Redacción.
21 de enero de 2021.
La Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), junto a otras asociaciones especializadas en derecho de familia y sustracción internacional, están observando disfunciones en los procedimientos de restitución internacional de menores, que vulnerarían los derechos de defensa de ciudadanos que reclaman el regreso de hijos trasladados ilícitamente a España. En atención a estas disfunciones, estas asociaciones han iniciado un estudio que trasladarán en los próximos meses al Ministerio de Justicia.
Se considera sustracción internacional de menores cuando un progenitor se traslada o retiene ilícitamente a los hijos en otro país distinto al de la residencia habitual de los menores, sin el consentimiento ni autorización del otro progenitor y, sin autorización judicial, vulnerando de esta forma el derecho de custodia o de visitas del otro progenitor.
Dentro del ámbito europeo, cada estado tiene una Autoridad Central, encargada de coordinar los procesos de restitución internacional. En España, existen trabas que hacen que estos procesos se alarguen durante meses, hasta el punto que puede llegar a causar el archivo.
Una de las dificultades más habituales se encuentra en el desbordamiento de la Autoridad Central y en algunas prácticas disfuncionales como la negación a asumir la defensa cuando han pasado ya muchos meses desde la petición con el riesgo de que el progenitor que denuncia vea perdido el derecho ya que cuenta sólo con un año para la petición judicial. O también, en ocasiones, el hecho de no ponerse en contacto con el progenitor denunciante para preparar la vista de restitución; o de no contrastar con el denunciante las pruebas alegadas por el sustractor.
La sustracción de menores es un hecho que va en aumento año tras año, debido a la existencia cada vez mayor de parejas de diferentes nacionalidades y al aumento de la movilidad familiar. Según fuentes del Ministerio de Justicia Española, existen unos 200 casos anuales en España.
