El ‘Consell de l’Advocacia Catalana’, el ‘Consell de Col·legis de procuradors de Catalunya’ y el Departamento de Justicia se posicionan en contra del proyecto de Ley de Justicia gratuita, la semana en que acaba el plazo para presentar alegaciones. Las tres instituciones coinciden en los argumentos para considerar que la futura ley, si se aprueba tal como está redactada en estos momentos, supondrá un paso atrás tanto para la ciudadanía como para los abogados y procuradores que prestan el servicio. Además, es un nuevo ataque contra las competencias de la Generalitat en materia de Justicia, porque centraliza funciones en esta materia que antes tenían las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas y desprecia la labor social de los abogados del turno de oficio.
Según Oriol Rusca, decano del Colegio de abogados de Barcelona, entidad dentro del Consell de l’Advocacia Catalana que más abogados dedicados al turno de oficio tiene, “es intolerable el trato que se pretende dar con la nueva ley a los abogados del turno de oficio, un servicio que se presta todos los días del año las 24 horas del día para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque los abogados del servicio del turno de oficio creen en su trabajo y en la labor social que ejercen ante la ciudadanía”.
Para Germà Gordó, consejero de Justicia, “este proyecto de ley supone una clara invasión de las competencias de la Generalitat y además no define ni resuelve el sistema de financiación de la asistencia jurídica gratuita”. En este sentido, el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que introdujo las tasas judiciales estatales, establece la vinculación de la recaudación de esta tasa a la financiación de la justicia gratuita. “A día de hoy, el Estado no ha abonado a las comunidades autónomas con competencias en materia de asistencia jurídica gratuita, los importes que les corresponden por este concepto”, recuerda Gordó.
Uno de los aspectos denunciables hace referencia al reconocimiento y dignificación del trabajo que realizan los cerca de 7.000 abogados adscritos al Servicio del Turno de Oficio en Cataluña y los 750 procuradores de Cataluña. Hay que tener en cuenta que hasta ahora los módulos de pago en Cataluña están fijados por el Departamento de Justicia. El cambio que se propone desde el Ministerio de Justicia puede afectar a los pagos que se realizan a los abogados adscritos al Servicio, tanto respecto de lo que es el importe a abonar, que en el caso de los módulos en Cataluña conllevaría una rebaja del 30% (aunque que la Generalitat se ha comprometido a mantenerlos). Para Miquel Rodríguez, presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Sant Feliu “es intolerable que se pretenda aplicar una rebaja de esta dimensión a unos pagos que ya están muy por debajo de lo que son los honorarios habituales de un abogado”.