El primero de los artículos que encontramos en la Sección 1ª del Capitulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 consagra lo que se denomina el “trípode vital”, conformado por el Derecho a la vida, el Derecho a la integridad física y el Derecho a la integridad moral.
Es éste artículo 15 que consagra lo mencionado cuando disponiendo que: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”
También debemos saber que el derecho a la vida, tiene, tal y como entienden los sectores mayoritarios de nuestra doctrina legal, una proyección doble, en la que la vida es un valor superior del ordenamiento constitucional y a la vez un derecho fundamental que sirve de precedente ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían cabida posible en nuestro ordenamiento jurídico.
Es por lo anteriormente mencionado así cómo por la trascendencia de la vida misma, que ante la cuestión del aborto, el legislador español se encuentra ante uno de los supuestos sociales y políticamente más controvertidos de regular ya que se produce una colisión entre el derecho a la vida o vida en formación de los no nacidos y los derechos de libertad e intimidad personal de la mujer embarazada. Por ende, resulta obvio, que esta temática a suscitado históricamente discusiones entre las diferentes convicciones morales y religiosas antiguas frente a las más modernas de nuestro país, haciendo que sea una materia sumamente difícil de regular.
A pocos días de la aprobación de lo que parece ser que será la nueva reforma parcial de la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el PP ha logrado que la reforma pase los primeros trámites parlamentarios consiguiendo una mayoría de 184 votos a favor respecto de los 136 en contra de las otras fuerzas políticas. Pese a esta victoria “parcial” popular faltan por realizar dos votaciones más en el pleno del Congreso de los Diputados, una sobre las enmiendas a la totalidad que presentarán PSOE e Izquierda Plural pretendiendo mantener el sistema de plazos de la Ley Orgánica 2/2010 y por último la votación final del proyecto popular.
La antigua Ley Orgánica prevé un sistema de plazos dónde se despenaliza la pena del aborto contemplada en los artículos 144 y siguientes del Código Penal, siempre y que éste se realice durante las primeras catorce semanas de forma libre o cuando se produce por causas médicas cómo son: a) que existan riesgo de peligro para la vida o salud de la embarazada y no se hayan superado las veintidós semanas de gestación; b) riesgo de graves anomalías en el feto y que no se hayan superado las veintidós semanas de gestación; y c) que se hayan detectado anomalías fetales incompatibles con la vida.
La nueva reforma parcial de la ley del aborto, planteada por el PP, presenta como gran novedad, el requisito necesario del consentimiento paterno para poder abortar en los casos de las menores de edad.
Resulta innegable afirmar que esta nueva reforma de la polémica ley del aborto está suscitando problemas incluso entre los mismos parlamentarios populares ya que muchos de ellos creen que la reforma debería ser mucho más radical.
Ha sido el mismo portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que ha sostenido, que desde el partido se sigue defendiendo que el aborto “no es un derecho”, y es por eso que ha advertido a los parlamentarios más indecisos que tienen obligación de apoyar la reforma. También sabemos que todos aquellos diputados populares que no voten conforme a la reforma de la Ley del aborto, se abstengan o eviten la asistencia al pleno de la votación recibirán una sanción de unos 150 a 600 euros.
Una vez más, será la ciudadanía, quien dejará en mano de los representantes de los partidos políticos la prerrogativa constitucional de ponderar entre la libertad de la mujer y la protección de la vida, esperemos que acierten.
