La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido la ejecución de la pena de tres años de cárcel impuesta al que fuera alcalde de Torrevieja (Alicante) durante 23 años, Pedro Hernández Mateo, mientras el Gobierno tramita y resuelve la petición de indulto presentada por el exdiputado ´popular´ en las Corts.
Hernández Mateo fue condenado por el TSJCV en noviembre de 2012 a tres años de prisión y a nueve de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con prevaricación, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Esta falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios en 2004 fue denunciada por el grupo municipal de Los Verdes. El juez estimó que los hechos probaban la prevaricación del alcalde y la adjudicación de un contrato valorado en 97,8 millones de euros, por lo que decretó tres años de cárcel por falsedad documental y prevaricación, así como una sanción de 10.500 euros, siete años de inhabilitación en cargo público, además de dictar una indemnización de 12.000 euros al Consistorio de Torrevieja.
El ex alcalde presentó un recurso de casación contra el fallo del TSJCV que, no obstante, fue desestimado por la Sala del Tribunal Supremo el pasado 11 de octubre. El Supremo argumentó en su sentencia que el tribunal valenciano “dispuso de pruebas válidas y que su valoración se ajustó a la lógica, a las máximas de la experiencia y no ha vulnerado los conocimientos científicos”.
El exalcalde pidió la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel en noviembre cuando ya había sido requerido por la sala de lo Civil y Penal para notificarle su ingreso en prisión tras cobrar firmeza la sentencia.
Asimismo, la pasada semana, la mayoría de los diputados del Partido Popular en las Corts (el 85%) firmaba una petición de indulto para Hernández Mateo, una solicitud que partía de la localidad alicantina y que, según explicaba el vicepresidente del Consell, José Císcar, el pasado viernes, no contó con el apoyo de los miembros del Gobierno valenciano.
La sala dio traslado de esta petición al Fiscal, quien emitió un informe favorable a la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta al condenado basándose en la posibilidad legal para ello y al considerar que concurrían los requisitos exigibles como que el exalcalde está a disposición del tribunal, que la condena es de corta duración -tres años-; al afectar a un bien de “imposible” o “muy difícil” restitución a su estado anterior; porque su ejecución puede causar perjuicios irreparables y porque el acceder a la petición no ocasiona una lesión grave a derechos de terceros.
También cabe destacar que el presidente Fabra apuntó hace apenas unas semanas que no pensaba incluir en las listas electorales del PP de cara a las autonómicas de 2015 a ningún imputado, cuando actualmente alrededor de un 20% de los diputados autonómicos populares se encuentran encausados.