Olea Godoy alerta sobre la necesaria vigilancia de prácticas contrarias a la libre competencia en la contratación pública

Redacción.

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea Godoy, ha alertado sobre la necesaria vigilancia de contrataciones públicas contrarias a la libre competencia y nulas de pleno derecho durante la mesa redonda sobre Licitaciones públicas y derecho de la competencia celebrada el pasado viernes en Cáceres en el marco del Congreso que la firma de abogados Hispajuris ha organizado en esta ciudad a través de su socio en Extremadura, Carmelo Cascón Merino.

De izquierda a derecha: Carmelo Cascón Merino (socio de Hispajuris en Cáceres), Wenceslao Olea Godoy (magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y Fernando Escura (presidente de Hispajuris.
De izquierda a derecha: Carmelo Cascón Merino (socio de Hispajuris en Cáceres), Wenceslao Olea Godoy (magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y Fernando Escura (presidente de Hispajuris.

El magistrado, en su disertación sobre la Ley de Contratos del Estado, ha puesto como ejemplo de dichas prácticas la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que consideró nulas las adjudicaciones de servicios de tratamiento de residuos urbanos debido a las prácticas contrarias a la libre competencia que suponía el que las empresas adjudicatarias hubieran pactado su concurrencia en solitario a contratos en diversas ciudades. 

Por su parte, el presidente de la Federación de Instaladores Eléctricos de Extremadura, Francisco Paramio Saldaña, ha puesto de relieve la proliferación de contratos de menos de 232.000 euros que no son objeto de concurso abierto sino que se adjudican de forma directa y que se atienen a criterios subjetivos y arbitrarios, “lo que sucede en Extremadura en el 86% de contratos públicos, los cuales se adjudican por esta vía”, ha afirmado.

Paramio, que es también presidente de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Cáceres, ha abogado por contrataciones abiertas en libre concurrencia, conforme a criterios económicos y de capacidad técnica de los contratistas con transparencia y sin adjudicaciones a dedo.