Pilar Llop insta a actuar contra la demanda de prostitución

Redacción.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha hecho un llamamiento a actuar contra la demanda de prostitución y a poner límites al negocio de la prostitución, que ha definido como una “terrible violación de los derechos humanos”.

“La trata considera a las personas como mercancía, las cosifica para privarlas de sus derechos. No podemos ponernos de perfil, la tenemos a la vuelta de la esquina”, afirmó la ministra en la inauguración de la jornada ‘Hacia una protección integral de las víctimas de trata’, organizada por la Fundación Abogacía Española y la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

“Somos el primer país europeo en consumo de prostitución, aumenta cada año, incluso entre menores de edad. No podemos tolerarlo. Debemos actuar contra la demanda y poner límites al negocio de la prostitución”, aseguró la ministra.

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Llop defendió la necesidad de abordar la lucha contra esta lacra con un enfoque de género, porque “más del 90 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas”.  Y se refirió a la futura Ley Integral contra la Trata, “una iniciativa muy necesaria” que debe contener medidas preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha denunciado la dificultad para detectar a las víctimas de trata y ha alertado contra el riesgo de que las desigualdades económicas generadas por la pandemia hagan que más personas caigan en manos de las mafias. También ha destacado el compromiso de la abogacía con la lucha contra esta lacra: “La abogacía va a trabajar con cualquier iniciativa legal para conseguir abolir la explotación sexual”.

En la inauguración de la jornada intervino también la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell, quien se ha referido a la necesidad de mejorar la identificación formal de las víctimas y que su acreditación como tales no esté supeditada a la persecución del delito.

Rosell también denunció que la pandemia ha agudizado la “invisibilidad” de estas víctimas. Y en este sentido anunció que se va a hacer el primer macroestudio sobre la trata con fines de explotación sexual: “Va a permitir conocer de forma rigurosa la situación de estas mujeres y niñas, para impulsar políticas públicas desde los datos”.

La delegada contra la violencia de género reconoció asimismo que el marco legal nacional para luchar contra la trata es “ insuficiente”, de ahí la necesidad de aprobar una Ley Integral.

Sobre las lagunas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para combatir la trata se habló con detalle en la mesa redonda posterior, en la que intervinieron Mabel Lozano, directora de cine y activista de derechos humanos; Vanessa Casado Caballero, jurista experta en trata de mujeres con fines de explotación sexual, y Tania García Sedano, doctora en derecho y magistrada suplente Audiencia Provincial de Madrid.

Lozano fue muy contundente denunciando “la impunidad del proxenetismo”. “Hacen falta reformas legislativas para que nadie pueda lucrarse con la prostitución de otra persona”, reclamó. “Todas las caras del proxenetismo deben estar perseguidas”. También destacó la importancia de la sensibilización de los jóvenes para que dejen de consumir prostitución o pornografía, que definió como “prostitución 2.0”.

Vanessa Casado incidió en las lagunas de nuestro Código Penal, que “no define delitos que ya creíamos eliminados de nuestras sociedades como la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados”.  “Tenemos dificultades para perseguir ciertas formas de trato emergentes y necesitamos herramientas legales para poder perseguirlas”.

En el mismo sentido, Tania García Sedano subrayó la necesidad de que “todas las modalidades de explotación estén correctamente tipificadas”. También pidió que se mejorara el sistema de identificación y de protección de las víctimas (con una nueva ley de protección a testigos), que se reconociera la presunción de la minoría de edad y que se contemplaran medidas de reparación del daño de las víctimas de trata.

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