Redacción.
Durante el acto de inauguración de las Jornadas sobre las Reformas Penales y la Seguridad Ciudadana que se celebran hoy y mañana en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el decano de esta Corporación, Oriol Rusca, se ha mostrado muy crítico con la reforma del Código Penal y la introducción del concepto de “pena de prisión permanente revisable” en esta modificación.
Rusca ha afirmado que “es totalmente innecesaria la reforma del Código penal teniendo en cuenta el bajo índice de delincuencia en España en comparación con otros países. Además, esta reforma no es menor, ya que modifica 250 artículos del texto actual, más de una tercera parte, y conlleva un endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio previo que lo justifique“. También ha denunciado que la aprobación de este nuevo Código penal conlleva una falta de seguridad jurídica para los ciudadanos ya que usa expresiones ambiguas o indeterminadas en muchas de las figuras penales que se tipifican.
Rusca ha calificado de “error” la introducción de la “pena de prisión permanente revisable”, porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, período que está por encima de los cánones europeos. Este endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad a la hora de vivir en una sociedad democrática.
Finalmente el decano del ICAB ha denunciado la creación de una red normativa (reforma del código penal, ley de seguridad ciudadana y pacto yihadista) que limita las libertades de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha recordado que “en julio entra en vigor la reforma del Código penal y la nueva Ley de protección de la seguridad ciudadana, normas que afectan directamente a los derechos y las libertades de las personas y que, como toda ley, tendrán que pasar por la prueba de la realidad“. Estas jornadas pretenden ser un espacio de debate para evaluar su impacto.
A pesar de ser consciente de la controversia generada por la tramitación y la aprobación de estas leyes, Esteve ha preferido centrarse en “ver qué comportará su entrada en vigor, qué implicaciones tendrá sobre la ciudadanía“, porque “policías y abogados, concejales y alcaldes serán quienes evaluarán, en primera instancia, hasta qué punto son eficientes, están bien redactadas y son útiles para la finalidad con la que han sido creadas“. Y ha finalizado apelando al “pleno respeto con el pensamiento discordante, a la diversidad de ideologías y al ejercicio de los derechos y libertades” a la hora de hacer prevalecer las propias ideas.
También ha sido crítico el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Enoch Alberti, que en su intervención ha declarado que reformas como éstas habrían requerido “el máximo consenso político y social“.
Durante hoy y mañana, tendrán lugar estas jornadas -organizadas conjuntamente por la Diputación de Barcelona y el Colegio de la Abogacía de Barcelona en el marco del convenio de colaboración establecido entre ambas instituciones- que se plantean como un espacio de debate para evaluar el impacto de la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la nueva Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana aprobada el mismo día 30, que han introducido modificaciones sustanciales en el trabajo diario tanto de los diferentes operadores jurídicos como de los responsables de la seguridad.
