La petición de la Fiscalía de anular las órdenes internacionales de detención contra cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Peng, por el genocidio en el Tíbet, ha sido rechazada por la Audiencia Nacional. Este es uno de los procedimientos de justicia internacional más polémicos de cuantos ha emprendido la Audiencia Nacional y ha suscitado la reacción de la diplomacia china, quien amaga con tomar medidas económicas contra España.
En la resolución, adelantada este miércoles por EFE, la Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaza el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos.
En virtud del principio de justicia universal, que trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad como los genocidios, la Audiencia Nacional puso el pasado 18 de febrero en busca y captura al expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 87 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet. Esta investigación española del genocidio tibetano iniciado en 1950, cuando las tropas de Mao Zedong atacaron al pequeño ejército del Tíbet en Chamdo en el Kham, comenzó en agosto de 2008 después de que en marzo de ese mismo año unos 500 monjes del monasterio de Daprung se unieran a una manifestación pacífica para reclamar libertad religiosa, con lo que se originó una represión que causó 203 muertes, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegalmente y desaparecidos.
Para Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional que abrió la causa contra los exlíderes comunistas chinos, estos hechos supondrían «un crimen contra la humanidad», y en concreto, un delito de lesa humanidad previsto y penado en el artículo 607 bis del Código Penal. A efectos de dicho artículo, el juez tiene en cuenta que la población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades chinas «por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género».
Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.
La decisión de la Sección cuarta de la Audiencia no reviste trascendencia práctica, ya que el próximo martes el Congreso debatirá -y presumiblemente aprobará- una proposición de ley para restringir las condiciones en las que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Esta proposición de ley presentada por el PP establecerá que los jueces españoles solo podrán investigar delitos de genocidio y lesa humanidad, como en el caso del Tíbet, cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Además, excluiría la apertura de este tipo de causas a iniciativa única de la acusación popular.
El PP justifica esta propuesta de ley en que la extensión de la jurisdicción española fuera de sus límites territoriales debe venir “legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice” y que además debería ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por parte de nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional. De aprobarse esta ley, además de afectar a la causa abierta por el genocidio tibetano, lo haría a una querella contra 20 militares y exmilitares salvadoreños presuntamente implicados en el asesinato en 1989 de cinco jesuitas españoles en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, y a la investigación de varios ex altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya.
