Redacción.
16 de octubre de 2020.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de la mano de los senadores Rodrigo Mediavilla y Maria Teresa Ruiz-Sillero, ha presentado al Gobierno una pregunta escrita respecto a la precaria situación laboral de muchos abogados y abogadas en nuestro país.
La actual situación de precarización de la abogacía joven ha venido siendo denunciada por diferentes representantes de este colectivo, entre otros, en particular el Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona (GAJ Barcelona). Tal como recogen Mediavilla y Ruiz-Sillero, según una encuesta realizada por la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), la mitad de quienes trabajan para despachos lo hacen como falsos autónomos, al cumplir estos todas las notas que el Estatuto de los Trabajadores señala para que exista laboralidad. Asimismo, algunos jóvenes abogados han denunciado jornada de hasta más de sesenta horas semanales por una remuneración que ronda los quinientos euros mensuales.
Ante esta situación, desde el GAJ Barcelona se organizaron diversas reuniones con el senador Rodrigo Mediavilla (PP) para exponerle las principales preocupaciones e inquietudes de la abogacía joven en este sentido. En atención a ello, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado se decidió llevar el presente asunto a debate público en el Senado. En concreto, se ha inquirido al Gobierno de España sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Es conocedor el Gobierno de España de la situación de precarización laboral que afecta a los
jóvenes abogados en nuestro país? - ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida eficaz para revertir esta situación?
- ¿Está colaborando la Agencia Tributaria con la Inspección de Trabajo para el control e inspección de estas situaciones?
- ¿Cuántas denuncias se han llevado a cabo en el año 2019 y en lo que llevamos de 2020 por
parte de jóvenes abogados que manifiestan la irregularidad de su situación laboral? - ¿Cuántas denuncias han conllevado la apertura de una inspección por las autoridades
laborales? - ¿Cuál es el seguimiento del Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo? - ¿Cuántas inspecciones de despachos se han hecho en este sentido?
- ¿No cree el Gobierno necesaria la realización de alguna campaña para concienciar a los
jóvenes que se encuentran en esa situación de la importancia de ponerlo en conocimiento de las
autoridades laborales para la adopción de las medidas pertinentes?
Para Asier Abad, vocal del Comité Ejecutivo del GAJ Barcelona, “es un éxito que un representante político se haga eco de una reivindicación histórica de la abogacía joven barcelonesa y que entre al debate político la situación de precariedad laboral de la abogacía joven”. Estamos aquí para defender y representar al conjunto de la abogacía joven y que un partido político reivindique nuestra situación es un éxito rotundo para el colectivo, remarca Abad.
