nunca habíamos pensado que nuestra inactividad beneficiaría el desmantelamiento de la Justicia en perjuicio de la ciudadanía y del Estado de Derecho.

Tampoco somos inocentes ante la carencia de recursos humanos y materiales de la justicia, siempre habíamos entendido que nuestra posición transitoria no nos permitía ser críticos ni interactuar con los otros operadores de la oficina judicial, y como no abogados y procuradores, pues no era nuestro problema dado el paso, muchas veces fugaz, por una plaza que no era ni sería la nuestra, y los problemas de funcionarios, secretarios, fiscales o forenses, no nos afectaban, y así poco a poco hemos ido viendo como se ha hundido el precario sistema del servicio público”

“Seguimos y seguiremos luchando por la defensa de nuestros derechos como trabajadores públicos”

Fruitós Richarte, presidente de la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana (AJUDICAT), declara a EL JURISTA que, dos años después del desmantelamiento de la Justicia Eventual, “seguimos y seguiremos luchando por la defensa de nuestros derechos como trabajadores públicos, los únicos trabajadores públicos o privados junto con los fiscales sustitutos a quienes no se les aplica la Directiva 1999/70 CE, que prohíbe la discriminación y el abuso de contratación temporal, justamente por parte del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial”

En este orden de cosas, tal como nos expone Richarte, esta lucha se está llevando a cabo a través de “demandas contra el CGPJ al Tribunal Supremo, de forma individual o colectiva como la que interpusimos los asociados de la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana. Pero también hay pendiente una petición en el Parlamento Europeo, una denuncia queja a la Comisión Europea y preguntas parlamentarias a la Comisión Europea por parte de 7 europarlamentarios; acciones pendientes todavía de respuesta definitiva o de su correspondiente trámite, como lo es la admisión de la petición al Parlamento Europeo, que según nos informan será este próximo mes de enero.”

Finalmente, el Presidente de la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana nos desvela que han iniciado una campaña conjuntamente con Concepción Arenal, una asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes de ámbito estatal, y otros compañeros y compañeras no asociados, de contactos con todas las formaciones políticas por el próximo debate de la nueva LOPJ en el Congreso de los Diputados.

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