Redacción.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, participó, ayer martes, en los Diálogos Institucionales, organizados por el Ministerio de Justicia y el ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). En el evento, moderado por Auxiliadora Borja, decana del ICAV, también participaron María Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, y Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de esta Comunidad.
En el encuentro, Campo destacó el papel de la abogacía en la Justicia: “Es la plataforma que nos permite hablar de la Justicia, porque ellos son el nexo más importante entre la Justicia y la ciudadanía”.
Según el ministro, la ciudadanía es “el leitmotiv” de su proyecto. En ese sentido, Campo se ha felicitado porque gran parte de los proyectos llevados a cabo desde el inicio de la pandemia y que más beneficiarán a los ciudadanos “han sido aprobados por unanimidad, tanto los acuerdos de las sectoriales con las Comunidades Autónomas como las normas, en las que solo suele quedar fuera Vox”. Todo ello enmarcado en un plan, Justicia 2030, que tiene “eficiencia” y “consenso” como palabras clave.
Campo explicó los tres principales ejes normativos que está llevando a cabo su equipo para conseguir ese objetivo de la eficiencia: la ley de eficiencia procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que permiten recuperar la capacidad negociadora de las partes; la ley de eficiencia organizativa, “que supone un cambio medular”, según Campo, que recoge tres figuras clave: el Tribunal de Instancia, la Oficina Judicial, y la Oficina de Justicia en el municipio; y, finalmente, la futura ley de eficiencia digital, que verá la luz este año.
La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, felicitó al ministro por este trabajo para mejorar la eficiencia de la Justicia. “No se puede trabajar con un modelo obsoleto”, añadió Bravo, quien hizo hincapié, además, en la necesidad de contar con todos, “incluso con todas las fuerzas políticas”.
La presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, por su parte, destacó que “todos somos necesarios y tenemos un mismo objetivo: hacer una Administración de Justicia propia del siglo XXI, que ayude a hacer frente a la crisis económica y social”. Para ello, dijo, “cuenta, ministro, con nuestra colaboración”.
En esta línea, la decana del ICAV, agradeció también “poder tener un encuentro en Valencia entre los distintos agentes que conformamos la Justicia. Seguro que nos permitirá aportar ideas o mejoras en esta materia”.
Por último, el ministro, dentro del trabajo llevado a cabo por su equipo ministerial, hizo alusión a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con un vacatio legis de 6 años, “importante para ir mejorándola entre todos”; y al proyecto de ley de la Fiscalía Europea, con 7 fiscales delegados ya seleccionados. Son piezas que se van sumando a esa “caja vacía que es Justicia 2030 y que vamos llenando con el consenso de todos”, ha concluido Campo.