Redacción.
Antes la actual situación que está atravesando España ante la declaración de independencia y, en su consecuencia, de la Republica de Cataluña por parte del Parlament de Cataluña, así como la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por el Senado de España, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha expresado su “firme compromiso con la Constitución, el Estatut de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico”.
Para el máximo órgano de representación de la abogacía institucional en España, “solo el respeto a la ley y el acatamiento de las normas democráticamente establecidas aseguran la convivencia pacífica en una sociedad plural, con garantías para los derechos y libertades de la toda la ciudadanía”.
A todo ello, el CGAE confía en que “los legítimos poderes del Estado aseguren el orden constitucional y la plena vigencia del Estado de Derecho”.
Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), mediante declaración institución de su Junta de Gobierno (en funciones), ha manifestado “de forma unánime su total rechazo a cuanto no admite más lectura que la palmaria vulneración del ordenamiento jurídico”.
Para el ICAM, constituye una obligación de la abogacía “erigirse en defensora del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución Española”. Asimismo, han expresado que “la quiebra del orden constitucional no admite justificación normativa alguna en aras a criterios políticos adoptados extramuros de la ley”.
Asimismo, la Junta de Gobierno (e.f.) del ICAM ha expuesto firmemente que “el Derecho, como conjunto de principios y normas, no puede ser banalizado mediante declaraciones unilaterales inadmisibles y sin cimientos jurídicos. La cohesión social y la convivencia cívica exigen el cumplimiento y respeto inexcusable a la norma dada, la afirmación de la ley y de la Constitución, ley de leyes”.
