Redacción.
El Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, ha dirigido un escrito contundente de queja al ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luís Escrivá y al director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, por el paulatino deterioro del servicio y de los mecanismos de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como por el continuo cambio en las normativas y reglamentaciones que los regulan, carente de previsión y coordinación, y que suman, si cabe, más carga a unos profesionales, que tras casi dos años de soportar esta situación, se declaran exhaustos.
La necesaria regularización de las cotizaciones por el efecto retroactivo de la modificación del salario mínimo interprofesional, publicado en el BOE el 4 de diciembre de 2021 (Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización de la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2021), tres meses más tarde de su aprobación, está obligando a un sobresfuerzo para recalcular y rehacer las nóminas desde el pasado mes de
septiembre, una tarea extremadamente compleja por las implicaciones técnicas y la enorme casuística que ello supone. Hay que hacer especial hincapié en que los graduados y graduadas sociales son los profesionales que gestionan más del 80% de las nóminas en España. Este hecho, ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que supone un esfuerzo adicional en diciembre, un mes que de por si tiene una alta carga laboral en el colectivo.
El impacto de la retroactividad de la Orden genera un sinfín de dudas debido a la poca claridad con la que se expresa. Valga como ejemplo, entre otros, la actualización de la base en los ERTEs, que pueden dar lugar a errores en los cálculos y que la administración decida retrasar su pago.
Esta es una de tantas cuestiones que la orden no explicita, y que los graduados sociales deben interpretar y resolver.
La Tesorería General de la Seguridad Social continúa sin ofrecer citas presenciales para atender las consultas de los profesionales y evitar errores de interpretación, a la vez que el servicio de atención telefónica es nulo y los profesionales sólo pueden dirigir sus consultas a la Tesorería General de la Seguridad Social a través del servicio CASIA, que en ocasiones cierra los casos sin resolver, y otras obliga a enviar la consulta de nuevo por “mala clasificación de la misma”, haciendo que la resolución de problemas sea lenta y difícil y multiplicando el trabajo que los profesionales deben hacer.
El resultado es una desprotección por el alto riesgo de que empresas reciban sanciones injustas por errores en sus regularizaciones, o de trabajadores en ERTE sufran retrasos en el cobro de sus prestaciones o, incluso y para colmo, que dé lugar a reclamaciones por responsabilidad civil a los profesionales que los han gestionado, dejándoles en una situación de total indefensión.
El decano del Colegio, Carlos Berruezo, ha expresado que el colectivo “suple las deficiencias técnicas y de personal de esta Administración a base de horas y esfuerzo y ello es absolutamente injusto”.
Petición de medidas urgentes
Por ello el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, se ha dirigido a los máximos responsables políticos, para, además de expresar su malestar, por este hecho concreto y por el deterioro del servicio en el último año y medio, exigir que se dote a este Organismo de los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para pueda cumplir con su cometido, sin que sean los profesionales, principalmente graduados y graduadas sociales, los que cubran estas carencias que debe. Además, de una mejora inmediata de los mecanismos de respuesta a los profesionales.
Por otra parte, exigen una mayor coordinación ministerial e interdepartamental para una mejor previsión en las regulaciones y en su impacto jurídico y administrativo, tanto administrados, como empresas y los profesionales responsables de su gestión.
Por otra parte, se propone que se constituya inmediatamente una comisión bilateral Graduados Sociales –Tesorería General de la Seguridad Social, que facilite la aplicación de las actuaciones administrativas y sus reglamentos de manera efectiva, eficiente y precisa, con la participación de los profesionales expertos que conocen el día a día de los administrados, sujetos pasivos de estas normas. El Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, el que más profesionales congrega de España, reivindica participar en ella con voz propia.
Unas deficiencias no resueltas que se remontan al principio de la pandemia Los graduados sociales denuncian que, desde la declaración del Estado de Emergencia, por la pandemia de COVID 19 el mes de marzo de 2020, ni la Tesorería General de la Seguridad Social ni el SEPE, se han dotado de los mecanismos necesarios, ni técnicos ni humanos, para mejorar la atención de los profesionales, los trabajadores y las empresas. El resultado ha sido sanciones a empresas o recortes y retrasos en las prestaciones a trabajadores en ERTE.
Los graduados y graduadas sociales, que desde un primer momento han trabajado muy duramente para suplir las ilógicas carencias del sistema ante la singular e imprevisible situación del pasado año, no entienden como, superada la emergencia, desde la administración no se ha trabajado para subsanar los problemas derivados de esta falta de recursos.
Según Neus Paulet, secretaria general del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, “los graduados sociales hemos sido muy empáticos con la administración en la excepcionalidad, y hemos hecho grandes esfuerzos para facilitar el acceso a soluciones para empresas y ciudadanía al resolver la gestión de la avalancha de ERTES. Ha pasado tiempo suficiente para una mayor normalización del funcionamiento de la Seguridad Social, con los medios necesarios, sin cargar más las responsabilidades y los horarios de las y los profesionales y sus empleados y empleadas”.
Carlos Berruezo, decano del mismo Colegio, añade que “los grandes perjudicados son la ciudadanía y las empresas, que en ocasiones pasan de ser los sujetos de la protección de la norma a las víctimas por culpa del exceso regulador y la deficiencia administrativa”. Por ello insiste Berruezo en que “establecer una comisión bilateral conjunta Graduados Sociales-Tesorería impulsaría los cambios que nos acercarían a una gestión más eficiente, desde el conocimiento directo que tenemos, como profesionales, de la ciudadanía y las empresas”
