Estos últimos días hemos asistido impávidos a una situación que merece un comentario y una de las mayores críticas en un Estado social y democrático de Derecho en el que presuntamente vivimos. Las últimas actuaciones en el caso Nóos han llevado al Fiscal del caso, Pedro Horrach, a impugnar, por segunda vez, la imputación de la Infanta Cristina ante la sección segunda de la Audiencia de Palma. Es en este punto donde muchos ciudadanos pueden sentir que la Justicia no es igual para todos y que, en casos idénticos, puede actuarse de distinta forma atendiendo a la adscripción personal, reputación y/o posición social del imputado/a.
Hay que recordar que ya el Fiscal impugnó la primera imputación ante la misma Audiencia de Palma y ésta decidió que, efectivamente, no existían indicios racionales de que la Infanta hubiera cometido determinados delitos societarios, fiscales y de blanqueo de capitales. Pero dejaron una puerta abierta a una segunda imputación si el Juez argumentaba más sólidamente la posible comisión de dichos delitos. El resultado fue un auto de imputación de 167 páginas, una extensión insólita tratándose de dicho acto procesal. Además con una argumentación jurídica y técnica que dejaba poco lugar a las dudas.
Es ciertamente preocupante asistir a un episodio tan desafortunado, y que tanto daño está haciendo al Estado de Derecho y a la Justicia, entre el Fiscal del caso Nóos y el Juez instructor y que el primero acuse al segundo de tener una “cruzada inquisitoria” contra la Infanta. Jamás habíamos visto un caso en el que el abogado defensor no tiene que esforzarse, aún siendo Miquel Roca i Junyent y Jesús Maria Silva, brillantes juristas donde se precie, dado que el Fiscal del caso está realizando sus funciones, las propias de cualquier abogado defensor; impugnar imputaciones, hacer declaraciones mediáticas incendiarias, etc.
Conviene apuntar y no olvidar que el Fiscal Horrach depende jerárquicamente del Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno. El art. 22 apartado dos de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en lo sucesivo EOMF) establece que al Fiscal General del Estado le corresponde “impartir las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la Institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal”. Resulta bastante claro, Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, puede “ordenar” y/o “dar instrucciones” a los fiscales, dependientes de él, como en el caso que nos ocupa. Es plausible creer que ha ocurrido.
Pero entonces; ¿Cual es la misión del Ministerio Fiscal (MF)? ¿Qué es lo que el EOMF le encomienda? ¿Se está cumpliendo en el caso Nóos? El art. 1 del EOMF establece, literalmente: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social“. ¿Está promoviendo la “acción de la justicia” o la está entorpeciendo? ¿Está defendiendo la legalidad o la está forzando? ¿Defiende el interés público o está posicionándose en favor de un interés particular muy concreto e individual? ¿Está velando por la independencia de los Tribunales y procurando ante ellos la satisfacción del interés social.
Es muy probable que al plantearnos las respuestas a estas procedentes preguntas, y si nos fijáramos en cómo han actuado los fiscales en casos análogos, parecidos, nos diéramos de cruces con la realidad. La misma nos indica que el Fiscal está actuando de abogado defensor de una parte muy concreta, la Infanta, no se percibe el mismo celo por su parte en los otros encausados. Por ello, y también atendiendo a la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, es plausible y razonable que podamos determinar que se está haciendo mucho daño a la Ley, a la Justicia y a la Administración de la Justicia de éste país por empecinarse el fiscal Horrach en dar un trato de favor a una de las partes, que además ha sido imputada con un auto de una extensión y una argumentación jurídica minuciosa fuera de lo común.
Si se quiere materializar el contenido del art. 14 de la Constitución, aquél que establece que todos somos iguales ante la ley, y además se quiere recuperar el tan manido prestigio de la Justicia, el fiscal Horrach debería dejar de comportarse como lo ha venido haciendo hasta ahora. Plantarse ante determinados planteamientos inadmisibles jurídicamente. Es mucho lo que está en juego y el ciudadano puede acabar cansándose de asistir a éste bochornoso espectáculo. De lo contrario la politización de la Justicia estará puesta de manifiesto con mayor intensidad.
Julio Cesar dijo aquello de que “la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. ¿Habrá sido honesta la Infanta? ¿Lo parece a la vista de los acontecimientos? ¿Promoverá el Fiscal Horrach las misiones que tiene encomendadas o seguirá con su actitud hasta la fecha? El tiempo y el, esperemos, buen hacer de la Justicia, nos lo dirán.