Justicia estudiará la propuesta del CONEDE sobre la reforma del examen del Máster

Redacción.
 
El Ministerio de Justicia se compromete a “estudiar detenidamente” la propuesta de los estudiantes de reforma del examen de acceso a la abogacía.
 

El presidente de la organización, Alejandro Soto Carbajal, junto con la secretaria general de la misma, Marta Tejerina Sarasúa, mantuvieron el pasado viernes una reunión con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díez, a fin de exponer al Ministerio de Justicia la propuesta de los estudiantes, en relación a la inminente reforma de la prueba nacional de acceso a la abogacía, que verá la luz por vez primera el próximo mes de abril o mayo, según fuentes oficiales.

La propuesta, abanderada por la organización de representación de los estudiantes de derecho de España, cuenta, además, con el apoyo público y oficial del Consejo General de la Abogacía, con cuyos máximos representantes ya se encuentra en permanente contacto el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), Alejandro Soto.

CONEDE foto

“Se trata de la primera propuesta concreta y razonable que, contando con el visto bueno de los principales agentes interesados en la reforma, se ha trasladado al Ministerio de Justicia. Ésta es la propuesta de los estudiantes, que hemos tomado la iniciativa a la vista de la dilación en el tiempo del conjunto del proceso de reforma, así como el descontento generalizado del CGAE, las Universidades y los estudiantes con los primeros proyectos de reestructuración de las condiciones de acceso a la abogacía”.

“Nuestro objetivo es alcanzar una prueba objetiva y útil, que verifique fielmente los conocimientos adquiridos por los estudiantes, con la mínima repercusión negativa en el desarrollo profesional de los alumnos que hayan finalizado el Máster de Acceso a la Abogacía” afirma el presidente del CONEDE, Alejandro Soto.

La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la Abogacía propuesta por el CONEDE supondría, en consonancia con el espíritu de especialización contenido en la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que la segunda parte del examen –tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en un caso práctico sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionada por el graduado entre los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.