Redacción.
Barcelona.
Durante la cobertura de la campaña electoral a Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, como los otros candidatos a Decano, concedió una entrevista a EL JURISTA. En esta entrevista, Rusca subrayó uno de los principales puntos de su candidatura: La defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos y de los colegiados.En este sentido, mucho se especuló sobre sí el que se dijo no eran más que palabras vacías o eran firmes promesas a cumplir. Desgraciadamente, para los retractores de nuestro actual Decano, ya se pueden ver ejemplos del cumplimiento de su promesa de mantenerse firme en la defensa de los colegiados y de los ciudadanos.
El Colegio presenta su malestar y preocupación al Ministro de Economía por la aprobación del anteproyecto de ley de col•legis y servicios profesionales.
El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha trasladado al ministro de Economía, Luis de Guindos, la preocupación y malestar de la abogacía y de todo el sector colegial catalán sobre diferentes aspectos recogidos en el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, aprobado el pasado 2 de agosto.
Rusca ha explicado que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha presentado alegaciones al anteproyecto, dentro del plazo establecido, incidiendo en la importancia de la colegiación obligatoria para todos los abogados.
Otro de los aspectos donde Rusca ha mostrado el malestar de la abogacía es en relación a los aspectos relacionados con el control deontológico de la profesión. El decano de los abogados de Barcelona considera que “la deontología profesional es una garantía de calidad y de profesionalización, es un sello que marca la independencia en su actividad“. En este sentido, ha destacado que la labor que realizan los colegios -acreditación profesional, control deontológico y de buenas prácticas, atención al consumidor y usuarios- es esencial y ha añadido: “no se puede entender el derecho de defensa si el abogado no es independiente“. Por eso Rusca rechaza que este control sea llevado a cabo por la Administración pública, ya que requeriría de una financiación y un equipo humano de difícil cobertura en un momento de crisis económica como el actual, o que lo forme un órgano colegial sancionador constituido por colegiados no ejercientes.
También se ha expuesto el malestar del Colegio de Abogados de Barcelona sobre el hecho que el anteproyecto dé más fuerza a estructuras burocratizadas que podrán intervenir en los colegios profesionales, pero que no tienen un reconocimiento explícito en la Constitución española, como sí lo tienen los colegios profesionales (artículo 36 CE) .
El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha comprometido a estudiar las alegaciones presentadas por el Colegio de Abogados de Barcelona y ha abierto la puerta al diálogo con los colegios en un tema que les afecta directamente.
El Colegio de Abogados de Barcelona actúa de manera coordinada con la Generalitat y la Diputación de Barcelona para evitar desahucios.
El diputado de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo, Josep Oliva, ha presentado esta mañana, en el Prat de Llobregat, el nuevo Servicio de intermediación sobre Deudas de la Vivienda (SIDH) que la Diputación ha puesto en marcha en este municipio, junto al segundo teniente de alcalde del Área de Alcaldía, Servicios Centrales y Economía del Prat, Rafael Duarte, el secretario de Vivienda y Mejora Urbana del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, Carles Sala, y la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, Mercè Claramunt.
El SIDH funciona en El Prat desde hoy mismo. Este servicio, que la Diputación está desplegando por todas las comarcas de Barcelona, es fruto de la coordinación con Ofideute, el servicio de mediación hipotecaria de la Generalitat. El objetivo del SIDH, que cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados de Barcelona, es aumentar y extender los puntos de atención a las familias que tienen problemas para hacer frente a deudas hipotecarias, así como establecer una acción coordinada y un modelo y circuito únicos de mediación en todo el territorio de la demarcación de Barcelona. Ofideute, que es un servicio que ofrece la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, se creó en 2010 para paliar los efectos de la crisis en el ámbito de la vivienda y evitar la exclusión social por motivo residencial. Desde entonces, trabaja para extender la mediación entre los particulares y las entidades bancarias a los municipios.
En diciembre de 2012 la Generalitat y la Diputación firmaron un convenio para coordinar los servicios de mediación hipotecaria con los que contaban las dos administraciones. Con la firma de este convenio, el servicio Ofideute se coordina con el SIDH de la Diputación para ofrecer un servicio de proximidad a la ciudadanía
Funcionamiento del SIDH.
El SIDH es de cobertura municipal y se accede a través de la Oficina Local de Vivienda del Ayuntamiento. Las personas afectadas que se dirijan a los servicios sociales de su municipio o en las oficinas de consumo con este tipo de problemática serán derivadas a las oficinas de vivienda.
Las familias que se dirigen al SIDH, una vez hecha la comprobación de las condiciones de acceso (ser propietarios de una única vivienda que se utilice como vivienda principal y no poder afrontar el pago de la hipoteca), son entrevistadas por la persona letrada especializada, que hace una propuesta de modificación de las condiciones de la deuda. Esta propuesta es enviada a Ofideute, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de la Generalitat, que hará la mediación con la entidad financiera correspondiente.
30 puntos SIDH
De momento el SIDH está en funcionamiento en Igualada, Berga, Vilanova i la Geltrú , Vilafranca del Penedès , Castelldefels y ahora en el Prat de Llobregat, pero cuando termine el despliegue habrá 30 puntos dentro del territorio de Barcelona, con una distribución comarcal: Anoia (Igualada) , Bages (Manresa), Baix Llobregat (Castelldefels, Cornellà de Llobregat , Gavà , Martorell , El Prat de Llobregat , Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat y Viladecans), Barcelonès (Badalona, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià y Santa Coloma de Gramenet) , Berguedà (Berga), Garraf (Vilanova i la Geltrú ), Maresme ( Arenys de Mar, Mataró, Premià de Mar y Pineda de Mar ), Osona (Vic), Barcelona (Montcada i Reixac , Sabadell , Sant Cugat y Terrassa ) y Vallès Oriental (Granollers, Mollet del Vallés y Sant Celoni)
En la Anoia, donde el SIDH se implantó en noviembre de 2012 , da cobertura a 32 municipios y se han entrevistado 145 familias; el Berguedà, implantado en abril de 2013, el SIDH da cobertura a 31 municipios y se han entrevistado 17 familias; el Garraf, implantado también en abril, el servicio da cobertura a 6 municipios y se han entrevistado 92 familias; y en el Alt Penedès, donde funciona desde julio, el servicio da cobertura a 27 municipios y se han entrevistado 54 familias.
Antecedentes del SIDH
Ante el alto número de ejecuciones hipotecarias iniciadas y de desahucios , así como de otras necesidades sociales, la Diputación de Barcelona creó en 2009 el Servicio Supramunicipal de Orientación Jurídica (SOJ) para personas usuarias de servicios sociales , que ofrece un apoyo jurídico especializado en casos relacionados con vivienda y la familia. El 33% de las consultas recibidas por SOJ han sido de hogares afectados por problemas de sobreendeudamiento.
Desde el SOJ, además de asesorar, se ha facilitado la tramitación de la justicia gratuita. El gran volumen de este tipo de consultas llevó a pensar en la oportunidad de crear un servicio profesional especializado en intermediación en deudas de la vivienda. Es el SIDH, el Servicio de intermediación en Deudas de la Vivienda.
