La segunda jornada del primer Congreso del turno de oficio en el ICAB se ha iniciado con la cuarta ponencia del mismo, a cargo de Isidor Garcia, quien nos ha hablado sobre el modo en que se financia el sistema de justicia gratuita.
En esta ponencia se ha querido hacer constar el hecho de que el financiamiento es uno de los puntos más importantes en lo relativo al servicio y, por ello, la Administración Pública tiene una responsabilidad ineludible a la hora de garantizar éste sistema con unos medios económicos estables. Por ello, ha de ser un sistema de contribución general y no uno de tasas el utilizado ya que éste último sólo tiene un afán recaudatorio y disuasorio de los derechos de los ciudadanos como son el derecho a la tutela judicial efectiva o a la defensa. Por ello, el actual es un sistema del todo injusto y, de éste modo, el sistema basado en la contribución general será el único que pueda hacer frente con garantías al sistema de justicia gratuita que, como ya se ha dicho, es un derecho de los ciudadanos.
Seguidamente se ha llevado a cabo un turno de intervenciones abierto por el colectivo ‘Veus Joves’, quienes han suscrito las anteriores palabras respecto a la disconformidad con el sistema de tasas, proponiendo a su vez la participación de los abogados en la fijación de los módulos y añadiendo que la retribución por el servicio ha de ser digna y justa.
La siguiente intervención ha corrido a cargo de Mª Ángeles Valbuena, una letrada que ha querido hacer constar que el trabajo del abogado conlleva una responsabilidad que no está adecuadamente retribuida. Según señalaba, en los juzgados los letrados acaban siendo un incordio para los jueces. La solución que proponía es el establecimiento de la obligación de citar personalmente a los abogados ya que, pese a que hay procuradores, no siempre llevan a cabo su función de forma correcta en lo que respecta al turno de oficio.
Por otro lado, planteaba el problema de la peligrosidad que es inherente a la profesión de abogado y que no se les retribuye. Nos explicaba un caso en el que su cliente, un par de semanas después de haber preparado el juicio en su despacho, fue asesinado de un tiro en la cabeza, ¿Podría haber pasado en mi despacho?, se preguntaba. Hay clientes peligrosos y no se compensa de ningún modo dicha peligrosidad.
A su vez, denunciaba la falta de compensación económica a los abogados por la instalación de la Ciudad de la Justicia a las afueras de Barcelona, hecho que les ha acarreado multitud de gastos extraordinarios en transporte.
Por último, ponía sobre la mesa otra problemática, las juras de cuentas y las tasaciones de costas no se están tramitando por parte de la Administración Pública y, por ello, no se cobran. La solución que propone es que los abogados tengan la posibilidad de poder informar a la Comisión de la Justicia Gratuita de todas las cuestiones de que tengan constancia con respecto a sus clientes por las que se pueda denegar la justicia gratuita o, sino, pedir que sea la propia Hacienda la que gestione el servicio de justicia gratuita ya que esta tiene todos los datos de los ciudadanos para poder descubrir si reúnen o no los requisitos económicos para el acceso al servicio.
La siguiente intervención se ha llevado a cabo por Vanesa González quien denunciaba que muchas Comunidades Autónomas adeudan mucho dinero a los abogados del turno de oficio. No hay voluntad de pagar, continuaba, ya que los abogados apenas importan y se les está dejando fuera de lo que podría suponer el fin del estado de derecho.
Según González, no se puede permitir que los abogados queden fuera de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita e instaba a los allí presentes a plantar cara y no sólo con huelgas sino que también con acciones judiciales y huelgas de celo para hacer oír sus voces como se han hecho oír otros colectivos.
Por último pedía la concienciación de los ciudadanos de que el turno de oficio no es un servicio gratuito, sino que tiene unos costes y, considera, que esta concienciación se podría llevar a cabo mediante campañas de publicidad en los grandes medios de comunicación del país.
Por su parte, Carles Oliva ha querido reivindicar el trabajo del abogado de oficio ya que, pese a la mala consideración de que goza la profesión, los abogados de oficio se encuentran suficientemente preparados para llevar a cabo la misma.
En la segunda ponencia realizada en el día de hoy, la última del Congreso, ha sido el turno de Jordi Cabezas Salmerón, quien ha querido enfatizar en que el ciudadano es titular de unos derechos y unas obligaciones y, por ello, en defensa de estos derechos, todos han de poder tener un abogado.
Cuando el ciudadano no tiene suficientes medios económicos o también si así lo desea por no conocer a ningún letrado, se le asignará uno del turno de oficio. Éste es un servicio que prestan los colegios ya que la posibilidad que alguna vez se ha barajado de crear un cuerpo de abogados formado por funcionarios vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva y, por ello, la solución más adecuada parece ser la que tenemos actualmente, siendo esta totalmente libre y sin ninguna contaminación.
A su vez, resaltaba el hecho de que las normas responden a los intereses de los grupos que tienen más influencia y poder y, por ende, aunque teóricamente están hechas para todos, los que están más desfavorecidos tienen menos capacidad para defenderse y estas normas no defienden de forma adecuada sus intereses.
Ha enfatizado también en la necesidad de acabar con el tópico del abogado de oficio como un abogado joven e inexperto o que no debe ser buen profesional porque si tuviera una gran cartera de clientes no estaría en el turno de oficio, o que no le va a prestar suficiente interés al caso ya que cobra muy poco dinero por el trabajo realizado.
Esto no es así, para ser abogado hay unas exigencias actualmente como son la realización de un máster y el hecho de colegiarse pero, además, para inscribirse en el turno de oficio hay una serie de requisitos añadidos. Por tanto, con toda esta formación es un profesional completamente cualificado.
Por último ha abordado un tema que ha sido debatido en varias ocasiones durante las intervenciones posteriores y éste es si la formación a los abogados del turno ha de ser obligatoria o opcional. Cabezas abogaba por confiar en las personas y en su criterio para formarse siempre y cuando el colegio ponga a su alcance una serie de cursos para posibilitar dicha formación.
En las posteriores intervenciones ha habido variedad de opiniones al respecto habiendo quien consideraba la necesidad de establecer la formación obligatoria o, como el ponente proponía, que fuera a decisión de cada uno, si bien parece que esta última ha sido la opción mayoritaria.
En lo que respecta a las intervenciones, en esta segunda ponencia del día se ha pedido la mejora de la calidad del turno de oficio en materia penitenciaria pidiendo la designación del abogado del turno desde el primer momento en que un interno entra a la cárcel, una mayor coordinación con el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria y la habilitación de un sistema de comparecencias y notificaciones ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios.
Han habido también duras críticas hacia los Centros de Internamiento para Extranjeros, denunciando malos tratos, deficiencias en la facilitación de un abogado y malas condiciones durante la estancia en los centros (incluso se denunciaban dos muertes que habían tenido lugar en el CIE de Barcelona).
Tras un turno de debate ciertamente algo polémico, se ponía fin de éste modo a las ponencias realizadas durante éste Congreso y, con ello, poníamos fin a nuestra labor de cobertura del mismo.
Finalmente, de todas las opiniones manifestadas durante estos dos días podríamos sacar una conclusión:
¿Es posible que el Estado esté cargando en los hombros de los abogados del turno de oficio el peso de un servicio público que él debería cubrir? El debate está servido.
