La abogacía de Baleares exige en Madrid la retirada del proyecto de ley de Justicia Gratuita

Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
Palma
 
 

El decano de la abogacía balear, Martín Aleñar, y varios miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares han participado en la concentración que ha tenido lugar hoy en Madrid y que ha sido convocada por el Consejo General de la Abogacía Española para expresar el rechazo de la profesión al proyecto de ley de Justicia Gratuita aprobado por el Gobierno y exigir el cese de las trabas en el acceso de los ciudadanos a la Justicia que, a juicio del colectivo, supondrá tanto la citada reforma, como otras ya aprobadas (tasas) u otras que están en marcha.

Fotografía de los miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares que han participado en la concentración que ha tenido lugar hoy en Madrid.
Miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares que han participado en la concentración que ha tenido lugar hoy en Madrid.

La concentración, convocada por el Consejo General de la Abogacía Española, ha reunido en la capital española a cerca de mil abogados  a los máximos representantes de los 83 colegios de abogados del país que, vestidos con toga, se han manifestado desde la sede de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos 13, hasta la plaza de Cibeles para llegar al bulevar central en el que se ha instalado una carpa. Allí, el presidente de la Abogacía ha leído el manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita que, posteriormente, han firmado todos los decanos.

Conviene recordar que a juicio de la profesión, la propuesta de reforma planteada por Alberto Ruiz Gallardón supone el establecimiento de nuevas y amplias trabas para un acceso efectivo al beneficio de la justicia gratuita. En concreto, denuncian los letrados, el proyecto de ley de Justicia Gratuita reduce el umbral de acceso a miles de ciudadanos que forman unidades familiares de una sola persona y excluye del sistema a las personas que ganen algo más de mil euros; crea desigualdades, dado que reconoce el derecho a la justicia gratuita a determinados colectivos que cuentan con recursos económicos suficientes para litigar y, en cambio, omite la gratuidad de otras prestaciones básicas como, entre otras, la atención jurídica a los presos condenados; multiplica la burocracia y menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio.

Además, manifiesta la abogacía, sospecha del ciudadano sólo porque haya de necesitar tres veces en un mismo año el beneficio de la Justicia gratuita y desconfía del ciudadano sin recursos económicos, puesto que exige al beneficiario que tenga que volver a justificar la carencia de recursos económicos cuando quiera recurrir una sentencia.

Por todos estos motivos y en nombre de todos, ha dicho el presidente del CGAE, Carlos Carnicer ante los letrados participantes, “reclamo al Gobierno que nos escuche, que atienda nuestras justas reivindicaciones y que corrija, pues aún está a tiempo, el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que sólo va a provocar perjuicios para los ciudadanos y entorpecer y estropear un servicio público ejemplar prestado por los abogados y sus Colegios”.

“En España”, ha añadido, “tenemos un sistema de Turno de Oficio y de Justicia Gratuita magnífico, creado y desarrollado al amparo de la Ley de Justicia Gratuita de 1 de enero de 1996. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos en lucha. Porque no podemos dejar que se pierda un sistema que algunos amenazan incluso con privatizar o funcionarizar. Estamos aquí”, ha concluido, “porque el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita son una parte esencial del sistema constitucional de Justicia y, por eso, debe defenderse”.

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