Vivimos en un mundo extraño. En muchas ocasiones parece que la gente no sabe lo que quiere y, en algunas situaciones en las que se si conoce cuales son los objetivos, es posible observar que no existe ninguna idea sobre el camino que hay que seguir para que se alcancen los fines propuestos.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado un trabajo en el que se exponen diversas propuestas que, si se llegaran a materializar, implicarían una serie de reformas encaminadas a aumentar la recaudación obtenida y a modificar el aspecto sancionador de todo lo relacionado con el ámbito tributario, debiendo destacarse lo referente a la regulación de la prostitución y la legalización de determinadas drogas, que debiera incrementar el dinero obtenido mediante impuestos. Este hecho debe ponerse en relación con la actuación del Instituto Nacional de Estadística, que está calculando la incidencia económica que tienen la prostitución y el tráfico de drogas para poder introducirla en el PIB.
Las ideas que ha expuesto la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado no han dejado indiferente a nadie, sino todo lo contrario. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha expresado su oposición a las medidas propuestas por los Inspectores de Hacienda del Estado, ya que consideran que, con el pago de tributos por la realización de actividades económicas relacionadas con la prostitución y con el tráfico de drogas blandas, se blanquearía el dinero obtenido como consecuencia de la ejecución de actos ilícitos.
Los debates están sobre la mesa desde hace bastante tiempo, pero ahora han cobrado más fuerza por cuestiones tributarias. Por un lado está el conflicto que se refiere a la regulación de la prostitución, que es un oficio desempeñado por mujeres y hombres que ahora se encuentra en una laguna jurídica por no ser ilegal ni legal, y por otro está la cuestión relativa a qué hacer con el tráfico de ciertas drogas que no son excesivamente nocivas para la salud, ya que se puede convertir en una actividad lícita o puede continuar siendo una conducta ilícita sancionada penalmente. El debate sobre la legalización de algunas drogas ha sido el que parece haber suscitado más interés, ya que en él han participado personas tan influyentes como Milton Friedman o el Papa Francisco.
El mayor problema es que se hayan intensificado los debates en esta época por motivos tributarios. En ningún momento se ha pensado directamente en el interés de las personas que se ven afectadas por la prostitución y por el tráfico de drogas blandas, que son las personas que la ejercen y los que venden y compran las sustancias en una escala reducida, respectivamente.
Si se regulara la prostitución, habría que asegurar la tributación de aquellos que se enriquecen con ella, pero también debería garantizarse que las personas que ejercieran las actividades sexuales pudieran verse protegidas, para no ser víctimas de abusos, conforme al régimen del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, tal y como dice Ramsés Pérez Boga, que ha indicado que “esa legalización tendría un efecto más ya que las personas que trabajan en esos sectores engrosarían las arcas de Seguridad Social y entrarían dentro del circuito del Estado del bienestar”. También habría que garantizar que los que demanden los servicios no vean vulnerados sus derechos como usuarios. Lo mismo sucedería con el tráfico de las drogas blandas, que en el caso de legalizarse debería, además de ser objeto de tributación, tener un régimen jurídico que sirva para asegurar que aquellos que vendan el producto sean profesionales cualificados al frente de establecimientos mercantiles que puedan salvaguardar la calidad de las sustancias, estando protegidos aquellos que las adquieran por ser consumidores.
Si se terminaran efectuando la regulación de la prostitución y la legalización de las drogas blandas, sería esencial que los cambios normativos se hicieran con mucha delicadeza, estableciendo las formalidades necesarias para poder realizar actividades relacionadas con ambas conductas, así como las consecuencias del incumplimiento de la legislación.
En lo que afecta al aspecto recaudatorio, no hay duda alguna de que lo que pretenden los Inspectores de Hacienda del Estado es aumentar la cantidad de obligaciones tributarias, hecho que se producirá con la conversión de la prostitución y del tráfico de drogas blandas en conductas legales, que provocará que los que tengan un oficio relacionado con esas actividades deban tributar. Sin embargo, no se puede olvidar que José María Mollinedo, Secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, ha afirmado con acierto que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal”.
Lo importante en los tiempos actuales no es lo que se refiere a la validez de las normas jurídicas, sino lo que respecta a su eficacia, que implica que, además de que haya un alto número de obligaciones tributarias para sufragar los gastos públicos, sea necesario que haya medios que sirvan para evitar el fraude fiscal de un modo eficaz y que ayuden a que los obligados tributarios paguen a la Administración Tributaria conforme al ordenamiento jurídico.
De nada sirve que haya más obligaciones tributarias en un futuro cercano si las existentes en el presente no se cumplen de una forma correcta. Es por eso que lo más importante en la actualidad debe ser acabar con el fraude fiscal.