Todos los días, tres grupos de profesionales del Derecho deben trabajar conjuntamente. Estos tres grupos son los jueces, los fiscales y los abogados. Parece ser que, en Málaga, existe un conflicto entre el tercer colectivo y los otros dos.
El Colegio de Abogados de Málaga denunció, en junio de 2014, que los jueces y los fiscales realizan, en muchas situaciones, un trabajo inadecuado. Algunos meses después, el mismo Colegio de Abogados ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Consejo General del Poder Judicial, en el se afirma que muchos jueces de instrucción dispensan a los abogados un trato que está lejos de ser el más correcto, con el objetivo de especificar que jueces han faltado al respeto de los letrados, como solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Lo que ha sucedido en Málaga, probablemente, está ocurriendo en otros municipios, a causa de diversos factores. Algunos de esos elementos dependen de los jueces y fiscales, otros dependen de los abogados y otros están fuera del ámbito de control de estos colectivos. Es lógico que haya ciertas disputas en un ámbito tan complicado, pero, a causa de la importancia de la Administración de Justicia, las consecuencias de los referidos conflictos afectan gravemente a muchas personas.
Resulta necesario decir que los jueces, los fiscales y los abogados están condenados a entenderse, ya que deben trabajar juntos todos los días, así que deben resolver sus diferencias, aportando cada sector el granito de arena para acabar con un conflicto que perjudica a los jueces, a los fiscales y a los abogados, pero que afecta principalmente a los ciudadanos. El 23 de enero de 2014 fue firmado en Granada el Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia, que indica que la Abogacía andaluza “fomentará los principios de libertad y dignidad en defensa de los derechos fundamentales” y que “la justicia es el resultado complejo y nunca definitivo de la aportación de los diferentes profesionales implicados, de modo que los buenos abogados hacen mejores jueces, por lo mismo que los buenos jueces hacen mejores abogados”. Estas ideas son acertadas, pero deben aplicarse adecuadamente.
No puede dejar de tenerse presente que todas las personas, según el articulo 24.1 de la Constitución Española, tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. De esta idea puede extraerse que los órganos jurisdiccionales prestan un servicio público esencial para toda la ciudadanía.
Los tres colectivos, que están agrupados en dos frentes, deben estudiar los problemas y las correspondientes soluciones. Sin embargo, es importante que cada profesional mejore el desarrollo de su actividad, individualmente, en la medida de lo posible para poder ponerle las cosas mas fáciles a los demás, si bien es cierto que hay problemas, como la lentitud de los procesos y la saturación de los órganos jurisdiccionales, cuya solución depende, únicamente, del Ministerio de Justicia.