El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) celebra que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca en el informe que ha elaborado en relación al Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales la necesidad de mantener la colegiación obligatoria para todos los abogados.
Cabe recordar que el texto aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 2 de agosto de 2013, diferencia a los abogados en función de la tarea que realizan (si van a juzgados o no) y establece la no obligatoriedad de colegiarse para los abogados que asesoran pero que trabajan para un tercero con una relación laboral.
El CGPJ se opone a que se divida el colectivo de la abogacía porque el artículo 542 de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) establece que la figura del abogado es tanto aquel que asume la dirección y defensa del juicio como el que presta asesoramiento y da consejo jurídico.
Esta institución también argumenta que es necesario mantener la colegiación obligatoria para todos los profesionales porque es una protección, especialmente para los abogados jóvenes, para que se incorporen a la profesión con las mismas obligaciones que otros compañeros, siguiendo códigos éticos y las normas deontológicas necesarias para afrontar el ejercicio de la abogacía. No mantenerla, puede acabar convirtiéndose en un factor discriminatorio y de mayor precarización, sostiene el CGPJ.
Según el informe presentado por el CGPJ, la colegiación obligatoria también es una vía para garantizar los derechos de los consumidores. Si hubiera distinciones dentro la abogacía, podrían darse situaciones perjudiciales para el particular si se iniciara el procedimiento con un no colegiado y la terminara un abogado, pues podría haber disparidad de criterios, o bien un desamparo del cliente en caso de infracción de deberes deontológicos.
Los argumentos defendidos por el Consejo General del Poder Judicial sobre la futura ley de colegios y servicios profesionales coinciden con el posicionamiento del Colegio de Abogados de Barcelona, quien se ha manifestado reiteradamente en contra de muchos aspectos que se recogen en este texto así como por el hecho de que no se está dialogando con los colegios profesionales en la elaboración de una ley que afecta directamente a muchos profesionales. En palabras del decano del ICAB, Oriol Rusca: “los abogados prestamos servicios a los ciudadanos y no podemos permitir que las leyes dejen de garantizar una calidad en el servicio ofrecido por los profesionales, independientemente de la tarea concreta que realicen. El control deontológico y la formación la garantizan los colegios profesionales“.
El ICAB celebra el voto particular efectuado por tres vocales del CGPJ, en especial al considerar que el Anteproyecto se extralimita al fijar las cuotas de los colegiados, al tiempo que incrementa las obligaciones de los colegios, lo que supone la quiebra o intervención de estas corporaciones de derecho público.
