Redacción.
El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, tiene asignados un total de 2.304,58 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. De ellos, 2.197,36 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, lo que supone, un incremento de 159,63 millones respecto a 2022, un 7,83 % más.
De estos 2.304,58 millones de euros se incluyen 105,86 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de la Unión Europea.
La ministra de Justicia ha puesto de relieve que estos presupuestos constituyen el “impulso definitivo para transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente, igualitario y sostenible”.
Llop también se ha referido al proceso de transformación que vive la Administración de Justicia y ha destacado que el objetivo último de estos PGE es “acercar la Justicia a la ciudadanía, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento”.
Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El importe asignado al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asciende a 107,21 millones de euros (105,86 y 1,35 millones de euros respectivamente).
Las inversiones que se van a realizar son, por un lado, de 57,50 millones de euros, destinadas a proyectos tractores de digitalización como la inmediación y el nuevo Registro Civil y completa los 410 millones asignados para la digitalización de la Justicia.
Es de destacar que, hasta la fecha, se han transferido a las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas más de 245 millones de euros, el 93,2% de los fondos. Estas transferencias han sido acordadas en cogobernanza con las CCAA en las diferentes Conferencias Sectoriales de Justicia, estando únicamente pendiente de transferirles 17,9 millones de euros en 2023.
Por otro lado, con un monto de 49,71 millones de euros, se destinará a la rehabilitación sostenible de 37 sedes judiciales en el Territorio Ministerio de Justicia y en las CCAA, en la ejecución del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.
En este sentido, la ministra ha destacado que “tenemos que empezar a entender la sostenibilidad no solo desde un punto de vista puramente ambiental, sino también como un elemento fundamental para la cohesión social y territorial, a través de un sistema interoperable dentro de la Administración de Justicia”.
Presupuestos ordinarios
De los 2.197,36 millones de euros provenientes del presupuesto ordinario, el Ministerio de Justicia ha destinado al Capítulo 1, dedicado a gasto de personal, 1.785,68 millones de euros, lo que supone un incremento neto de 138,94 millones de euros, un 8,44% más respecto del presupuesto del ejercicio 2022.
Entre los proyectos que contempla este capítulo se puede destacar la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, a la que se destinan 8,72 millones de euros; o la creación de 54 Unidades de Mediación, con un presupuesto de 5,78 millones de euros.
Dentro de este capítulo se contempla también la implementación de 27 Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas, para lo que se han asignado 3,06 millones de euros.
Esta última medida, como ha indicado Pilar Llop, “está alineada con el Plan Estratégico Justicia 2030 de facilitar el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables, reforzando la protección a las víctimas y la asistencia y apoyo proporcionadas por las Administraciones Públicas”.
El Ministerio de Justicia continúa así fortaleciendo la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente a las mujeres que sufren violencia de género, en línea con lo recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.
Asimismo, los PGE 2023 para Justicia contemplan la creación de 70 Unidades Judiciales, dotadas con 13,65 millones de euros; y la ampliación en 70 plazas de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, cuyo presupuesto es de 6,67 millones de euros.
Finalmente, cabe destacar en el Capítulo 1 la dotación de 77,18 millones de euros cuyo principal destino será financiar la subida salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2023 acordada con los grupos sindicales.
Impulso presupuestario a las becas
El Capítulo 4 recibe un aumento neto de 3,52 millones de euros, lo que supone un 5,19% más respecto al ejercicio 2022, por lo que la dotación total en este capítulo asciende a 71,30 millones de euros.
Fundamentalmente, este incremento se debe a la transferencia que se realiza para financiar el CEJ, que cuenta con 2 millones de euros de incremento para la formación de las nuevas promociones de los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia.
Además, con el objetivo de impulsar el sistema de becas para la preparación de las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, y a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y de abogados del Estado, Justicia ha incrementado en 1,6 millones de euros el importe, lo que supone el doble que el año anterior, hasta alcanzar un total de 3,2 millones de euros.
Obras y modernización tecnológica
El Capítulo 6, dedicado a inversiones reales, se ha dotado con 192,14 millones de euros, lo que supone un 10,32% más respecto al ejercicio de 2022, con una subida de 17,97 millones de euros.
Esta cantidad se puede desglosar en modernización tecnológica, a la que se dedican 138,98 millones de euros; y en obras, y equipamientos, a donde van destinados los 53,16 millones de euros restantes.
Para 2023 se prevé la realización de los proyectos de los nuevos edificios de juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), Tomelloso (Ciudad Real), Illescas (Toledo), Cartagena (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Valladolid, Ibiza (2.ª fase) y Ciudadela (Baleares).
También están contempladas la licitación e inicio de las obras del Tribunal Supremo; de la biblioteca jurídica del Ministerio de Justicia; de los nuevos edificios de juzgados de Torrijos (Toledo), Lorca (Murcia) y Manacor (Baleares); de las nuevas sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas (Sevilla); la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca y la del edificio de juzgados de Ocaña (Toledo). Asimismo, se continuarán las obras ya iniciadas del nuevo edificio de juzgados de Badajoz.
Finalmente, como novedad para el ejercicio 2023 se potenciarán las obras de eficiencia energética de las sedes centrales del Ministerio de Justicia, optimizando el uso energético y haciéndolas más sostenibles. Para ello, se cuenta con un presupuesto de 3,56 millones de euros.
En lo que a modernización tecnológica se refiere, los proyectos que se van a impulsar en 2023 son, entre otros, los dirigidos a los colectivos profesionales que hacen posible el servicio público de Justicia.
Se trabajará en un acceso automático del expediente judicial electrónico, desde la web; así como en la mejora de los señalamientos y en la gestión de los apoderamientos.
En el ámbito judicial se reforzarán los proyectos ya iniciados, como la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal; las comunicaciones automáticas con todos los actores implicados (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias y resto de administraciones); y la orientación al dato de la Justicia.
Todo ello, garantizando la dotación a las oficinas judiciales de equipamiento tecnológico e incluyendo la posibilidad de acogerse al trabajo deslocalizado.
En cuanto al nuevo modelo de Registro Civil, está previsto que tenga una amplia implantación territorial en 2023, tras su arranque en el año 2022. Igualmente, sobre el territorio, ya se trabaja en la implantación de la Oficina de Justicia en el municipio, una puerta abierta a la Justicia en cada municipio español.
