Redacción.
El Consejo General del Poder Judicial ha puesta en marcha la recogida de datos estadísticos para la realización de un repositorio de datos sobre delitos relacionados con la corrupción, uno de los compromisos adquiridos por el órgano de gobierno de los jueces en el convenio firmado con Transparencia Internacional España.
La elaboración del repositorio será posible después de que, el pasado 29 de abril, el Pleno de la Comisión Nacional de Estadística Judicial aprobara la modificación de los boletines estadísticos trimestrales, que entrarán en vigor a partir del próximo trimestre y que permitirán recabar la información necesaria.
La Comisión Nacional de Estadística Judicial es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia del que forman parte representantes de este Ministerio, de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justica, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Entre sus funciones están las de aprobar los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia, y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.
Delitos contra la Administración Pública
Las modificaciones aprobadas suponen que, al cumplimentar el boletín estadístico, todos los órganos judiciales del orden penal –excepto los Juzgados de Menores y los de Vigilancia Penitenciaria- deberán responder a la siguiente cuestión:
“Indique si, durante este trimestre, ha tramitado o tiene en tramitación algún procedimiento en el que se dirija acusación por la posible comisión de delitos del Título XIX del Libro II del Código Penal”, referido a los delitos contra la Administración Pública.
La información requerida se refiere a causas en las que la acusación se dirija por la comisión de delitos de receptación y blanqueo de capitales, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, sobre el patrimonio histórico, de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, de abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos, de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación, de fraude y exacciones ilegales, de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
El CGPJ cumple todos los compromisos adquiridos con Transparencia Internacional
La puesta en marcha de la recogida de datos sobre corrupción es una de las cuestiones recogidas en el informe que la vocal Mar Cabrejas ha presentado hoy a la Comisión Permanente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el órgano de gobierno de los jueces con Transparencia Internacional España como consecuencia del convenio firmado con esta organización el 2 de julio de 2014.
Ese mismo día, y seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2013 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, entró en funcionamiento el Portal de Transparencia del CGPJ, que contiene no solo la información exigida por la citada ley, sino también otros datos a cuya publicidad activa se comprometió el Consejo con Transparencia Internacional.
Además, en relación con el ámbito de la publicidad pasiva o el derecho de acceso, la Comisión Permanente aprobó el 18 de noviembre de 2014 el Protocolo que regula la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos a que se refiere el artículo de la Ley 9/2013. De nuevo el Consejo fue más allá de las obligaciones que establece la norma y el Protocolo no exige que los solicitantes de información pública se identifiquen o motiven su petición.
Por último, el pasado 27 de abril la Comisión Permanente aprobó recoger en el Portal de Transparencia una ficha individualizada del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, de los vocales que integran la Comisión Permanente y del Secretario General del Consejo que contenga la relación sucinta del valor económico de su patrimonio actual, dando así cumplimiento al último de los compromisos adquiridos con Transparencia Internacional, que también excede de lo establecido en la Ley 9/2013.
La Comisión Permanente, tras tomar conocimiento del informe de la vocal Mar Cabrejas, ha acordado dar traslado a Transparencia Internacional España para que proceda a la evaluación anual del grado de cumplimiento por parte del CGPJ de los compromisos adquiridos, según dispone el convenio firmado por ambas instituciones.
